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NUESTRAS INVESTIGACIONES

  ¿Por qué me pasó esto a mí?
 La criminalización del aborto en El Salvador

En abril de 1998 entró en vigencia un nuevo Código Penal en El Salvador, en el cual la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador modificó los artículos del Código Penal acerca del aborto en el país y eliminó el artículo que contemplaba lo que hasta entonces se conocía como “aborto no punible”, que consideraba tres figuras por las cuales se podía interrumpir el embarazo: (i) cuando la vida de la mujer estaba en peligro por razones relacionadas con el embarazo, (ii) cuando el feto presentara malformaciones severas y (iii) cuando el embarazo sea resultado de una violación. Además de reformar el Código Penal, en esas mismas fechas, se aprobó una reforma al artículo primero de la Constitución Nacional de la República, para otorgar el estatus de “persona” al ser humano en formación desde “el instante de la concepción”.

Eliminar la opción de interrumpir un embarazo, al menos por esas razones, implica una grave violación a los derechos de las mujeres, jóvenes y adolescentes salvadoreñas, y constituye un acto de discriminación intencional que las expone a sufrimientos graves, malos tratos, cárcel y otras desigualdades, imponiéndoles una maternidad riesgosa, a costa de sus propias vidas.

El Estado salvadoreño ha sido objeto de recomendaciones por parte de los Comité de Derechos Humanos que vigilan el cumplimiento de los Tratados Internacionales, por considerar que el Estado de El Salvador ha faltado a sus compromisos de garantizar el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos, en especial el derechos a la vida y la salud de las mujeres salvadoreñas. Entre los señalamientos y recomendaciones se destacan:

 

EXCLUIDAS, PERSEGUIDAS, ENCARCELADAS

El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador

La situación en El Salvador es una manifestación clara de cómo la criminalización absoluta del aborto viola las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta criminalización absoluta vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la autonomía de las mujeres. Igualmente, la aplicación de esta normativa genera violaciones a los derechos al debido proceso, a la privacidad, a estar libre de violencia, y de trato cruel e inhumano.

Este informe documenta y denuncia las consecuencias de la penalización total del aborto en El Salvador, desde una perspectiva de derechos humanos desde dos ángulos. Primero, este análisis da voz a cinco mujeres que fueron procesadas injustamente por los delitos de aborto u homicidio agravado por el parentesco, tras sufrir emergencias obstétricas sin haber recibido atención médica. Sus experiencias son evidencia de cómo el Estado salvadoreño traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de sus mujeres mediante el ejercicio de su poder sancionatorio y las consecuencias que ello genera en el sistema de salud, judicial y penitenciario, con consecuencias tan graves como condenas infundadas de hasta 35 años de cárcel. Igualmente, muestra cómo la criminalización tiene un impacto desproporcionado en las mujeres en situación de más vulnerabilidad, por encontrarse en situación de pobreza, sin acceso a educación, y por ser mujeres jóvenes.

DEL HOSPITAL A LA CÁRCEL
Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones, de la interrupción del embarazo en El Salvador

 La investigación Del hospital a la cárcel. Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones, de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador, ha sido elaborada por la Agrupación ciudadana para la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico de El Salvador, con el fin de aportar información relevante y válida sobre el impacto de la actual legislación penalizadora del aborto en todas sus formas.
Con la exposición de los casos y su análisis, se pretende contribuir a promover un debate informado sobre un tema que genera posiciones confrontadas, situación que dificulta abordarlo en toda su complejidad, es decir, desde diversas perspectivas de análisis, tales como la ética, la jurídica, desde la salud pública, o a partir de los derechos de las mujeres y sus familias.

 
 
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