sábado, octubre 21, 2017
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OPINIÓN

República Dominicana: La nueva legislación sobre aborto, un pequeño pero importante paso, en la laicidad del Estado

Publicado en Colatino

Alberto Romero de Urbiztondo

 

En República Dominicana, se ha dado un importante debate sobre la regulación de la interrupción del embarazo, que ha puesto a prueba el carácter laico del Estado.

El nuevo Código Penal incluía la penalización absoluta del aborto sin excepciones y el Presidente de la Republica, Danilo Medina, devolvió la propuesta de Ley a la  Cámara de Diputados, con observaciones  para que se regulen los eximentes de aplicación de esta penalización cuando peligra la salud o vida de la mujer gestante, en los casos de violación o incesto y cuando existan malformaciones del feto incompatibles con la vida. El Presidente ha manifestado que se deben de dar respuestas satisfactorias a las realidades concretas que vive la ciudadanía y tal como expresó el portavoz del Gobierno: “Esto no es un tema religioso, es un tema de salud pública, de conciencia de las mujeres dominicanas,  estableciendo la libertad que tienen a decidir, en una situación de encrucijada grave en su vida”.

Esta propuesta generó una fuerte oposición de las jerarquías religiosas católicas y evangélicas que defendían la penalización absoluta del aborto, sin tener en cuenta todas las circunstancias y realidades concretas con las que deben de enfrentarse muchas mujeres y personal de salud. Pero como afirmo el especialista dominicano en salud pública, Pedro Luis Castellanos: “Respetamos la libertad que tienen quienes consideran que debe penalizarse toda interrupción de embarazos, aún en situaciones que comprometen la vida o la salud de la madre, basados en convicciones de carácter religioso, pero ningún estado democrático y de derechos puede imponer convicciones religiosas por vía penal”.

Finalmente la Cámara de Diputados asumió las observaciones del Presidente de la República y aprobó en el Código Penal la eximente de penalización cuando esté en riesgo la salud o la vida de la mujer, así como el compromiso de aprobar una Ley especial que regule la interrupción del embarazo en casos de violación e incesto o malformación fetal incompatible con la vida.

Aunque la legislación aprobada es poco específica y puede resultar de difícil aplicación, el Presidente y la Cámara han mostrado independencia frente a las presiones de las Iglesias y han legislado en base a las necesidades de la población y al respeto a los derechos de la ciudadanía.