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EN MEDIOS

De injusticias, abortos y mujeres

Publicado en ContraPunto

Creado en 21 Junio 2012

Un aborto involuntario es tipificado de homicidio agravado en El Salvador

Por Gloria Morán

SAN SALVADOR – Ni el sol de la mañana, ni el calor fueron obstáculo para que decenas de mujeres se reunieran en las afueras del Tribunal de Sentencia de Sonsonate para exigir la reapertura del caso de Sonia Esther Tabora Contreras.

Sonia es una mujer condenada a 30 años de prisión, acusada de un delito que no cometió: homicidio agravado. Ella es originaria del Cantón Buena Vista del municipio de Sacacoyo en La Libertad.
A sus 20 años de edad quedó embarazada, nunca lo dijo por temor a perder su empleo, pasaron los meses y un día en casa de su familia su embarazo se complicó, su niña nació prematuramente y ambas no recibieron asistencia de nadie, mucho menos médica, estaba sola en ese momento.

Cuando la encontraron, Sonia estaba en estado de shock y con una severa hemorragia la llevaron de inmediato a una Unidad de Salud, ella explicó lo sucedido pero el doctor no le creyó ni una palabra y rompió el secreto profesional y la delató a la policía, el médico se jactó y dijo que él le “había sacado la verdad”.

El resultado de esa acusación se resume en 30 años de prisión de los cuales ya lleva siete dentro de una penitenciaría. Fue en febrero de 2005 cuando ella fue condenada.

La Colectiva de Mujeres por el Desarrollo Local asegura que a Sonia se le ha condenado sin pruebas legítimas y sus derechos humanos han sido violentados.

“Durante el proceso no existió ninguna prueba directa y científica para condenarla, no se realizó autopsia del feto para saber si había nacido vivo o muerto, ni cuál fue la causa de su muerte, desestimaron el testimonio de una vecina, que declaró que Sonia sufría una profunda depresión desde la muerte de su madre”, cita un comunicado de la Colectiva.

Asimismo la Colectiva describe que Sonia casi no tiene contacto con su familia, pues no la visitan por falta de recursos; además que ella está desnutrida y con una profunda depresión. Para poder cubrir sus necesidades más básicas como la higiene personal, hace la limpieza y lava la ropa de otras internas, ya que su familia no puede cubrir estas necesidades.

Debido a la irregularidad del proceso judicial del que Sonia ha sido víctima es que diversas organizaciones feministas presentaron un recurso de revisión de sentencia del cual obtendrán respuesta sobre si fue o no admitido dentro de diez días.

“Es precisamente para parar esta injusticia que estamos acá (frente al juzgado) pidiendo que el caso de Sonia sea evaluado y se abra nuevamente para que tras las audiencias ella pueda quedar en libertad”, señaló Denis Muñoz, abogado de la Colectiva Feminista.

la Colectiva junto al Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo por Salud (MILES) y otras organizaciones afirman que Sonia es una víctima más de la discriminación, la intolerancia y los prejuicios impuestos por la penalización absoluta del aborto en El Salvador.

Según Sara García de la Colectiva que El Salvador está entre los países latinoamericanos que penalizan el aborto junto a Honduras, Nicaragua, Chile y República Dominicana.

En El Salvador, hasta 1997 la ley permitía solo tres tipos de abortos: el aborto terapéutico, cuando la vida de la mujer estaba en peligro; eugenésico, cuando la vida del feto no era viable debido a malformaciones; y el ético, cuando el bebé es producto de una violación o incesto.

Estos casos son los principales por los que las organizaciones feministas apuestan principalmente.

Sin embargo en 1998, con una reforma al Código Penal u otra a la Constitución al año siguiente, el aborto fue penalizado en todas sus formas. Desde entonces la lucha de los movimientos defensores de los derechos de las mujeres se ha dedicado a pronunciarse y exigir la despenalización del aborto y a ejemplificar las violaciones a derechos humanos con casos como el de Sonia.

García enfatizó en la necesidad de que el Estado revise las leyes para que cesen los atropellos a las  mujeres, sobre todo a aquellas que sufren abortos con el agravantes de vivir en una zona rural y ser pobres.