24.03.17 – (COMUNICADO DE PRENSA) El día de hoy, las representantes del Congreso de Estados Unidos Debbie Wasserman Schultz y Norma J. Torres, entregaron una carta firmada por 21 miembros del Congreso-incluido el alto miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes Eliot Engel-al Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y al Presidente del Congreso Salvadoreño, Guillermo Gallegos Navarrete, pidiendo que apoyen los esfuerzos para despenalizar el aborto.
En la carta, lo/as miembros del Congreso expresaron su oposición a la prohibición total del aborto en El Salvador y le piden al Presidente Cerén que trabaje junto con la sociedad civil y el Congreso Salvadoreño para avanzar una enmienda propuesta al Código Penal que, de ser sancionada, permitirá a las mujeres acceder a servicios de aborto seguros y legales en casos de violación, malformación fetal incompatible con la vida o cuando el embarazo ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer. La carta enfatiza que la despenalización del aborto en ciertas circunstancias no es suficiente para garantizar acceso a todos los servicios reproductivos para las mujeres salvadoreñas, pero de todas formas representaría una mejora significativa y acercaría a El Salvador a cumplir los estándares internacionales de derechos humanos.
Durante casi 20 años, El Salvador ha criminalizado el aborto en todas las circunstancias -incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer -imponiendo duras penas criminales tanto a las mujeres como al personal de salud. La prohibición ha resultado en el encarcelamiento de innumerables mujeres que han sufrido abortos espontáneos y complicaciones relacionadas con el embarazo, quienes luego son acusadas de tener abortos y son injustamente condenadas por homicidio.
“Demasiadas mujeres en El Salvador tienen miedo de ser encarceladas cuando necesitan atención médica a causa de la hostilidad extrema hacia el aborto en el país”, dijo Catalina Martínez Coral, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. “El Presidente Cerén de El Salvador tiene que despenalizar el aborto de una vez por todas. Agradecemos a las Representantes Wasserman Schultz y Torres por su dedicación a los derechos humanos y su apoyo para reformar la ley de aborto en El Salvador”.
En el 2015, las Representantes Wasserman Schultz y Torres organizaron una carta del congreso al Secretario de Estado John Kerry pidiendo que investigue los casos de “Las 17” salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, fueron denunciadas injustamente por aborto, y después declaradas responsables de homicidio, debido a la criminalización absoluta del aborto en El Salvador.
“Demasiadas mujeres en El Salvador enfrentan violencia y pobreza extrema, y el acceso a atención médica, incluso a métodos anticonceptivos, es sumamente limitado. La criminalización del aborto ha empeorado esta situación”, dijo la representante Norma J. Torres (D-Pomona). “Ha resultado en mujeres inocentes encarceladas por haber tenido abortos naturales. Estoy orgullosa de sumarme a la Congresista Wasserman Schultz y mis colegas en el Congreso de los Estados Unidos para apoyar los esfuerzos para despenalizar el aborto en El Salvador”.
El 3 de marzo del 2017, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó los Informes de País sobre Prácticas de Derechos Humanos del 2016. En su informe sobre El Salvador, el Departamento de Estado profundiza sobre los abusos a los derechos reproductivos, mencionando la prohibición total del aborto en el país y el injusto encarcelamiento de Las 17.
En diciembre del 2014, una coalición de ONGs liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro, lanzó la campaña “Las17” la cual pedía la liberación de “Guadalupe” y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, fueron acusadas de cometer abortos ilegales y fueron luego condenadas por homicidio. “Mirna”, una de “Las 17”, fue liberada en diciembre del 2014, después de cumplir su condena de prisión antes de que su perdón pudiera ser finalizado. En febrero del 2015, Guadalupe fue liberada con éxito y perdonada, después de cumplir siete años de prisión. En mayo del 2016, María Teresa fue liberada después de que un juez dictaminara que hubo violaciones al debido proceso en su caso. Y en febrero del 2017 Sonia Tábora obtuvo su libertad permanente. Las mujeres restantes están actualmente cumpliendo condenas de 30 a 40 años por crímenes que nunca cometieron.
El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado para evidenciar las consecuencias de la prohibición general del aborto en El Salvador en la vida de las mujeres. El Centro, junto con la Agrupación Ciudadana, presentó un caso en diciembre de 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -un órgano principal de derechos humanos en la región- en nombre de nueve mujeres que tuvieron serias complicaciones durante sus embarazos y ahora están en prisión debido a la prohibición absoluta del aborto en El Salvador. El Centro y la Agrupación Ciudadana escribieron el informe Excluidas, Perseguidas y Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador, el cual documenta las consecuencias de la prohibición del aborto en los derechos humanos. El informe analiza cómo los sistemas de salud, judicial y penitenciario en El Salvador no logran garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Publicado en www.reproductiverights.org
