Publicado en Centro de Derechos Reproductivos
25.09.15 – (COMUNICADO DE PRENSA) El día de hoy las representantes del Congreso de Estados Unidos Debbie Wasserman Schultz y Norma J. Torres entregarán una carta firmada por 55 miembros del Congreso al Secretario de Estado John Kerry, pidiendo que revise las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en El Salvador.
La carta del Congreso detalla los casos de “Las 17” salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, fueron denunciadas injustamente por aborto y después declaradas responsables de homicidio, debido a la criminalización absoluta del aborto en El Salvador. Los miembros del Congreso piden que el Secretario Kerry discuta estas violaciones de derechos humanos con el Presidente Salvador Sánchez Cerén de El Salvador y que reexaminen los casos de las mujeres que están sirviendo penas de prisión de hasta 40 años.
Durante más de 16 años, El Salvador ha criminalizado el aborto en todos los casos, inclusive en los casos en que el aborto es necesario para salvaguardar la vida y la salud de la mujer, imponiendo graves penas a las mujeres y los doctores que practiquen abortos. La prohibición también se ha traducido en la detención arbitraria y criminalización de un amplio número de mujeres que han sufrido complicaciones relacionadas con el embarazo y abortos espontáneos.
“Una mujer embarazada nunca debería tener miedo de ser enviada a prisión cuando lo que necesita son servicios esenciales de atención de salud”, dijo Paula Avila Guillen, asesora de incidencia para el Centro de Derechos Reproductivos. “El Presidente Cerén y el Congreso de El Salvador han forzado a las mujeres a vivir bajo un ambiente de miedo, sospecha y abuso a causa de las leyes restrictivas sobre el aborto. Damos las gracias a las representantes Wasserman Schultz y Torres por pedir al Secretario Kerry que le dé su atención a los casos de Las 17 y esperamos que él haga todo lo posible para lograr su liberación”.
“Es doloroso saber que estas mujeres fueron injustamente encarceladas porque necesitaban acceso a servicios médicos”, dijo la representante Norma J. Torres (D-Pomona). “Ellas merecen justicia y pedimos al Secretario Kerry, un defensor de los derechos de las mujeres, que trabaje con el Presidente Cerén para reexaminar los casos de mujeres encarceladas por las leyes restrictivas en El Salvador”.
En diciembre de 2014, una coalición de organizaciones dirigidas por la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos, puso en marcha la campaña de “Las17” para pedir la liberación de “Guadalupe” y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas y posteriormente fueron declaradas responsables de homicidio. “Mirna”, una de las “Las17” mujeres fue liberada en diciembre después de haber completado la pena por la que fue sentenciada y sin la oportunidad de haber sido indultada. Actualmente, 15 mujeres siguen detenidas pagando penas entre 30 y 40 años de cárcel.
En noviembre del año pasado, 12 países denunciaron la penalización del aborto en El Salvador en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En enero de 2015, seis expertos independientes de las Naciones Unidas solicitaron a El Salvador reformar la ley restrictiva que prohíbe de manera absoluta el aborto e indultar a todas las mujeres que han sido detenidas y encarceladas tras enfrentar emergencias obstétricas.
El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado durante más de 12 años para exponer las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto en la vida de las mujeres en El Salvador. El Centro, la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista prepararon el informe Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador, el cual documenta las consecuencias en los derechos humanos de la prohibición del aborto, e incluye las historias de cinco mujeres que fueron injustamente encarceladas por cometer abortos ilegales después de sufrir emergencias obstétricas. El informe analiza cómo los sistemas de salud, judicial y penitenciario de El Salvador no garantizan los derechos humanos de las mujeres.
