San Salvador, El Salvador- El juzgado de Instrucción de Ahuachapán declaró sobreseimiento definitivo de la acción penal en contra de Katia, una joven que a sus 22 años enfrentó un parto extrahospitalario y al buscar ayuda médica fue denunciada. La Fiscalía General de la República (FGR) la acusó por homicidio agravado y solicitaba 30 años de cárcel.
El caso sucedió en 2019, cuando Katia se encontraba en su casa junto a su hijo de dos años. Sintió ganas de ir al baño y en ese momento tuvo el parto extrahospitalario. Ella y la recién nacida fueron llevadas por sus familiares al hospital en busca de ayuda médica. A ella la denunciaron y su hija falleció.
La audiencia preliminar se realizó el 28 de octubre de 2020, en la que se otorgó sobreseimiento provisional a Katia debido a que la FGR no presentó ninguna prueba. En enero de 2022, a dos meses de volverse sobreseimiento definitivo, la Fiscalía quiso reaperturar el caso sin contar con pruebas, pero el juez resolvió la no reapertura del juicio.
Sin embargo, la persecución por parte de la Fiscalía continuó, y presentaron apelación a la decisión del juez ante la Cámara de la Tercera Sección de Occidente Ahuachapán, la defensa de Katia contestó dicha apelación y el 13 de septiembre de 2022, dicha Cámara confirmó la no reapertura a juicio. Es así como el Juzgado de Instrucción de Ahuachapán otorgó el sobreseimiento definitivo a Katia el pasado 19 de octubre.
“Nos sentimos satisfechas porque hemos logrado que otra mujer recupere su libertad. Una vez más hemos logrado enfrentar y revertir los afanes criminalizadores, que sin fundamento y pruebas que demuestren la comisión de un delito, persiguen, acusan y buscan condenar a mujeres que han sufrido una emergencia obstétrica”, expresó Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto.
Agregó, que “la administración de justicia y el Gobierno deben comprender que es su responsabilidad garantizar el derecho a la salud, protección judicial asegurando el derecho a la presunción de inocencia de las personas. Pero sobre todo, deben comprender que las emergencias obstétricas son problemas de salud y no delitos, deben ser atendidos y tratados por regulaciones de salud y no penales”.
La libertad de Katia se suma a la de 65 mujeres que recuperaron su libertad después de haber enfrentado criminalización tras sufrir emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios en El Salvador. Las organizaciones que acompañan estos casos piden al Estado cesar la persecución sistemática y criminalización en contra de las mujeres que enfrentan estas situaciones.
- Katia es un seudónimo para proteger la identidad de la víctima