El Salvador, Ginebra y Washington D.C., 8 de diciembre del 2022
El día de hoy, organizaciones de la sociedad civil, en conferencia de prensa, reflexionaron sobre las medidas necesarias para que El Salvador cumpla con las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el cual revisó la situación del país el pasado 17 y 18 de noviembre en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Durante dicha revisión periódica -en la que la representación estatal fue liderada de forma remota por la Viceministra de Relaciones Exteriores, la Sra. Adriana Mira-, el Comité expresó profunda preocupación por las graves consecuencias en materia de derechos humanos que representan las medidas adoptadas por las autoridades en el marco del Régimen de Excepción, decretado el 27 de marzo de 2022 y aún en vigor, y que hasta la fecha han supuesto la detención de más de 59.000 personas. En particular, el Comité mostró preocupación por las detenciones arbitrarias y colectivas, sin orden de detención ,
Por otro lado, el Comité lamentó la falta de investigación de todas las presuntas violaciones graves de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado (1980– 1992), así como los insuficientes recursos asignados a la Unidad Especial de la Fiscalía General para la investigación de los crímenes cometidos durante esa época, y la demora en el enjuiciamiento de los responsables, especialmente en casos relativos a presuntos crímenes de guerra, de lesa humanidad, especificamente sobre tortura y desaparición forzada.
En relación al aborto, el Comité informó encontrarse documentando casos de mujeres procesadas penalmente por este motivo y detenciones de mujeres tras su tratamiento por emergencias obstétricas. Por ello recomendó al Estado velar por que todas las mujeres y niñas en El Salvador tengan acceso efectivo a los medios para interrumpir un embarazo cuando es probable que, de no hacerlo, se produzcan dolor y sufrimientos graves, y otorgar la libertad inmediata a aquellas que estuvieran criminalizadas por emergencias obstétricas.
Asimismo, el Comité lamentó la ausencia de un registro completo sobre las personas detenidas y la falta de información sobre las investigaciones y medidas disciplinarias o penales impuestas a los agentes por no prevenir la tortura y los malos tratos, además de la falta la falta de información sobre verificaciones a centros de detención en el país, por lo tanto, alentó al Estado a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT por sus siglas en inglés) a fin de establecer un mecanismo nacional de prevención destinado a prevenir la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes.
Al respecto, el integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Sr. Juan Pablo Vegas comentó durante la conferencia “[Hace]votos por que se puedan crear en El Salvador las condiciones para una pronta adhesión al OPCAT. Ser parte del OPCAT contribuye a cambiar la percepción prevaleciente en muchas partes de América Latina que los sistemas penitenciarios son un lugar de castigo y no de resocialización, así como a fortalecer la arquitectura legislativa e institucional de promoción y protección de los derechos humanos con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos.”
Por lo anterior, el Comité solicitó al Estado informar a más tardar el 25 noviembre del 2023 sobre:
a) La adopción de medidas para prevenir las detenciones arbitrarias sin orden de detención y garantizar que las personas privadas de libertad gocen de todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio de su detenciónde conformidad con las normas internacionales, en particular los derechos a: ser informados de las razones de su detención; a informar con prontitud de su detención a un familiar o a un tercero; el derecho de ser asistidas sin demora por un abogado; y a recibir asistencia letrada gratuita de calidad en caso de necesidad;
b) Asegurar que la legislación de excepción se ajuste a la normativa internacional de derechos humanos;
c) Garantizar la pronta investigación, eficaz e imparcial, de todas las presuntas violaciones graves de los derechos humanos, incluida la tortura y las desapariciones forzadas, ocurridas durante el período 1980 – 1992 y garantizar el enjuiciamiento de quienes resulten responsables. En particular, el Estado debe dotar a la Unidad Especial de la Fiscalía General de los recursos necesarios.
d) Dotar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento, velando por que pueda efectuar visitas inopinadas a cualquier lugar donde haya personas privadas de libertad y hacer un seguimiento de los resultados de sus actividades de vigilancia.
Es importante destacar que El Salvador ratificó la Convención contra la Tortura en 1996 y por lo tanto contrajo obligaciones internacionales en virtud de dicho instrumento a fin de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente a víctimas y sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.
