“Yo quiero vivir”: La voz de Beatriz se escuchó en la Corte IDH
Las organizaciones representantes que hemos acompañando a la familia de Beatriz y
llevado su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos sentimos
positivas y esperanzadas después de finalizada la Audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los días 22 y 23 de marzo en Costa Rica.
Para la Corte IDH quedó en evidencia que Beatriz vio vulnerados sus derechos a la vida,
integridad y salud, a la vida privada y familiar, incluyendo su derecho a la autonomía y al
acceso a la justicia y garantías judiciales, entre otros.

Por medio de testimonios, peritajes médicos y prueba documental se demostró que no
haber realizado la interrupción del embarazo en el momento en que fue médicamente
recomendado, agravó la situación de riesgo para la vida, integridad y la salud física y mental
de Beatriz; esto constituyó una forma de tortura. Este riesgo estaba basado en sus
enfermedades preexistentes, en que en su primer embarazo había sufrido una
preeclampsia grave y en el hecho de que gestaba un feto anencefálico, incompatible con la
vida fuera del útero.

La prueba del proceso es abundante e incuestionable. Beatriz no recibió el tratamiento
unánimemente recomendado por sus médicos tratantes al inicio del embarazo porque El
Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia. De la voz de su madre, de su
médico y de ella misma escuchamos el temor que tuvieron ante la posibilidad de ser
criminalizados. Este temor se sumó al expresado por Beatriz ante la posibilidad de morir
mientras esperaba recibir la realización del procedimiento.

Diez años después, esta prohibición, injusta y discriminatoria, sigue atentando contra la
voluntad, la autonomía, la salud y la vida de las mujeres en El Salvador, en particular, de las
más vulnerabilizadas: jóvenes y en situación de pobreza.
A lo largo de los dos días de audiencia el Tribunal recibió argumentos suficientes para
reconocer que la penalización absoluta del aborto es contraria a la obligación de resguardar
derechos y que el acceso al aborto en casos como el mencionado es un servicio de salud y,
por lo tanto, debe ser lícito.

Como dijo con firmeza su madre, el Estado le falló a Beatriz. Ahora, El Salvador tiene la
oportunidad de reparar el daño a una familia que lleva diez años esperando justicia y que
no ha cesado de repetir la demanda primordial de Beatriz: que ninguna otra mujer tenga
que sufrir la crueldad, la incertidumbre y la tortura que ella vivió.

Por ello, junto a la familia de Beatriz confiamos en que la Corte IDH reconocerá la
responsabilidad del Estado salvadoreño por violar los derechos de Beatriz y le ordenará que
genere las condiciones jurídicas necesarias para asegurar el acceso a los servicios de aborto
seguro cuando esté en riesgo la salud, integridad y la vida de las mujeres.
Asimismo, que adopte leyes y políticas públicas integrales para garantizar que, en estos
casos, el acceso al aborto sea efectivo en la práctica y asegure que la formación profesional
de los proveedores de la salud garantice los derechos reproductivos de las mujeres.
Agradecemos a las organizaciones de mujeres y feministas, así como a todas las personas
que, en El Salvador, Costa Rica y el mundo entero se sumaron a las exigencias de justicia
para Beatriz y su familia, acuerpando su causa y reconociendo que la justicia en su caso, es
justicia reproductiva para todas.

Llamamos a mantener la solidaridad y la esperanza mientras llega la sentencia de la Corte
IDH, a sostener los llamados de justicia para Beatriz y reafirmamos nuestro compromiso con
la familia y con Beatriz, la mujer que conmovió al mundo y reafirmó nuestra fuerza por la
defensa de los derechos humanos de las mujeres.
San José, Costa Rica. 24 de marzo de 202