Alberto Romero de urbiztondo
El Salvador está promoviendo una preocupante Resolución en el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que está celebrando su 29 Sesión en Ginebra. Su título es “Protección a la familia”, lo que parecería una propuesta orientada a mejorar la vida de las personas. Sin embargo, cuando se analiza con más detalle la propuesta, empiezan a surgir fuertes inquietudes.
Lo primero que sorprende es el grupo de países promotor de la Resolución, que se caracterizan por su oposición a garantizar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI a su propia ciudadanía. El grupo lo coordina Egipto, país donde se practica el mayor número de ablaciones genitales de niñas, pues a pesar de estar prohibida, no hay una persecución efectiva del estado, por lo que el 72 % de niñas y mujeres menores de 30 años han sufrido esta mutilación, además el 99 % de mujeres manifiestan haber sufrido acoso sexual y su Gobierno se caracteriza por encabezar, en los organismos internacionales, una fuerte oposición a cualquier reconocimiento a la orientación sexual o identidad de género de las personas. Otros de los países que impulsan esta iniciativa son, Arabia Saudí, único país del mundo donde las mujeres no pueden conducir y necesitan el permiso de un tutor varón para realizar actos como contraer matrimonio, viajar, someterse a ciertas operaciones quirúrgicas, tener un empleo remunerado o matricularse en la universidad. También la impulsa Sierra Leona,cuya legislación dice que tanto “la sodomía como la bestialidad” pueden ser sancionadas con penas de prisión que van desde los 11 años hasta la prisión perpetua, así como Uganda donde persiste la poligamia, los matrimonios precoces y la compra de novias. Otro país que apoya la iniciativa es La Federación Rusa que desarrolla políticas muy hostiles contra los homosexuales, lo que generó una fuerte protesta internacional en 2014, porque atletas y visitantes a las Olimpiadas de Invierno de Sochi, no sentían garantías de no sufrir prácticas homofóbicas por parte del Gobierno. El resto de países que forman el grupo impulsor de esta resolución son: Namibia, Túnez, Uganda, Quatar, Bangladesh, BieloRusia, Costa de Marfil y China, que también se caracterizan por su fuerte oposición a los derechos de las mujeres y las personas LGTBI.
¿Qué nos une a estos gobiernos? ¿Por qué El Salvador está acompañando a un grupo de países que no garantiza derechos que en nuestro país ya hemos conquistado con mucho esfuerzo?, ¿Qué derechos de la familia se quieren proteger?
Para entender el trasfondo de esta iniciativa, podemos buscar una explicación en las propias organizaciones que la impulsaron. En 2014, en el Comité de DDHH de Naciones Unidades ya se aprobó una resolución parecida y en aquel momento el presidente del Instituto Familia Católica y Derechos Humanos de Estados Unidos, Austin Ruse, una organización muy conservadora creada por Vida Humana Internacional, cuya filial en El Salvador es la organización “Si a la vida”, declaró que “la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una derrota del lobby gay que buscaba que en la resolución se incluyera la definición de los distintos tipos de familia”. Es decir, bajo el supuesto interés por defender “la familia”, reconocemos la misma estrategia que se promueve en nuestro país de pretender impedir el acceso a derechos de las personas LGTBI, mediante una reforma a la Constitución que defina el matrimonio de una forma restrictiva pretendiendo dejar fuera a una parte de nuestra ciudadanía. Estas estrategias de los grupos fundamentalistas ya hemos visto las consecuencias que tienen. La reforma a la Constitución de 1997-1999 que “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción” está generando incontables problemas: ¿si un embarazo pone en riesgo la vida de una mujer, como se resuelve en conflicto entre el derecho a la vida de la mujer y el del feto?, ¿la eliminación de los embriones no utilizados en procesos de reproducción asistida mediante fecundación in vitro, son un asesinato múltiple? ¿un médico debe poner en grave riesgo la vida de una mujer con un embarazo ectópico, porque puede ser condenado si interrumpe ese embarazo que es inviable?, ¿se debe de forzar a una niña embarazada producto de una violación a ser madre poniendo en riesgo su vida?. La aprobación de legislación que pretende imponer códigos morales a toda la sociedad, restringiendo derechos, vulnera el carácter democrático de nuestro Estado.
Es un gran riesgo dejar que se aprueben ese tipo de resoluciones en Naciones Unidas, pues con ello los grupos que las impulsan pretenden que solo se reconozcan los derechos de un tipo de familia, la nuclear heterosexual y patriarcal, es decir papa, mama y los hijos de ese matrimonio. Pero si miramos a nuestro alrededor, podremos ver que solo el 37 % de familias de nuestro país tiene esta composición tradicional, que hay un 32 % de familias extensas, que el 13 % son monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres jóvenes, que el 8% de familias son parejas sin hijos y un 10 % son unipersonales.
Las organizaciones de derechos humanos están preocupadas porque la Resolución que se pretende aprobar, habla de amenazas a la familia sin identificarlas y sabemos que las mayores amenazas vienen de la falta de acceso a trabajo justamente remunerado que provoca emigración, largas jornadas de trabajo de los progenitores y trabajo infantil. El grupo de países impulsor de la resolución se ha negado insistentemente, a reconocer la variedad de familias que hay en la sociedad, promoviendo un único modelo de familia lo que genera la exclusión a los demás tipos de familias existentes. Exalta “la familia” como garantía de protección a todos sus miembros, ocultando que en su seno se dan la gran mayoría de casos de violencia contra las mujeres y las niñas y el abuso sexual y violación de menores. Promueve a “la familia” como sujeto de derecho, anteponiendo su protección a la obligación de los estados de garantizar los derechos de los miembros que integran cada familia, por encima de tradiciones y costumbres que imponen dentro de la familia la sumisión de mujeres y niñas.
Nuestro país está iniciando su participación en el Comité de Derechos Humanos de UN, por lo que parece un grave error estar impulsando esta Resolución, que es contradictoria con los avances en legislación y políticas públicas que El Salvador ha tenido en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas y la población LGTBI. Esperamos que tanto el Ministro de Relaciones Exteriores como la Secretaria de Inclusión Social y la Directora del ISDEMU, tomen acción para que El Salvador se retire del impulso y aprobación de una Resolución tan conservadora y que abre la puerta a fuertes retrocesos en los derechos de las mujeres y la población LGTBI. El Procurador de Derechos Humanos también debería de pronunciarse al respecto, pues que El Salvador forme parte del grupo promotor de esta Resolución nos pone en el lugar equivocado de la defensa de los Derechos Humanos.
