Una delegación de alto nivel de la organización, encabezada por los directores de Irlanda y para las Américas, inicia una semana de encuentros con la visita a la Cárcel de Mujeres
Una delegación de Amnistía Internacional mostró su apoyo a las 17 mujeres condenadas injustamente hasta 40 años de prisión tras sufrir abortos espontáneos y por problemas obstétricos, siendo acusadas por la Fiscalía inicialmente por aborto y posteriormente condenadas por  “homicidio agravado”. Durante la visita a la Cárcel de Mujeres de Ilopango, donde cumplen condena  12 de las 17 mujeres presas, la directora para las Américas de la citada organización internacional defensora de Derechos Humanos, Erika Guevara Rosas, y su homólogo en Irlanda, Colm O´Gorman, tuvieron la oportunidad no solo de conocer de primera mano el caso de María Teresa Rivera, la única de las 17 que cumple la pena máxima de 40 años de cárcel, sino también las precarias condiciones de hacinamiento en las que viven las reclusas  en este centro penitenciario.
Los delegados de Amnistía Internacional, que estuvieron acompañados en todo momento por miembros de la Asociación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Eugenésico y Ético, fueron guiados durante las dos horas que se prolongó la visita por la propia directora del centro penitenciario y se interesaron por el caso de las 17, para las que se ha solicitado el indulto ante la Asamblea Legislativa y que la Corte Suprema está actualmente evaluando tras recibir los informes criminológicos.
“LA LEY ES FRÍA”
La propia María Teresa agradeció a la delegación de Amnistía Internacional su presencia e interés por su caso y mostró, asimismo, su agradecimiento al esfuerzo que está realizando la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista a favor de la liberación de las 17.  Tras explicar las condiciones de hacinamiento en las que vive en la cárcel –comparte ‘dormitorio’ con otras 205 reclusas-, declaró que en los tres años que lleva en prisión “nunca” ha visto a un médico. Asimismo, lamentó no poder atender a su hijo de nueve años y afirmó que “la ley es fría” al referirse a los 40 años de condena que pesan sobre ella por un delito que, aseguró, no cometió. María Teresa no sabía que estaba embaraza y sufrió un aborto espontáneo, que en el proceso judicial acabó tipificándose injustamente como “homicidio agravado”.
En declaraciones posteriores a la visita a la cárcel, el director de Amnistía Internacional de Irlanda, Colm O´Gorman, lamentó la situación “vulnerable” y de “fragilidad” que sufre, en particular, María Teresa, un caso que tachó de “emblemático”, ya que deja en evidencia la “falta de interés y responsabilidad” del Estado salvadoreño a la hora de prestar atención médica y psicológica a mujeres presas, y, en general, a la hora de garantizar los derechos humanos a todos y todas las ciudadanas del país. Además, se mostró convencido de que a largo plazo el Gobierno de El Salvador reconocerá el costo social y político de mantener la penalización absoluta del aborto, ya que las críticas y presiones del exterior no cesarán.
Por su parte, la directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, hizo hincapié en las duras condiciones en las que sobreviven las reclusas en la única cárcel de mujeres que existe en El Salvador y valoró la actitud “receptiva” que obtuvieron por parte del centro penitenciario durante la visita.
La jornada de ayer se completó con una reunión de la delegación de Amnistía Internacional y la Colectiva Feminista  con el director de Centros Penales y el director del Consejo Criminológico, en la que se expuso los planes futuros de cara a mejorar el sistema penitenciario salvadoreño.
Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, agradeció la información prestada, pero lamentó que desde el Estado salvadoreño se reconozca el 900% de hacinamiento que sufren las cárceles del país, sin ofrecer soluciones integrales y que fortalezcan el funcionamiento del sistema judicial y, en su lugar, adoptan, denunció, un discurso “victimista respecto al pasado” y “no asumen la responsabilidad que le corresponde”.
La presencia de la delegación de alto nivel de Amnistía Internacional en El Salvador se enmarca en un programa más amplio de encuentros y entrevistas con diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades de los diversos órganos del Estado. El propio secretario general de la organización, Salil Shetty, será quien presentará el próximo jueves el informe sobre la situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en El Salvador, documento que tendrá cobertura internacional.