Un conjunto de organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres instalaron un “Tribunal simbólico de justicia y reparación para las mujeres”  con el fin, según Sara García de la Colectiva Feminista, de permitir el acceso a la justicia a mujeres que han sufrido la penalización absoluta del aborto en El Salvador.

Dos abogadas salvadoreñas y un abogado español son las personas que conforman el tribunal simbólico. Ellos escucharon atentamente a los abogados defensores, amigos y familiares de María Teresa, Teodora y Guadalupe, mujeres condenadas entre los 30 y 40 años de cárcel. Las resoluciones que ellos brinden serán dadas a conocer el 21 de abril.

García explicó que la decisión que el tribunal emita será para el Estado tendrá la función de “una recomendación (…) que irá dirigid al Estado en su conjunto, sobre todo al sistema de justicia para que ya no exista desigualdad en las aplicaciones de la ley”, expuso García.

La sentencia nos “permitirá hacer incidencia  y poder avanzar en la lucha de libertad de estas mujeres y las 17 y más”, dijo García.  “Es urgente que el sistema de justicia tenga reformas y que realmente implemente otras maneras para que las mujeres tengan acceso a la justicia, y que se hagan valer las leyes les protejan”.

Historias expuestas ante el Tribunal

María Teresa es una de las mujeres condenadas por homicidio agravado, después de haber sufrido un aborto, con la más alta pena de prisión, 40 años de los cuales lleva cinco años.  La mujer de 32 años de edad es madre de un niño de 9 años. Ana, una vecina y amiga de María Teresa, dijo ante el tribunal simbólico, que la mujer encarcelada era quien mantenía a su pequeño hijo y ayudaba a su suegra, con quienes vivían. Solo eran ellos tres en una casa ubicada en Mejicanos en San Salvador.

Ella trabajaba en una maquila, de lo poco que ganaba aportaba para la casa, para la educación de su hijo y para que su suegra tuviera una tienda. “Ahora la suegra está muy enferma y su hijo ha bajado las calificaciones de la escuela, ya no es el mismo niño que María Teresa dejó”, expuso ante los abogados la amiga de la joven.

Precisamente por este caso, David Morales, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se manifestó  en 2015 y aseguró que a la garantizaron los derechos a la igualdad y a la no discriminación; además expuso que no se respetó el debido proceso judicial.

Mientras que Teodora Vásquez fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado después de haber sufrido una emergencia obstétrica. Las organizaciones están pidiendo una conmutación de pena.

El caso de Guadalupe es distinto, las organizaciones solicitan medidas de reparación para ella y su familia, ya que la mujer fue dejada en libertad tras siete años de prisión acusada también de homicidio. En este caso fue la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que determinó que en su caso el tribunal que la juzgó y determinó su culpabilidad, no cumplió las normas del debido proceso, razón por la cual el indulto le fue otorgado por los diputados de la Asamblea Legislativa con 43 votos a favor.

En El Salvador, hasta 1997 la ley permitía solo tres tipos de abortos: el aborto terapéutico, cuando la vida de la mujer estaba en peligro; eugenésico, cuando la vida del feto no era viable debido a malformaciones; y el ético, cuando el bebé es producto de una violación o incesto. Sin embargo en 1998, con una reforma al Código Penal y otra a la Constitución al año siguiente, el aborto fue penalizado en todas sus formas.