19.04.17 – (COMUNICADO DE PRENSA) Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—uno de los órganos más importantes de derechos humanos de la región—anunció que declaró admisible el caso de Manuela, una mujer salvadoreña encarcelada injustamente después de sufrir una emergencia obstétrica, y que luego murió de un linfoma de Hodgkins que no fue tratado mientras ella estaba en prisión.
En su informe, la CIDH aclara que está admitiendo el caso de Manuela después de determinar que el gobierno de El Salvador no proporcionó acceso a la justicia para Manuela y su familia, citando fallas para proporcionar a Manuela una asesoría adecuada para su defensa legal.
El Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto presentaron una petición a la CIDH en nombre de la familia de Manuela en marzo del 2012, la cual demostraba las numerosas violaciones de derechos humanos que Manuela sufrió debido a la prohibición total del aborto en El Salvador. La CIDH está a la espera de las observaciones de ambas partes sobre el fondo del asunto para determinar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el caso de Manuela. Dichos alegatos consideraran violaciones al derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso, la no discriminación y la dignidad, entre otros.
Catalina Martínez Coral, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro, mencionó:
“Las mujeres embarazadas nunca deben temer por su vida o libertad cuando busquen atención médica”.
“La hostilidad de El Salvador hacia el aborto llevó al injusto encarcelamiento de Manuela y eventualmente, le costó la vida”.
“La Comisión Interamericana debe ahora exhortar al gobierno salvadoreño para que ponga fin a la criminalización de las mujeres y repare a la familia de Manuela”.
Durante casi 20 años, El Salvador ha criminalizado el aborto en todas las circunstancias -incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer -imponiendo duras penas criminales tanto a las mujeres como al personal de salud. La prohibición ha resultado en el encarcelamiento de innumerables mujeres que han sufrido abortos espontáneos y complicaciones relacionadas con el embarazo, quienes luego son acusadas de tener abortos y son injustamente condenadas por homicidio.
La Comisión Interamericana evaluará el caso de Manuela utilizando diferentes mecanismos de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar de la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
En el 2008, Manuela, una mujer salvadoreña de 33 años con dos hijos pequeños, sufrió una complicación obstétrica al dar a luz durante su tercer trimestre de embarazo. Desde el momento en que llegó al hospital, el personal de salud la trató como si hubiera intentado tener un aborto, e inmediatamente llamaron a la policía. En el hospital fue encadenada a su cama y acusada de asesinato. Posteriormente fue condenada a 30 años de prisión por cargos de homicidio agravado sin haber tenido nunca la oportunidad de reunirse con su abogado y sin tener la oportunidad de hablar en su propia defensa.
Después de varios meses de prisión, Manuela fue diagnosticada con un linfoma de Hodgkin avanzado -una enfermedad que pudo haber causado su complicación obstétrica y que pudo haber sido tratada tempranamente en la cárcel con adecuada atención médica. Cuando finalmente Manuela recibió quimioterapia, fue demasiado tarde. Manuela falleció en la cárcel en el año 2010.
Morena Herrera, Directora Ejecutiva de la Agrupación Ciudadana afirmó:
“El Estado salvadoreño le falló a Manuela, a sus hijos y familia”.
“Ella recorrió el camino del hospital a la cárcel, el mismo que han debido hacer Las 17 y Más, pero el cáncer que padecía le impidió seguir luchando contra la injusta condena de 30 años”.
“Ahora esperamos que se haga justicia, se reconozcan los derechos que le fueron violados y que el Estado devuelva a los hijos de Manuela una imagen de su madre en dignidad.”
El Centro de Derechos Reproductivos busca evidenciar las consecuencias de la prohibición total del aborto en El Salvador en la vida de las mujeres. El Centro, junto con la Agrupación Ciudadana, presentó un caso en diciembre de 2015 ante la Comisión Interamericana en nombre de nueve mujeres que tuvieron serias complicaciones durante sus embarazos, y ahora están en prisión debido a la prohibición absoluta del aborto en El Salvador.
En diciembre del 2014, una coalición de organizaciones sociales a nivel nacional e internacional liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro, lanzó la campaña “Las17” la cual pedía la liberación de “Guadalupe” y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, fueron acusadas de cometer abortos ilegales y fueron luego condenadas por homicidio agravado. “Mirna”, una de “Las 17”, fue liberada en diciembre del 2014, después de cumplir su condena de prisión antes de que su perdón pudiera ser finalizado. En febrero del 2015, Guadalupe fue liberada con éxito y perdonada, después de cumplir siete años de prisión. En mayo del 2016, María Teresa fue liberada después de que un juez dictaminara que hubo violaciones al debido proceso en su caso. Y en febrero del 2017 Sonia Tábora obtuvo su libertad permanente. Las mujeres restantes están actualmente cumpliendo condenas de 30 a 40 años por crímenes que nunca cometieron.
El Centro y la Agrupación Ciudadana escribieron el informe Excluidas, Perseguidas y Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador, el cual documenta las consecuencias de la prohibición del aborto en los derechos humanos. El informe analiza cómo los sistemas de salud, judicial y penitenciario en El Salvador no logran garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Publicado en CRR
