Organizaciones de la sociedad civil solicitaron la libertad de mujeres detenidas por sufrir emergencias obstétricas
San Salvador, 3 de diciembre de 2020, en el marco del 178º Periodo de Sesiones, diversas organizaciones expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su preocupación frente al agravamiento de las vulneraciones de derechos a las personas privadas de libertad en las cárceles y centros de detención en El Salvador durante la pandemia, entre ellos 14 mujeres encarceladas por haber sufrido emergencias obstétricas. Sostuvieron que algunas de estas prácticas podrían ser consideradas como tortura de acuerdo con parámetros internacionales, y advirtieron la necesidad de que el Estado salvadoreño tome acción urgente.
El aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, las afectaciones a la salud, la suspensión del régimen de visitas y los obstáculos para garantizar un debido proceso son algunas de las prácticas denunciadas por las organizaciones durante la audiencia pública “Situación de las personas privadas de libertad en El Salvador en el contexto de la pandemia, con enfoque de género” desarrollada por la CIDH el jueves 3 de diciembre.
Según las informaciones expuestas, en los últimos 20 años la población penitenciaria se ha quintuplicado, pasando de 7.800 en el año 2000 a más de 36.600 mil para este 2020, sin que se hayan tomado las medidas necesarias para adaptar las cárceles a estos cambios. Consecuencia de ello, el sistema penitenciario está poniendo la salud de la población penitenciaria en riesgo. La CIDH señaló su profunda preocupación ante esta lamentable situación durante su última visita al país en diciembre de 2019.
Se destacó de forma especial la situación de más de 14 mujeres salvadoreñas detenidas y encarceladas tras haber sufrido emergencias obstétricas durante su embarazo, e injustamente criminalizadas por homicidio agravado o tentativa de homicidio.
El Salvador es uno de los seis países de América Latina donde el aborto está penalizado en todas las circunstancias. Esta criminalización extrema, condenada por numerosos órganos de protección, se suma a una política de persecución contra las mujeres que por razones ajenas a su voluntad se enfrentan a complicaciones durante su embarazo.
Ante el avance de la pandemia y la precaria infraestructura carcelaria en El Salvador, las organizaciones piden al Estado tomar medidas urgentes para descongestionar los centros de reclusión y, atendiendo a principios de no discriminación, otorgar la libertad a las mujeres encarceladas de manera injusta por haber tenido emergencias obstétricas.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana, declaró “Por décadas hemos luchado por los derechos de mujeres salvadoreñas injustamente encarceladas, separadas de sus hijos, familias y comunidades por la prohibicion total del aborto. Continuamos luchando y pidiendo que el Presidente Bukele y el gobierno salvadoreño liberen a estas mujeres que no merecen ser encarceladas. Ahora más que nunca, especialmente en una pandemia global que pone la salud y vida del mundo en riesgo, exhortamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que siga abogando y presione a El Salvador a liberar estas mujeres injustamente encarceladas; y que se despenalice el aborto de una vez por todas”.
Entre las organizaciones que participaron en la audiencia se encuentran la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Women’s Equality Center (WEC), Ipas Centroamérica y México (CAM), el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Tiempos Nuevos Teatro (TNT), Asociación Azul Originario (AZO), Cristosal, Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), LOS SIEMPRE SOSPECHOSOS DE TODO y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).
