Foto: Amnesty International
Publicado en amnesty.org
La extrema legislación contra el aborto vigente en El Salvador está teniendo un efecto devastador en las vidas de decenas de niños y niñas cuyas madres, tras sufrir abortos espontáneos u otras emergencias obstétricas, permanecen entre rejas acusadas de haberse sometido a abortos ilegales. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.
Familias separadas, abrazos rotos revela de qué manera los hijos e hijas de mujeres encarceladas en virtud de la absurda legislación contra el aborto se enfrentan a menudo a dificultades económicas y se ven privados del contacto con sus madres.
“Cada vez que las autoridades de El Salvador encierran injustamente a una mujer por haber sufrido un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas con el embarazo, condenan también a sus hijos e hijas a una vida de pobreza y trauma”, ha manifestado Astrid Valencia, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica.
Cada vez que las autoridades de El Salvador encierran injustamente a una mujer por haber sufrido un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas con el embarazo, condenan también a sus hijos e hijas a una vida de pobreza y trauma.
“La ‘presunción de culpabilidad’ adoptada en El Salvador respecto a las mujeres que sufren complicaciones relacionadas con el embarazo ha costado decenas de vidas, ha enviado a mujeres a prisión para cumplir penas de hasta 40 años y ha generado un ambiente de pánico entre médicos y pacientes. Ya es hora de que El Salvador derogue esta obsoleta prohibición.”
La “presunción de culpabilidad” adoptada en El Salvador respecto a las mujeres que sufren complicaciones relacionadas con el embarazo ha costado decenas de vidas, ha enviado a mujeres a prisión para cumplir penas de hasta 40 años y ha generado un ambiente de pánico entre médicos y pacientes. Ya es hora de que El Salvador derogue esta obsoleta prohibición.
Actualmente hay al menos 19 mujeres encarceladas en el contexto de la penalización total del aborto, declaradas culpables de delitos graves, como el homicidio, y condenadas a largas penas de prisión sobre la base de pruebas débiles o no concluyentes. La mayoría eran el principal sostén económico de sus hogares. Desde su encarcelamiento, su red familiar ha tenido que encargarse de mantener y cuidar a sus hijos e hijas, a menudo en condiciones extremadamente difíciles.
La falta de recursos económicos y las largas distancias desde su casa a la prisión impiden a muchas de las familias visitar a estas mujeres encarceladas. En algunos casos, las mujeres pasan meses sin poder ver a sus hijos e hijas.
María Teresa Rivera, de 32 años, que cumple una pena de 40 años de prisión por “homicidio agravado” tras haber sufrido un aborto espontáneo, sólo ha visto cuatro veces a su hijo de 10 años desde que fue encarcelada en 2011.
El niño vive con su abuela a varias horas de distancia de la prisión, y el coste del viaje es prohibitivo. Sin los ingresos de María Teresa y sin apoyo oficial, su suegra lucha también por mantener a su nieto.
María Teresa fue detenida en un hospital después de que su suegra la encontrara en el cuarto de baño casi inconsciente y sangrando profusamente. El personal del hospital la denunció a la policía y la acusó de haberse sometido a un aborto.
Durante el juicio, uno de los jefes de María Teresa testificó contra ella, y dijo que le había comunicado que estaba embarazada en enero de 2011. Si eso fuera cierto, María Teresa habría estado embarazada de 11 meses cuando se produjo el aborto. Ese indignante testimonio fue una de las pruebas utilizadas para condenarla.
Al hijo de María Teresa le está resultando especialmente difícil aceptar el injusto encarcelamiento de su madre.
“Isabel”, suegra de María Teresa, describió a Amnistía Internacional las traumáticas visitas a la prisión: “La primera vez que el niño la vio fue duro. El niño lloraba abrazándola y yo también, y él no quería salir del penal. Dejé de llevarlo un tiempo, porque dije: ‘lo pongo mal y a ella también’.”
En 2008, Teodora del Carmen Vásquez fue sentenciada a 30 años de prisión tras haber tenido una emergencia obstétrica. Su hijo de 11 años raramente puede visitarla en la cárcel.
Berta (nombre ficticio) también pasó casi un año en la cárcel, procesada por homicidio tras sufrir una complicación relacionada con el embarazo. Durante la mitad del tiempo que pasó en prisión no pudo ver a su hijo de 10 años.
“Berta” fue detenida en julio de 2010 en un hospital local, donde había llegado con una fuerte hemorragia. Fue acusada de “homicidio agravado” pese a que no sabía que estaba embarazada. No conoció a su abogado defensor hasta el mismo día en que comenzó el juicio. El delito del que se la acusaba podía suponerle una pena de hasta 50 años de prisión. Berta fue declarada inocente casi un año después de iniciarse el proceso contra ella, cuando unos abogados del grupo local de derechos humanos Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico presentaron nuevas pruebas sobre el caso.
Sin embargo, el juicio y el tiempo que tuvo que pasar encarcelada dejaron una huella indeleble tanto en la vida de Berta como en la de sus familiares.
Según contó a Amnistía Internacional, Berta aún sigue traumatizada por la experiencia, y no ha recibido ningún tipo de indemnización ni reparación.
“A pesar de los años que han pasado, [el dolor] queda ahí penetrado”, dijo.
Hablando sobre el impacto que el injusto encarcelamiento de Berta tuvo en la familia, su madre dijo: “Para dormir no puedo cobijarme, porque en esos días, cuando ella estaba en la bartolina, yo me ponía a pensar que ella estaba aguantando frío, y entonces yo no me cobijaba, porque como que yo sentía el sufrimiento de ella. Y ya quedé con eso de que no me puedo cobijar aunque sienta frío, y entonces eso siento que me afecta. Ahora la almohada la siento como piedra. […] Uno ya no es como antes”.
“En lugar de condenar a niños y niñas a este insoportable sufrimiento, las autoridades de El Salvador deberían centrar sus energías en revisar una legislación que sólo sirve para tratar a las mujeres como poco más que ‘recipientes humanos’”, ha manifestado Astrid Valencia.
Tras una modificación introducida en 1998 al Código Penal, el aborto en El Salvador está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la embarazada corre peligro. El cambio en la ley ha dado lugar a procesamientos erróneos y a una aplicación indebida del derecho penal en el que a las mujeres se las presupone inmediatamente culpables. La prohibición afecta especialmente a las mujeres con pocos recursos económicos.
El aborto no es un delito, advierten los médicos a los gobiernos Descargar publicacion en PDF
