Investigación especial de elfaro.net
Cristina y María Edis se conocieron a mediados de 2009. A ambas el Estado había llegado a sacarlas de entre las sábanas donde se recuperaban del quirófano, las hizo convalecer en bartolinas y las condenó a prisión. Las dos mujeres alegaron que habían sufrido abortos espontáneos, pero en un país como El Salvador el aborto es un asunto de inquisición. Con pruebas con escaso fundamento y a veces contradictorias entre sí, los jueces las sentenciaron a prisión con argumentos moralistas. Para María Edis, la sentencia fue a morir en la cárcel.
Las vidas de estas mujeres se cruzaron fugazmente en Cárcel de Mujeres, donde ambas purgaban su condena, víctimas de la ley más radical del continente en materia de aborto. El Salvador, Nicaragua y Chile comparten la característica de que su ley no permite el aborto ni siquiera en los casos en que este pone en peligro la vida de la madre.
A María Edis la condenaron gracias al testimonio incriminatorio de su padre, quien alega que nunca dijo lo que los fiscales investigadores levantaron en el acta que le hicieron firmar. Tomás, el padre de María Edis, no sabe leer ni escribir y dice que pusieron en su boca palabras que nunca mencionó. Cuando puso su dedo pulgar a modo de firma, lo hizo porque los investigadores le aseguraron que aquellos papeles solo recogían lo que él acababa de decir.
A Cristina el Estado la condenó a 30 años. Pasó cuatro en la cárcel y quedó libre después de que una revisión determinó que los jueces se habían excedido. A Cristina la defendió una abogada proporcionada por el Estado que ni siquiera sabía el nombre de la acusada en el momento de la audiencia de sentencia.
Las de Cristina y María Edis son dos historias de la lucha desigual entre individuos impotentes ante el aplastante peso de un Estado inquisidor que ni siquiera otorga las mínimas garantías constitucionales.
