“La paciente llega a la emergencia con la presión elevada, taquicardia y luego de la evaluación pasó a la unidad de cuidados intensivos, con un embarazo ectópico cervical fui intervenida quirúrgicamente, durante el proceso tuve dos paros respiratorios. Soy una sobreviviente de que no haya una ley en el país”, expresó la doctora Xiomara Argueta, quien compartió su historia en el foro: «Casos que ponen en riesgo la salud y vida de las mujeres debido a la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo.»

El evento que fue organizado por la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y Vida de las Mujeres está integrada por profesionales de la salud en las áreas de: ginecología, pediatría, psiquiatría, medicina de familia, general e internista, quienes se han unido para trabajar en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres salvadoreñas.

Es un tema difícil, incluso tabú para hablar con nuestras familias, pero también con los colegas es duro, pero ahora es el momento de decir un basta ya debemos cambiar las cosas. Dijo el médico Guillermo Ortiz, quien considera que es necesario que los profesionales de la salud puedan tener seguridad jurídica para ejercer su trabajo, no es posible que las mujeres salvadoreñas sigan siendo perjudicadas exponiendo su vida ante embarazos de alto riesgo.

Como mujer y médica debo poder ayudar a una paciente que tenga un proceso de gestación de alto riesgo, quedarme de brazos cruzados teniendo el conocimiento y la ciencia para salvar la vida de las mujeres, “eso si me afectaría” no las expresiones que pequeños grupos que se oponen a la reforma de los cuatro casos, aseguró la doctora Patricia Guardado, al responder sobre las reacciones que puede traerles como médicos al abogar por la despenalización de interrupción del embarazo.

En 2016, hubo 7,550 abortos entre espontáneos y sépticos; y de 2005 a 2016, en la red de hospitales públicos se atendieron 4,493 embarazos ectópicos. Solo en 2015, fallecieron 48 mujeres por complicaciones durante el embarazo.

Desde octubre de 2016, en El Salvador se discute la reforma al artículo 133 del Código Penal para que se permita la interrupción del embarazo en cuatro casos: i) cuando la vida de la madre esté en peligro; ii) cuando no exista la posibilidad de que el feto sobrevida fuera del útero; iii) cuando el embarazo sea producto de violencia sexual y/o trata de mujeres; y iv) cuando el embarazo sea producto de violencia sexual y/o trata de menores de edad.