Publicado en Colatino
Alberto Romero de Urbiztondo
En República Dominicana, se ha dado un importante debate sobre la regulación de la interrupción del embarazo, que ha puesto a prueba el carácter laico del Estado.
El nuevo Código Penal incluía la penalización absoluta del aborto sin excepciones y el Presidente de la Republica, Danilo Medina, devolvió la propuesta de Ley a la Cámara de Diputados, con observaciones para que se regulen los eximentes de aplicación de esta penalización cuando peligra la salud o vida de la mujer gestante, en los casos de violación o incesto y cuando existan malformaciones del feto incompatibles con la vida. El Presidente ha manifestado que se deben de dar respuestas satisfactorias a las realidades concretas que vive la ciudadanía y tal como expresó el portavoz del Gobierno: “Esto no es un tema religioso, es un tema de salud pública, de conciencia de las mujeres dominicanas, estableciendo la libertad que tienen a decidir, en una situación de encrucijada grave en su vida”.
Esta propuesta generó una fuerte oposición de las jerarquías religiosas católicas y evangélicas que defendían la penalización absoluta del aborto, sin tener en cuenta todas las circunstancias y realidades concretas con las que deben de enfrentarse muchas mujeres y personal de salud. Pero como afirmo el especialista dominicano en salud pública, Pedro Luis Castellanos: «Respetamos la libertad que tienen quienes consideran que debe penalizarse toda interrupción de embarazos, aún en situaciones que comprometen la vida o la salud de la madre, basados en convicciones de carácter religioso, pero ningún estado democrático y de derechos puede imponer convicciones religiosas por vía penal».
Finalmente la Cámara de Diputados asumió las observaciones del Presidente de la República y aprobó en el Código Penal la eximente de penalización cuando esté en riesgo la salud o la vida de la mujer, así como el compromiso de aprobar una Ley especial que regule la interrupción del embarazo en casos de violación e incesto o malformación fetal incompatible con la vida.
Aunque la legislación aprobada es poco específica y puede resultar de difícil aplicación, el Presidente y la Cámara han mostrado independencia frente a las presiones de las Iglesias y han legislado en base a las necesidades de la población y al respeto a los derechos de la ciudadanía.
