Sentada en el banquillo de los acusados, con su hijo de dos años dormido en sus brazos y su abogado defensor a su izquierda, así escuchó atenta las palabras de un juez Sonia Tabora. Ella ha estado en la misma situación cuatro veces, una de ellas cuando fue condenada por homicidio agravado a 30 años de prisión en 2005; otra cuando fue absuelta en 2012.
Sonia es de pequeña estatura, delgada y bastante tímida. Tiene 31 años y un hijo de dos años a quien llevó al Tribunal este 12 de agosto, día en el que se suponía conocería la decisión final acerca de si seguirá en libertad o regresará a la cárcel, pero la audiencia fue reprogramada para el próximo 1 de noviembre.
Esa se convertirá en la quinta ocasión que ella estará cara a cara con tres jueces que determinarán su futuro y el de su hijo, pues de ser condenada de nuevo él quedaría al cuidado de la familia de Sonia, negándole, según la joven, el derecho a crecer junto a su madre.
Ante el hecho de que la audiencia fue reprogramada inquieta a Sonia, quien dijo: “no vivo en paz porque cada vez que vengo no sé qué va a pasar, tengo miedo de regresar a la cárcel, mi niño está pequeño, no lo quiero dejar”.
La penalización absoluta del aborto y errores del sistema judicial en El Salvador se han convertido en el verdugo de Sonia, son los responsables de la incertidumbre de esta joven madre quien en 2005 fue condenada por homicidio agravado en contra de su hija recién nacida, pero ella asegura que ese es un delito que no cometió, que fue víctima de una complicación obstétrica.
El 14 de agosto de 2012, siete años después de estar encarcelada, quedó en libertad cuando los jueces que conocieron el caso, según su abogado defensor Víctor Mata, determinaron que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran contundentes para confirmar que Sonia había asesinado a su hija.
Años después, por orden de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se anuló la sentencia en la que fue absuelta, esta argumentaba en su resolución que se había infringido un principio constitucional, según el antiguo Código Penal, ya que uno de los tres jueces que condenaron a Sonia en 2005, siente años después también fue uno de los que decidió absolverla, escenario que no es posible según lo dicho por la Sala. Por lo que ordenó una nueva revisión en la que se decidirá si ella continúa en libertad o regresará a la cárcel.
Después de la sentencia de la Sala, en agosto del año pasado Sonia debió presentarse de nueva cuenta al Tribunal de Sentencia de Sonsonate para la presentación de las pruebas tanto de la FGR como de su defensor.
La vista pública del 12 de agosto se canceló por tres razones: hacía falta la designación de uno de los tres jueces que enjuiciarían a Sonia; no se presentaron algunos testigos por parte de la FGR y tampoco llegó la custodia que acompañaría durante el tiempo de la audiencia a Sonia.
“Lo que hace particular el caso no es solo las veces que ella ha tenido que presentarse al tribunal, si también la poca seriedad de la justicia en El Salvador (…) se había dicho que no iba a ser prorrogada esta fecha y que estuviéramos preparados, pero resulta que ellos (los jueces) son los que incumplen, eso indica que la justicia en El Salvador dista mucho de ser una justicia bien institucionalizada y organizada”, dijo el abogado defensor de Sonia, Víctor Mata.
En El Salvador, hasta 1997 la ley permitía solo tres tipos de abortos: el aborto terapéutico, cuando la vida de la mujer estaba en peligro; eugenésico, cuando la vida del feto no era viable debido a malformaciones; y el ético, cuando el bebé es producto de una violación o incesto.
Pero con las reformas legales hechas entre 1998 y 1999 la prohibición absoluta ha afectado, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, a mujeres de escasos recursos, de bajo nivel escolar y de zonas rurales.
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