Sara García Nuevamente está en discusión la penosa legislación salvadoreña en materia de aborto. Esta vez la comunidad nacional e internacional está discutiendo la recomendación del Ministerio de Salud que exhorta a las mujeres a no embarazarse debido a la alerta generada por el virus de Zika. Dejando en evidencia, una vez más, que los derechos sexuales y reproductivos son una deuda del Estado. Las discusiones, debates y diálogos, que en otras coyunturas se han generado, no han sido en abstracto. Historias como la Beatriz, quien solicitó la interrupción de su embarazo porque estaba gestando un feto anencefálico poniendo su vida en riesgo debido a su condición de lupus, nos confrontó con la necesidad de cambiar la ley que penaliza totalmente el aborto. Nunca olvidaré una frase que mencionó uno de los doctores del hospital nacional que atendió a Beatriz, mientras se lamentaba de tener las manos atadas en casos que constituyen un atentado para la vida, salud física y salud mental de las mujeres: “En ese momento hay al menos 49 casos igual o peores que los de Beatriz”. Por eso cuando Beatriz dijo “quiero que me interrumpan el embarazo para salvar mi vida” los médicos, las organizaciones sociales y feministas, las organizaciones internacionales apoyamos su decisión; Sin embargo, tuvieron que pasar 81 días para que la Sala de lo Constitucional resolviera un amparo.  A Beatriz le interrumpieron el embarazo finalmente pero se tuvieron que enfrentar obstáculos legales, amenazas y luchar contra la doble moral de grupos fundamentalistas que trataban de culpabilizarla y constituía una forma de hostigamiento psicológico. Definitivamente, hablar de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto nunca ha sido sólo una idea o una lucha. Ha significado hablar situadas en la realidad y entendiendo el dolor concreto que enfrentan las mujeres en un contexto donde la violencia naturalizada se manifiesta a través de leyes que limitan el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Por ello, las recomendaciones frente a las consecuencias que el Zika puede tener sobre una mujer en estado de gestación nos llevan irremediablemente a poner el tema del aborto sobre la mesa.  Recomendar no embarazarse cuando el 30% de los embarazos son en niñas y adolescentes, cuando aún no contamos con un marco normativo que permita la inclusión de educación integral en sexualidad en el sistema educativo, cuando los embarazos son impuestos debido a violencia sexual , resulta una recomendación alejada  de la realidad concreta de las mujeres salvadoreñas. El virus del Zika nos ofrece la oportunidad de reflexionar también sobre la desigualdad social que implica la penalización absoluta del aborto. ¿A quiénes se les niega interrumpir un embarazo? Hasta ahora, sólo a las mujeres en condiciones socio económicas vulnerables, porque las mujeres que tienen acceso para viajar o para pagar un hospital privado definitivamente siempre tendrán la oportunidad interrumpir sus embarazos si están gestando fetos incompatibles con la vida extrauterina, tendrán la oportunidad de algo que no debería ser exclusivo, que no debería ser un privilegio, tendrán la posibilidad de salvar sus vidas. Pero si una mujer es joven, asiste al sistema público de salud, está en situación de pobreza, entonces esta mujer si tendrá que arriesgarse, tendrá que enfrentar la violencia de Estado, tendrá que dañar su salud y tendrá que morir. Publicado en http://www.informatvx.com/