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Comité de las Naciones Unidas le pide a El Salvador despenalizar el aborto

NOTA: Fotos y video de representantes del Centro de Derechos Reproductivos, Agrupación Ciudadana y Guadalupe Vásquez disponibles a petición

 

06/03/2017 – (COMUNICADO DE PRENSA) El Salvador debe despenalizar el aborto  al menos en ciertas circunstancias, y agilizar la aprobación del proyecto de ley de despenalización del aborto —según lo estableció el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

 

El Comité de la CEDAW recomendó al estado aprobar reformas al Código Penal para despenalizar el aborto en al menos cuatro causales. Es decir, cuando el embarazo ponga en riesgo la salud y vida y la integridad de las niñas o mujeres; cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, estupro o trata de personas;; o en casos donde la vida extrauterina del feto sea inviable. El Comité de la CEDAW también expresó graves preocupaciones por el incumplimiento del deber de confidencialidad de los médicos al reportar los casos de mujeres que han enfrentado complicaciones obstétricas  que terminaron en abortos espontáneos. De manera enfática, el Comité recomendó al Estado la revisión de los casos de manera expedita, de las más de 17 mujeres inocentes (“Las 17”) que están condenadas hasta por 40 años de prisión por delitos relacionados al aborto.

Durante la revisión de la CEDAW en febrero, la vicepresidenta del Congreso Salvadoreño, Lorena Peña, lideró la delegación del Estado y anunció el respaldo oficial del poder ejecutivo a la reforma al código penal que busca despenalizar el aborto en 4 casos específicos. Antes de la revisión de la CEDAW, el Centro de Derechos Reproductivos, junto con la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, y la firma Debevoise & Plimpton LLP, entregó un reporte al Comité de experta/os, detallando cómo la prohibición total del aborto ha causado discriminación y violaciones de derechos humanos contra las mujeres en El Salvador.

Catalina Martínez Coral, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos afirmó:

“La hostilidad extrema hacia el aborto en El Salvador pone en peligro la salud y la vida de las mujeres”.

 “Hoy el comité de las Naciones Unidas y la comunidad internacional ha hecho un llamado sin precedentes para que los legisladores salvadoreños aprueben la reforma y despenalicen el aborto en los 4 casos”.

 “Esperamos que los respaldos oficiales a las reformas del código penal presionen a la Asamblea Legislativa a implementar una ley que garantice que todas las mujeres tengan acceso a servicios de salud reproductiva y ponga fin a la persecución en contra de las mujeres”.

 

Por casi dos décadas, El Salvador ha criminalizado el aborto en todos los casos – inclusive en casos donde es necesario proteger la vida de la mujer – imponiendo penas desproporcionadas a las mujeres y a los médicos. La prohibición absoluta ha resultado en el encarcelamiento injusto de innumerables mujeres que han sufrido complicaciones en sus embarazos y terminan siendo juzgadas por el delito de homicidio, y condenadas hasta por 40 años de prisión.

Durante la revisión de la CEDAW, Carmen Guadalupe Vásquez Aldana (“Guadalupe”), una mujer salvadoreña injustamente encarcelada luego de sufrir una emergencia obstétrica y después de ser liberada en el 2015, ofreció su testimonio ante el Comité de las Naciones Unidas – el cuerpo de derechos humanos de las mujeres más importantes en el mundo. En el 2007, Guadalupe quedo embarazada después de una violación sexual. Meses después sufrió una emergencia obstétrica, se desmayó y sufrió de muerte fetal. Ella despertó en el hospital, donde los médicos informaron a la policía sobre su situación por sospechar que ella se había inducido un aborto. En febrero de 2008 fue condenada a 30 años en prisión por el delito de homicidio. Después de que el Centro y la Agrupación Ciudadana visibilizaron al caso de Guadalupe frente al gobierno nacional y ante las Naciones Unidas, ella fue perdonada y liberada en febrero de 2015 cuando la Corte Suprema de El Salvador encontró graves violaciones al debido proceso en su caso.

“Hoy me siento empoderada” dijo Guadalupe. “Quiero regresar a mi país a seguir luchando para que el Congreso Salvadoreño escuche las recomendaciones de las Naciones Unidas”, afirmó. “Somos inocentes, y ninguna mujer debe ser injustamente encarcelada. Es hora que seamos escuchadas sin miedo a ser perseguidas”.

En octubre de 2016, la vicepresidenta del Congreso Salvadoreño Lorena Peña presentó una enmienda al Código Penal que, de ser aprobada, despenalizaría el aborto en cuatro causales: cuando el embarazo pone en riesgo la vida, salud e  integridad de las niñas o las mujeres; en caso de que el embarazo sea producto de una violación sexual, en casos de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina. A la fecha, la reforma ha recibido el apoyo de la Alianza por la Salud y la Vida de Las Mujeres—una coalición de más de 30 organizaciones defensoras de Derechos Humanos, incluyendo la Agrupación Ciudadana, y diversos activistas y organizaciones internacionales de derechos humanos.

“El Congreso ya no puede demorar la aprobación de este proyecto de ley. Tenemos que dar fin al maltrato contra las mujeres”, dijo Morena Herrera, directora ejecutiva de la Agrupación Ciudadana.

El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado de manera continua para exponer las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador. En diciembre de 2015, El Centro y la Agrupación Ciudadana presentaron un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal órgano de derechos humanos en la región, en representación de nueve mujeres que tuvieron emergencias obstétricas y están encarceladas debido a la prohibición total del aborto.

En diciembre de 2014, la coalición de ONGs liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos, lanzó la campaña de “Las 17”, haciendo un llamado para la liberación de Guadalupe y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, y fueron juzgadas por aborto y sentenciadas por homicidio. “Mirna” una de las “Las 17”, fue liberada en diciembre después de haber estado en prisión. En febrero de 2015, Guadalupe fue perdonada y liberada después de siete años en la cárcel. Y en mayo de 2016, María Teresa fue liberada de acuerdo a una orden del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador que determinó absolverla y anular su condena. En febrero de este año, Sonia Tábora obtuvo su libertad permanente. Aún hay un sinnúmero de mujeres que siguen pagando penas de entre 30 y 40 años por delitos que nunca cometieron.

 

El Centro y la Agrupación Ciudadana escribieron el informe Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador, el cual documenta las consecuencias de la prohibición del aborto en los derechos humanos, e incluye las historias de cinco mujeres que fueron injustamente encarceladas por cometer abortos ilegales después de sufrir emergencias obstétricas. El informe analiza cómo los sistemas de salud, judicial y penitenciario de El Salvador, no garantizan los derechos humanos de las mujeres.