Conmemoramos el décimo aniversario de la muerte de Manuela, recordando que falleció privada de la libertad, condenada arbitrariamente por haber sufrido una emergencia obstétrica. Era una mujer salvadoreña de la zona rural del oriente del país, vivía en condición de pobreza, el Estado no le garantizó sus derechos básicos, no sabía leer ni escribir. Padeció un cáncer linfático que no fue diagnosticado a tiempo, pese a que desde 2006 consultaba en centros públicos de salud por fuertes dolores de cabeza, náuseas, cansancio y dolores generalizados. Lo único que recibía era analgésicos.

Las injusticias y violaciones de derechos humanos que enfrentó Manuela no son un caso aislado, sino que hacen parte de un patrón recurrente en El Salvador. Ella vivió una violencia sistemática y una criminalización desde que la Policía Nacional Civil (PNC) la trasladó al Hospital Nacional de San Francisco Gotera con una emergencia obstétrica, profundo sangrado y preeclampsia. Allí fue esposada a la cama e interrogada antes de recibir atención médica, lo cual continuó con un proceso judicial plagado de estereotipos de género y una defensa técnica deficiente que la llevaron a ser condenada a 30 años de prisión por un delito que no cometió.

En prisión, su salud desmejoró rápidamente y no se le brindó la atención necesaria para el cáncer que padeció. No tenía acceso a agua potable, no había enfermería en la cárcel y tenía que dormir en el suelo. Llegó al punto en el que no podía valerse por sí misma pero el trato que recibía era el de una interna más. A pesar de su evidente estado las autoridades penitenciarias y de salud no actuaron diligentemente para garantizar su vida e integridad. Manuela murió sola, lejos de su familia e hijos en el pabellón de reos del Hospital Nacional Rosales, esposada a su cama y siempre custodiada.

El trato inhumano al que fue sometida Manuela viola la Convención Internacional de Derechos Humanos de la cual el Estado salvadoreño es firmante, por eso su caso fue presentado por el Centro de Derechos Reproductivos, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 21 de marzo de 2012, ocho años después, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La llegada de este caso a la Corte IDH representa la primera oportunidad para que ese tribunal se pronuncie sobre las violaciones a los derechos de las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas, el rol del secreto profesional del personal médico en esos contextos de criminalización y el peso de los estereotipos de género en el acceso a la justicia de mujeres en situaciones vulnerables. El envío de este caso a la Corte ha sido celebrado por diversas organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres que consideran que sienta bases para no seguir criminalizando a mujeres que experimentan emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios.

Hoy, a 10 años del fallecimiento de Manuela, observamos con gran preocupación que en la década transcurrida muchas salvadoreñas han sido criminalizadas por sufrir una emergencia obstétrica. Mujeres que en la actualidad continúan privadas de libertad y enfrentan la precariedad de un sistema penitenciario colapsado en el contexto de una pandemia mundial como la del COVID-19. De hecho, en marzo pasado la ONU concluyó que en El Salvador hay mujeres detenidas de manera arbitraria por haber sufrido, justamente, emergencias obstétricas.

Ante la urgencia de adoptar medidas diferenciadas durante la emergencia, hacemos un llamado a las autoridades salvadoreñas para que tomen en consideración los perfiles de estas mujeres y las liberen como parte de las medidas de descongestión carcelaria que han recomendado organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.

Datos de interés

Manuela era una mujer salvadoreña, de escasos recursos, que no sabía leer ni escribir y que fue encarcelada injusta y arbitrariamente después de sufrir una emergencia obstétrica en la zona rural en la que vivía. Tras un juicio penal cargado de irregularidades y estereotipos de género, Manuela fue indebidamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado, y murió tan solo 2 años después, en 2010, por no recibir tratamiento de salud de un linfoma de Hodgkin. Su caso fue presentado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana a la CIDH el 21 de marzo de 2012.

El caso de Manuela representa los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en El Salvador debido a la prohibición total del aborto, una de las leyes más restrictivas del mundo. Durante casi 20 años, El Salvador ha criminalizado el aborto en todas las circunstancias -incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer- imponiendo duras penas criminales tanto a las mujeres como al personal de salud que busca y provee, respectivamente, un servicio de salud reproductiva.

Esta penalización ha resultado en el encarcelamiento de muchas mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, como abortos espontáneos, partos extrahospitalarios, entre otras, quienes luego son acusadas de tener abortos y son injustamente condenadas por homicidio.

La llegada de este caso a la Corte IDH permitirá crear estándares que todos los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deberán acoger y cumplir para garantizar el derecho a la vida, integridad y salud de las mujeres, incluyendo a las mujeres privadas de su libertad. También, permitirá establecer precedentes para que investigaciones y juicios contra mujeres se ajusten al debido proceso y a las garantías judiciales; para que los y las operadoras de salud respeten y garanticen el secreto profesional; y para que El Salvador asuma y cumpla con su responsabilidad internacional por no satisfacer y garantizar los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.