Publicado en La Prensa Gráfica
Por Ana Escoto
Copilco 503
*Escritora y economista radicada en México, D. F.
Desde hace algunas semanas hemos visto en las redes y en las calles la campaña de apoyo “Una flor por las 17”. Las 17 se refiere a ese número de mujeres que están en la cárcel por problemas obstétricos durante el embarazo, algunos presuntamente terminaron en un aborto y por tanto en condenas inverosímiles de 30 a 50 años, en casos donde se les ha acusado de hasta homicidio agravado. Escribo esta columna para demostrar mi completo apoyo a esta campaña que es sobre todo de derechos humanos. La campaña busca un indulto que repararía un poco la injusticia vivida por ellas.
La justicia y la inocencia tienen un precio en El Salvador. ¿Solo las mujeres pobres abortan? Salta esa duda al ver el perfil de las condenadas injustamente. Parece que el aborto (y su pena) solo funciona en los estratos bajos. Por ejemplo, de acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos y a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (“Excluidas, perseguidas, encarceladas”, 2013), el 51.16 % de las 129 procesadas entre 2000 y 2011 por estos delitos no recibían remuneración económica por su trabajo; un 31.78 % contaba con empleos de remuneraciones muy bajas. (El documento está disponible en la web).
Además de este evidente sesgo, más que las mujeres, es el mismo gremio médico el que debe ser puesto en evidencia. El que un doctor juzgue que una emergencia obstétrica que termina en aborto, lo califique como intencional y pueda remitir a las pacientes a las autoridades viola el secreto entre paciente y médico. El mismo informe declara que el 57.36 % proviene de los hospitales públicos y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), aunque la proporción ha disminuido desde 2007.
Pero más allá de cualquier juicio propio que podamos emitir, “las 17” se merecen el indulto porque tuvieron una deficiente defensa y no hay claridad en las pruebas (que no son directas) y se han basado en interpretaciones de los jurados.
Las 17 son el ejemplo más terrible de lo mucho que falta por ganar en los derechos de las mujeres salvadoreñas. La mujer es ciudadano de segunda clase, pues ella no vale en términos de lo que le sucede si está embarazada. En El Salvador, la vida de las mujeres está supeditada a demasiadas cosas, entre ellas a su papel de madre y no solo se está jugando con la salud, sino con su integridad y con su libertad.
No hay libertad, porque hay muy pocas “opciones” (que nadie quisiera tomar). No es posible que mujeres que están en situaciones riesgosas, que puedan morir de sus emergencias, se les sentencie a esperar milagros (como pasaba con el caso de Beatriz) o la cárcel.
El indulto a las 17 es la oportunidad que El Salvador tiene de redimirse de su sistema legal arcaico. Con ellas aún se puede hacer algo. Ellas no han tenido la misma suerte que otras mujeres que incluso han muerto dentro de las cárceles. Un caso retratado en la publicación citada “Excluidas, perseguidas, encarceladas” es el de Manuela. Ella murió de cáncer a los 33 años de edad mientras pagaba una condena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, tras haber sufrido una emergencia obstétrica y sin haber recibido nunca el tratamiento adecuado para el cáncer linfático que sufría.
Por eso mi flor de palabras en esta columna, para que su vida no se marchite.
