Saúl Hernández Alfaro
Digo 17 aunque bien podrían ser cientos o miles. En El Salvador el aborto se encuentra penalizado en todas sus formas. ¿Suficiente motivo para cuestionar a un Estado que niega y criminaliza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hasta llevarlas a la cárcel o la muerte?, yo creo que sí.
El 20 de abril de 1998 entró en vigencia en El Salvador un nuevo código penal, un año después fue ratificada una reforma constitucional que “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción” (Art.1), con este marco normativo es aprobado uno de los cuerpos legales más restrictivos en materia de aborto a nivel global que pasa a tipificarlo como un delito en causas que hasta ese momento eran permitidas: por motivos terapéuticos (casos de riesgo para la vida de la mujer); eugenésicos (casos de graves malformaciones en el feto) y éticos (casos de violación o estupro).
Se dice que no toda ley es justa y no todo lo justo es legal, en este contexto dicha frase cobra sentido dado que la penalización absoluta del aborto conduce año tras año a que cientos de mujeres en su mayoría jóvenes (31.4% del total de partos corresponden a mujeres entre los 15 y 19 años) y en situación de pobreza (31.78% de estas mujeres cuentan con empleos y remuneraciones bajas) recorran un tortuoso camino que pasa por las estaciones del hospital a la cárcel, y de la cárcel, en muchos casos a la muerte.
A pesar que las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones que velan por la defensa de los derechos humanos, han impulsado campañas y señalado que una legislación restrictiva y absolutamente condenatoria del aborto contradice y pone en riesgos las garantías para el goce de la libertad y autonomía de la mujer sobre su cuerpo, El Salvador forma parte de una minoría de países que se resiste a revisar su legislación sobre el aborto, una acción que otras naciones han realizado a fin de permitir el aborto en determinadas causas científicamente respaldadas. Un caso ilustrativo fue el de “Beatriz” una joven madre que debido a su cuadro clínico y la inviabilidad de su producto debía ser intervenida clínicamente para interrumpir su embarazo, pero que a pesar de ello fue sometida por las leyes nacionales y el criterio judicial a un proceso de parto que representó altos riesgos para su vida.
Según datos de una investigación realizada por la “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto ético, eugenésico y terapéutico”, entre los años que van del 2000 al primer trimestre del 2011, 129 mujeres fueron procesadas por el delito de aborto u homicidio agravado. De estas, 49 fueron condenadas: 23 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados, debiendo cumplir una pena de más de 30 años en prisión.
Del total de 23 casos de mujeres encarcelada por aborto, la Agrupación señala que en 17 de estos aplica la figura del indulto por razones de justicia y humanidad, que es contemplada en la Ley Especial de Ocursos de Gracia a través de la cual se pretende que puedan ser libradas de esta pena impuesta por el Estado y garantizar con ello la libertad y vida de estas jóvenes mujeres.
En este sentido el pasado 1° de abril, la Agrupación presentó ante la Asamblea Legislativa la solicitud de indulto, exigiendo al Estado revisar caso por caso. Como un procedimiento regular de formación de Ley, una vez aprobada la solicitud de indulto por la Asamblea Legislativa, esta pasa a ser evaluada por el Consejo Criminológico Nacional y la Corte Suprema de Justicia, una vez remitidos los informes correspondientes, la Asamblea elabora un dictamen que con mayoría simple puede conceder el indulto favorable para que finalmente sea aprobado por el presidente de la República y de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para proceder a la concesión de indulto al juzgado de vigilancia penitenciaria y proceda a la respectiva liberación de estas diecisiete mujeres que además de tener un nombre y una pena que purgar, también tienen una familia y proyectos por realizar.
Las 17 tan sólo representan una realidad silenciada en la vida de miles de mujeres que ante una ley condenatoria y escasos recursos limitan sus posibilidades en un camino de doble vía, y es que ante un embarazo en situación de riesgo deben acudir a la clandestinidad y la precariedad de una atención médica ilegal o a hasta un parto que puede conducirlas hasta su muerte.
La solicitud de indulto por estas mujeres abre una nueva oportunidad para que el Estado salvadoreño pueda atender las recomendaciones internacionales y que la sociedad en su conjunto avance en una discusión seria e integral que destaque la importancia de garantizar a las mujeres el goce de sus derechos sexuales y reproductivos sin que esto conduzca en consecuencia condenarlas a purgar una pena en la cárcel.
