San Salvador, 25 de noviembre de 2020. Las feministas salvadoreñas nos unimos al grito latinoamericano para decir: Nos queremos vivas. Desde 1981 se reconoció en el primer encuentro feminista EFLAC, el 25 de noviembre, como un día de lucha para denunciar las violencias machistas. Una fecha para denunciar que este sistema patriarcal a cada minuto nos
arrebata vidas de compañeras, hijas, amigas y hermanas. Es por eso que salimos a las calles, porque no vamos a permitir que el Estado Salvadoreño olvide sus nombres. Salimos juntas y caminamos sin miedo, pedimos justicia y gritamos por cada desaparecida. Estamos aquí para denunciar la impunidad del feminicida. La pandemia del COVID-19 nos sometió a un confinamiento sin precedentes, con la atenuante de sobrevivir al encierro en el hogar con nuestros agresores. Ha quedado en evidencia que antes que el virus nos asesine, nos está matando el machismo y la misoginia. Este día denunciamos las múltiples violencias contra nuestros cuerpos, vidas y dignidad:

1. La desarticulación de las instituciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Como el caso de UNIMUJERES de la Policía Nacional Civil (PNC) y la ausencia del ISDEMU. De acuerdo a la DIGESTYC, se registró que durante la pandemia el 40% representa a mujeres que recurrieron a la PNC por apoyo estatal. En el contexto de la crisis de salud pública, las unidades permanecieron cerradas o disminuyeron su capacidad laboral, lo cual evidenció una gestión de la emergencia nacional sin enfoque de género. Luego de pasados 45 días de confinamiento obligatorio, el Gobierno desplegó una estrategia por medio de mensajes de texto con los números telefónicos del ISDEMU. No obstante, eso no es suficiente cuando las mujeres sobreviven en casa con sus agresores.
2. Los femicidios. En abril se contabilizaron 15 feminicidios y en mayo 10, dos meses que fueron de total aislamiento para la ciudadanía. Hasta la fecha se han registrado 84 feminicidios que aún están en impunidad y no se tiene justicia para todas las madres y familiares de las víctimas de este delito. De todas las denuncias de feminicidios realizadas ante el sistema de justicia, sólo un 8.5% de las muertes de mujeres procesadas durante los últimos ocho años se ha logrado probar que ocurrió un feminicidio. Y el Estado salvadoreño permite la impunidad en casos como el de Carla Ayala, Pricila García, Fernanda Nájera y Zulma Valencia. Además de las miles de mujeres que el sistema no contabiliza como feminicidio. Por eso, este día exigimos pronta justicia para las mujeres y niñas de este sistema judicial.
3. La invisibilización de los trans feminicidios y violencia contra personas LGTBI. Existe nulo interés de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil en investigar los asesinatos de las compañeras trans y los crímenes de odio cometidos a la población LGTBI. El incumplimiento de la reforma al código procesal penal en sus artículos 129 y 155 en judicializar los crímenes de odio como en el caso de la compañera trans Camila Díaz Córdoba, donde sus agresores fueron agentes de la PNC y a estos no se les juzgó con esta agravante. Una vez más, denunciamos la lesbofobia y transfobia, la invisibilización de la violencia y discriminación contra personas LGTBI. La falta de interés de la Asamblea Legislativa en discutir el anteproyecto de Ley de identidad de género que ya tiene más de 2 años desde que se le presentó dicha iniciativa. Lo anterior sólo evidencia la falta de voluntad política que tiene el Estado sobre las vidas de las mujeres trans en este país.
4. Criminalización y penalización del aborto, en El Salvador, esta violencia de Estado contra las mujeres se perpetúa debido a las leyes restrictivas que penalizan el aborto de manera absoluta, negando derechos reproductivos para las mujeres y niñas. En este marco, nos unimos a la denuncia por el feminicidio de Estado cometido contra Manuela al ser condenada a 30 años de prisión debido a una emergencia obstétrica. Estando privada de libertad. Manuela falleció en 2010 a causa de un cáncer linfático. Por ello, exigimos justicia y que el Estado repare de manera integral a su familia. Además, exigimos la reforma al artículo 133 del Código Penal que nos garantice el derecho a decidir y un Estado laico sin fundamentalismos religiosos.
5. Embarazos impuestos y violencia sexual. Hasta septiembre se contabilizaron 379 embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad y 9,709 en jóvenes de 15 a 19 años. A esto se suman las 759 consultas a personas atendidas por primera vez en la red de salud por lesiones causadas por violencia sexual. 712 fueron mujeres, es decir, el 94 %, y este porcentaje representa que 8 de cada 10 eran niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad que sufrieron algún tipo de violencia sexual.
6. Ciberviolencia y acoso a periodistas y defensoras de derechos humanos. Intentos de coartar la libertad de expresión y prensa para periodistas, defensoras de derechos humanos y población en general por parte de un gobierno que cumple guiones del siglo pasado y que obstruyen la construcción de la democracia.
7. Militarización de la seguridad pública. Las violaciones sistemáticas a derechos humanos, a la Constitución de la República y a la división de poderes del Estado por medio del uso excesivo de los agentes policiales y militares para reprimir cualquier intento de fiscalización del poder al Ejecutivo.
8. Violencia laboral. Las trabajadoras domésticas, textiles y bordadoras a domicilio han enfrentado despidos sin goce de sueldo ni indemnización, suspensión de contratos y precarización laboral. Un caso es el cierre de la Industria Florenzi que causó el despido injustificado de 194 mujeres de una maquila. Por esto, exigimos al Ministro de Trabajo que ejerza su rol y no permita que más empresas se desvinculen de sus trabajadoras sin ningún tipo de responsabilidad laboral. Y a la Asamblea Legislativa, la pronta ratificación de los Convenios 177, 189 y 190 de la OIT para el reconocimiento y garantía de derechos laborales.
9. Violencia política. En el marco de la contienda electoral, una vez más, los ataques, acoso, campañas de desprestigio, desinformación y manipulación de datos, son parte de la violencia política que enfrentan las mujeres que ejercen el derecho de participar en la política partidaria. Además, denunciamos los obstáculos que enfrentan las mujeres, sobre todo aquellas que tienen una identidad y orientación sexo-genérica disidente.
10. La crisis de los cuidados. La pandemia puso en evidencia la desigualdad en las tareas domésticas entre hombres y mujeres que demuestra la falta de políticas públicas de los cuidados. Durante el confinamiento se congeló la economía monetaria y se sobre exigió de la economía no monetaria y doméstica. Por ello, le exigimos al Estado salvadoreño un sistema público de cuidado para evitar la recarga de este trabajo no remunerado a las mujeres.
11. Impunidad sobre masacres y crímenes de lesa humanidad. Este año el presidente de la República impidió al juez Jorge Guzmán la inspección de los archivos militares que pudieran existir sobre el caso de El Mozote. Esto violenta nuestros derechos a la verdad, justicia, y reparación y permite que la impunidad siga presente. Asimismo, denunciamos cómo los Acuerdos de Paz se firmaron sobre el silencio de las mujeres. Pues no existen informes diferenciados sobre las violencias que las mujeres enfrentaron en ese contexto. Por ello exigimos al Estado políticas de reparación para las víctimas. Es así como reivindicamos nuestras luchas interseccionales y reconocemos la sororidad y solidaridad entre nosotras y las diferentes redes feministas que luchamos por una vida libre de violencia para nuestras compañeras, hermanas y amigas. Queremos verdad y justicia para Fernanda, Pricila, Carla, Zulma, Manuela y todas las que el patriarcado nos arrebató.