Se cumplen tres años de la muerte de Beatriz, una joven que con su firmeza para demandar su derecho a vivir, nos conmovió, mostrándonos las graves consecuencias de una legislación injusta.
En abril de 2013, a la recepción de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización al Aborto llegó un sobre cerrado. En el interior venía un resumen médico del jefe de Neonatología del Hospital Nacional de Maternidad, que exponía el caso de Beatriz, una joven de 22 años, con lupus eritematoso sistémico que tenía un embarazo anencefálico. El Comité Médico del Hospital recomendaba la interrupción del embarazo de manera urgente, para no poner en riesgo su vida y su salud. El acta venía firmada por los 11 médicos Jefes de Área del Hospital. Sin embargo, teniendo en cuenta la legislación penalizadora del aborto en El Salvador, pedían a la Unidad Jurídica del Hospital que les garantizara la autorización legal para realizar el procedimiento médico.
En el sobre solo venían estos documentos, no contenía nada más; pero, sentimos que alguien nos enviaba una llamada anónima de auxilio para ayudar a aquella joven.
Se buscó a Beatriz y se habló con ella. Fue contando su historia, hacía años empezaron los síntomas de su enfermedad. Fue diagnosticada y comenzó su tratamiento. Durante ese proceso quedó embarazada y el personal médico le recomendó que dejara de tomar la medicación pues afectaría al feto. Su primer embarazo fue muy complicado y afectó gravemente su salud con una preeclampsia severa. El 4 de mayo de 2012, su hijo nació prematuro mediante cesárea y con graves problemas pulmonares e intestinales, por lo que estuvo 38 días en cuidados intensivos. Ella era consciente de la fragilidad de su hijo y por eso decidió que no la esterilizaran, pues temía que ese niño pudiera morir y deseaba la posibilidad de tener otro hijo. Pero, ese segundo embarazo la tenía en grave riesgo de salud y además, al realizar la ecografía del feto, se diagnosticó que era anencefálico, carecía de parte del encéfalo y el cráneo, por lo que no podría sobrevivir si llegaba a nacer.
Beatriz tenía una posición clara: ella quería vivir y tenía un hijo de año y medio, con una frágil salud, al que quería cuidar. Nos expresaba que si la criatura de la que estaba embarazada tuviera alguna posibilidad de vida, ella expondría su salud para tenerlo pero sabía que no podía sobrevivir.
Esa firmeza y claridad en defender su derecho a decidir sobre su vida y su salud movilizó, al inicio, a un pequeño grupo de personas, sobre todo mujeres jóvenes, que la acompañaron permanentemente para darle apoyo, durante todos los días y horas, procurando hacer más fácil su espera, mientras se obtenía el permiso legal para interrumpir ese embarazo.
El riesgo de salud de Beatriz aumentaba conforme se prolongaba el embarazo, por lo que se empezó a trabajar intensamente para conseguir la garantía jurídica que necesitaban los médicos que la trataban, para poder proceder desde el punto de vista que el conocimiento médico recomendaba.
Se fue explicando este caso a personas y organizaciones defensoras de derechos de las mujeres y rápidamente la demanda de Beatriz generó solidaridad y empatía. Para acelerar que se autorizara la intervención, se dio apoyo legal a Beatriz, quien presentó el 11 de abril de 2013 un amparo ante la Sala de lo Constitucional, en el que se solicitaba que la Sala ordenara la intervención médica inmediata de la paciente para salvaguardar su derecho constitucional a la vida y a la salud.
Su caso, rápidamente, se conoció en los medios de comunicación, a través de las conferencias de prensa que se realizaron y las concentraciones ante la Corte Suprema de Justicia, para que diera una pronta resolución.
Muchas personas no comprendían cómo era posible que el personal médico no pudiese interrumpir ese embarazo que era inviable y ponía en grave riesgo la salud y la vida de Beatriz. En este momento, mucha ciudadanía, medios de comunicación, políticos tomaron conciencia de las terribles consecuencias que podía tener la legislación que prohíbe el aborto absolutamente, penalizando incluso cuando se realiza para salvar a la mujer gestante. Se generaron fuertes debates en medios de comunicación, universidades, en el seno de las familias, pensando que un caso similar le podría ocurrir a sus esposas, hermanas, amigas y que podrían morir o tener graves secuelas de salud por la legislación existente.
Conscientes de la poca eficacia que tienen en nuestro país los recursos de amparo, se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una petición de Medidas Cautelares para que se le garantizaran sus derechos a Beatriz.
Durante nueve semanas, Beatriz, los médicos tratantes y las personas que apoyaban a Beatriz en la defensa de sus derechos tuvieron que enfrentar ataques de grupos fundamentalistas minoritarios que querían impedir la interrupción del embarazo, aunque la criatura no tuviera ninguna posibilidad de sobrevivir y ella estuviera en grave riesgo. Tuvo que soportar un continuo acoso telefónico, pero ella lo decía firme y claro: “Quiero vivir”. A finales de mayo, la Sala de lo Constitucional, en un proceso confuso y lleno de irregularidades, hizo una resolución ambigua que no permitía al personal médico interrumpir el embarazo pero, sin embargo, lo responsabilizaba de la salud y vida de Beatriz.
El 29 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo organismos jurídico de nuestro continente, emitió una resolución en la que requería al Estado salvadoreño que adoptara y garantizara todas las medidas necesarias para que el personal de salud pudiera realizar la práctica médica que considerara necesaria para garantizar el derecho a la salud y la vida de Beatriz. El personal médico realizó una cesárea, extrayendo a la criatura que murió a pocas horas tal como estaba diagnosticado.
La firmeza de Beatriz en defender su derecho a la vida y la irracionalidad e injusticia de la legislación salvadoreña dieron la vuelta al mundo y su causa fue noticia en los principales medios de comunicación internacional, mostrando apoyo y solidaridad con esta joven salvadoreña.
Beatriz reanudó su vida, con su salud muy frágil y sin que se le garantizara una atención médica especial. En el viaje desde la comunidad rural donde vivía a una cita médica, tuvo un accidente y, aunque no fue grave, al ser hospitalizada contrajo una enfermedad nosocomial y por su frágil salud murió hace 3 años.
Beatriz no está físicamente presente, pero su recuerdo no nos abandona, su firmeza y voluntad ha marcado a todas las personas que la acompañamos en la defensa de sus derechos, comprometiéndonos a que ninguna otra mujer deba afrontar una situación similar. Ella decidió presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los daños que le causaron; próximamente se realizará la Audiencia, para que se reconozca que el Estado no le garantizó y violó sus derechos. Se espera el resarcimiento necesario a su pequeño hijo y su familia, y que se tomen medidas para que ninguna otra mujer deba enfrentar una situación como la que ella vivió.
Un pequeño memorial nos la recuerda en la Plaza de la Salud de San Salvador.
