La Plataforma por la Seguridad Ciudadana integrada por 18 organizaciones de sociedad civil que trabajan en prevención de la violencia, atención a víctimas y rehabilitación e inserción en El Salvador. Este espacio surgió en 2019 con el objetivo de incidir en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de seguridad en el país.
Este día la Plataforma ha invitado a representaciones de los distintos partidos políticos y candidaturas no partidarias en contienda en las elecciones para diputaciones a la Asamblea Legislativa, que se realizarán el próximo 28 de febrero. El objetivo es conocer las propuestas que candidatos y candidatas a la Asamblea tienen para abordar las distintas problemáticas de seguridad ciudadana que afectan a la población salvadoreña. Al mismo tiempo, las organizaciones que conformamos la Plataforma presentaremos las propuestas que se han elaborado desde la experiencia acumulada en nuestros diferentes espacios de intervención en materia de seguridad ciudadana.
Hemos convocado este 9 de febrero porque queremos hacer un recordatorio sobre la gravedad de los hechos ocurridos hace un año en esta fecha, donde el presidente de la república realizó una toma armada de la Asamblea Legislativa, haciendo un uso político de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador, con el fin de presionar e intimidar
al Órgano Legislativo para la aprobación de un préstamo que permitía la compra de equipamiento para la implementación de acciones de seguridad. Consideramos que las candidaturas a la Asamblea Legislativa deben dejar claro su compromiso con la democracia, la legalidad, los derechos humanos y la independencia y autonomía de las instituciones especialmente en materia de seguridad. Creemos que esta fecha representa un recordatorio
de lo que no podemos permitir en nuestro país y a lo que no se puede contribuir desde ningún cargo público.
La violencia política, que se ha visto exacerbada hasta llegar a la violencia letal en El Salvador, es un llamado directo a la responsabilidad ética de los funcionarios y las funcionarias públicas. Esta responsabilidad pasa por el rechazo claro y fuerte hacia todo tipo de violencia, pero también por la exigencia ciudadana de contar con propuestas claras, coherentes, respetuosas del Estado democrático de derecho y de los derechos humanos en el ámbito de la seguridad ciudadana. Es necesario defender la democracia a partir del estado de derecho, el respeto a la institucionalidad y el control de la legalidad de los actos públicos, y no permitir que se responda a intereses políticos partidarios, a concentraciones insanas de poder, a la permanencia en este sin que se cuente con propuestas técnicas, basadas en evidencia y que respondan a la diversidad de expresiones victimizantes y problemáticas sobre la seguridad que afectan a la población salvadoreña. Las políticas de seguridad ciudadana deben ser
públicas, transparentes, participativas e integrales.
Las organizaciones que conformamos la Plataforma por la Seguridad Ciudadana reconocemos que el descenso de las muertes violentas representa un cambio significativo y fundamental para las poblaciones que han vivido situaciones de violencia letal durante décadas. Deseamos
firmemente que este descenso se profundice y mantenga por el bien de la población, especialmente, de aquellas poblaciones con mayor demanda de protección reforzada por su exclusión como niñez, adolescencia, juventudes, mujeres, población LGBTI, personas privadas de libertad, entre otras, con quienes hemos trabajado durante años. Pero también exigimos
que las causas de este descenso sean transparentadas con base en la evidencia, ya que solo conociendo las estrategias que han provocado este descenso podemos decidir sobre su pertinencia, legalidad y sostenibilidad.
Las candidaturas a la Asamblea Legislativa tienen un gran reto por delante. No solo deben dignificar la función pública, sino también dar muestras de su capacidad técnica y ética para ocupar el cargo. Ante ello, las organizaciones exigimos respuestas ante estos retos y deudas pendientes:
• Armonizar los marcos normativos vigentes en seguridad, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, género e inclusión.
• Regular la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, de acuerdo a los límites constitucionales y ante el riesgo de utilización política de la institución.
• Reconocer la necesidad y urgencia de revisar y reformar los marcos regulatorios de la Policía Nacional Civil, fortaleciendo sus controles internos y la lucha contra la corrupción.
• Generar marcos normativos que regulen, den sostenibilidad y permanencia a un sistema nacional de prevención de la violencia y un sistema nacional de atención y protección a las víctimas de la violencia, así como la revisión de la política criminal respecto a violencias crueles como la violencia por medios sexuales.
• Exigimos el archivo de la propuesta de Ley de Seguridad Nacional y la revisión profunda de las propuestas de reforma presentadas por la Fiscalía General de la República, en coherencia con las garantías procesales y los derechos humanos.
• Exigimos la aprobación de la propuesta de Ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras en El Salvador y el compromiso de generar y mantener espacios de participación y diálogo con los distintos sectores sociales, incluyendo las organizaciones de derechos humanos.
