Viernes, 2 de agosto de 2019.- El Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Women’s Equality Center (WEC), la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron el 31 de julio, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, los casos de cuatro mujeres que fueron privadas de su libertad arbitrariamente, luego de ser acusadas de homicidio agravado tras haber sufrido emergencias obstétricas.
“Esta es una oportunidad para continuar visibilizando ante el mundo la sistemática violación de derechos humanos que sufren las mujeres en nuestro país a raíz de la penalización absoluta del aborto. Con estos cuatro casos emblemáticos, esperamos que el Grupo de Naciones Unidas determine que El Salvador persigue y detiene arbitrariamente a mujeres que sufren emergencias obstétricas y/o partos extra hospitalarios, particularmente aquellas en condición de pobreza y ruralidad. Todo ello configura un contexto de criminalización de las mujeres que muchas veces inicia en las salas de emergencia de hospitales públicos”, señaló Morena Herrera, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Entre el 2000 y 2014, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto identificó 149 casos de procesos jurídicos por aborto u homicidio agravado contra mujeres que enfrentaron emergencias obstétricas.
La Agrupación, en conjunto con las organizaciones antes señaladas, levantaron la información de los casos y determinaron que en todos, las detenciones de las mujeres se dieron sin una orden judicial, carecieron de fundamento legal en razón de que tanto el tipo penal que se les imputa, así como los criterios utilizados para la aplicación de la prisión preventiva, son contrarios al derecho internacional. Asimismo, presentaron un notorio sesgo de género y condición socioeconómica. Posteriormente, una vez sometidas a juicio, el sistema penal dio pie a procesos parcializados y se negaron sus garantías procesales.
Esto permite evidenciar, señalan las organizaciones, que en los casos concurren cuatro de las cinco condiciones para que se configure una detención arbitraria, de acuerdo a lo establecido por el Grupo de Naciones Unidas.
Agregan que estos casos son consecuencia de la prohibición absoluta del aborto que criminaliza a las mujeres, las estigmatiza y las condena injusta y arbitrariamente por no reconocer sus derechos sexuales y reproductivos.
El Salvador es uno de los seis países de América Latina donde el aborto es penalizado en todas las circunstancias, en el que además existe una política de persecución contra las mujeres que por razones ajenas a su voluntad se enfrentan a complicaciones durante su embarazo. Todo esto, en un contexto marcado por la exclusión, donde el acceso a la salud es deficiente, no existe una educación sexual de calidad, se mantienen altos índices de pobreza, de extrema violencia y de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, lo cual contrasta con la diligencia con que es realizada la persecución en su contra.
Las organizaciones firmantes solicitaron al Grupo de Expertos de Naciones Unidas analice estos casos, como referentes emblema de una problemática estructural y sistémica que afecta a miles de mujeres salvadoreñas. Por último, solicitaron que emita observaciones para que El Salvador garantice los derechos de su población.
RESUMEN DE LOS CASOS
Nombre: Sara del Rosario Rogel García
Fecha de detención: 8 de octubre de 2012
Estado actual: Privada de libertad
Sara Rogel llegó al Hospital Nacional de Cojutepeque en grave estado de salud a causa de una emergencia obstétrica, desgarro y sangramiento. Fue detenida bajo vigilancia policial a pesar de su delicado estado de salud. La Fiscalía General la acusó de “Homicidio Agravado”, delito del cual fue considerada culpable por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, el 12 de septiembre de 2013 por lo que se encuentra cumpliendo una pena de 30 años de prisión.
Nombre: Berta Margarita Arana Hernández
Fecha de detención: 24 de septiembre de 2013
Estado actual: Privada de libertad
Berta Arana, a sus 20 años, sufrió una emergencia obstétrica el 23 de septiembre de 2013, al experimentar un parto extrahospitalario. Al día siguiente fue detenida por la Policía Nacional en el Hospital Nacional de Ahuachapán, donde recibía atención médica de urgencia. La Fiscalía General la acusó de intento de homicidio agravado, delito del que fue encontrada culpable por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán. Aún se encuentra arbitrariamente privada de su libertad y se le ha negado arbitraria y sistemáticamente el acceso a beneficios penitenciarios.
Nombre: Evelyn Beatriz Hernández Cruz
Fecha de detención: 6 de abril de 2016
Estado actual: Libertad provisional
Evelyn Hernández, de 21 años, fue acusada de intento de homicidio agravado luego de sufrir una emergencia obstétrica. Su madre la llevó de emergencia al hospital, donde en lugar de recibir las atenciones médicas y el acompañamiento necesario, fue detenida arbitrariamente y sometida a un proceso penal. El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque la condenó a 30 años de cárcel. Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal anuló la sentencia, tras ser sometido un recurso de apelación, y ordenó realizar un nuevo juicio ya que la Fiscalía General de El Salvador nunca pudo comprobar la acusación. La nueva audiencia inició el 24 de junio de 2019 y continuará el próximo 15 de agosto.
Nombre: Imelda Isabel Cortez Palacios
Fecha de detención: 17 de abril de 2017
Estado actual: En libertad
Imelda Cortez, a sus 19 años, sufrió una emergencia obstétrica el 17 de abril de 2017. Quedó embarazada producto de violaciones sexuales reiteradas por parte de su padrastro, un hombre de 70 años, que comenzó a violentarla desde que ella tenía 12 años. Cuando fue al hospital a buscar atención médica de emergencia, el personal en lugar de atender la urgencia, la acusó de haber tenido un aborto. A pesar de que su hija está sana, Imelda fue imputada rápidamente por “homicidio agravado en grado de tentativa” un delito con una pena mayor. El 17 de diciembre de 2019, fue declarada absuelta de toda responsabilidad por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
