- urgencia en el sistema de salud. Los hechos son similares a los del caso Manuela, por el que El Salvador fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021.
- Organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado para que el Estado salvadoreño implemente la sentencia del caso de Manuela, con acciones para difundir el protocolo de atención de violencias obstétricas, brindar educación sexual integral y proteger el secreto profesional médico.
- Las organizaciones que participaron en el litigio del caso y la familia de Manuela realizarán este viernes 30 de junio una fiesta popular para reivindicar su memoria y borrar el estigma asociado a la criminalización que vivió Manuela.
San Salvador, 29 de junio de 2023 (Comunicado de prensa) – Por lo menos cuatro mujeres salvadoreñas que acudieron a servicios médicos tras sufrir emergencias obstétricas durante el último año, enfrentan hoy la posibilidad de ir a prisión. A dos de ellas se les aplicó los términos del Régimen de Excepción, que se imputa en delitos relacionados con el crimen organizado. Eso a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó hace más de un año a El Salvador por el caso de Manuela, en una sentencia en la que explícitamente le ordenó al Estado garantizar la atención integral en salud a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas, evitar su denuncia y criminalización, y proteger el secreto profesional médico.
La alerta fue emitida por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador y el Centro de Derechos Reproductivos, tras revisar los informes de avance de cumplimiento de la sentencia #ManuelaJusticiayEsperanza, presentados por el Estado a la Corte IDH. En esos informes, las organizaciones identificaron deficiencias en la implementación, que se reflejan en la falta de difusión y aplicación de los protocolos para la atención de emergencias obstétricas, así como en la falta de garantías para el secreto profesional médico. Además, se constató que persisten las denuncias realizadas por el personal médico que atiende a mujeres que enfrentan emergencias obstétricas, y que no se ha registrado ningún avance en la implementación de una currícula de educación sexual integral. Asimismo, se mantiene la prohibición total del aborto en El Salvador, normativa que favorece el contexto de criminalización de las emergencias obstétricas, según la Corte IDH.
En los cuatro nuevos casos de emergencias obstétricas reportados, el personal de salud dio aviso a las autoridades policiales y judiciales antes de atender la urgencia médica en la que se encontraban las mujeres. Inclusive, dos de estos casos ocurrieron después de que el Estado publicara los Lineamientos Técnicos para el Cumplimiento del Secreto Profesional Médico — medida dirigida a cumplir, supuestamente, con la Sentencia de Manuela— en los que se prohíbe divulgar información confidencial de la paciente, y se protege de manera específica la información de casos asociados a salud sexual y reproductiva, en particular las emergencias obstétricas.
Estos casos recientes son un indicio de que el patrón al que fue sometida Manuela, y que generó la condena de la Corte IDH contra el Estado salvadoreño, aún continúa arraigado, y reflejan que la práctica de violar el secreto profesional médico para denunciar a personas que han enfrentado emergencias obstétricas continúa, a pesar de que la Corte IDH dio instrucciones claras para evitarlo.
Las tres organizaciones que participaron de la revisión de los informes de cumplimiento, reconocen que la publicación de los lineamientos de secreto médico y el protocolo de manejo de emergencias obstétricas son un avance importante, pero no resuelven los problemas estructurales que llevan a que el personal médico se vea obligado a denunciar a las pacientes, como aún ocurre por la penalización total del aborto.
“Los avances en la regulación seguirán siendo insuficientes mientras persista la prohibición absoluta del aborto, que es el problema estructural mayor en El Salvador. En la sentencia de Manuela, la Corte Interamericana reconoció que esa prohibición afecta los derechos de las mujeres y favorece la criminalización de quienes enfrentan emergencias obstétricas, en especial las mujeres más vulnerables que son las jóvenes, con menos recursos y de zonas rurales”, declaró Catalina Martínez Coral, Directora Regional del Centro de Derechos Reproductivos.
Los lineamientos para el secreto profesional que fueron expedidos por el Estado en noviembre de 2022, establecen que quienes violen arbitrariamente el secreto profesional podrían ser sancionados, y plantean que ese secreto sólo se puede levantar con autorización escrita del paciente o por “razones legales o médicas imperiosas”. Sin embargo, no se ha definido específicamente cuáles son las razones legales o médicas que justificarían la divulgación de tal información, lo que deja espacio para interpretaciones amplias que podrían seguir afectando los derechos de las mujeres.
Para implementar la sentencia de Manuela, como lo ordenó la Corte IDH, es fundamental que el acceso a la historia clínica se limite estrictamente a la información médica necesaria. Lamentablemente, hasta la fecha, El Salvador no ha establecido mecanismos que garanticen este aspecto. También es crucial que, en el caso de emergencias obstétricas, prevalezca la atención médica adecuada y que ninguna institución recurra al uso de grilletes u otros medios de coerción física para las pacientes. Sin embargo, no se dispone de información clara sobre cómo se está difundiendo e implementando la normativa que regula estas prácticas entre el personal médico y administrativo de los centros de salud.
A lo anterior se suma que en el país no se han registrado avances en la incorporación de educación sexual integral en los programas escolares en el sistema educativo salvadoreño. La Corte IDH le ordenó al Estado que, en un plazo de dos años, creara contenidos pedagógicos no discriminatorios y científicamente rigurosos en función de la edad y las capacidades evolutivas de niñas y niños. Pero a seis meses del vencimiento de ese plazo, los reportes disponibles indican que hay retrocesos. Por ejemplo, desde septiembre de 2022 el Ministerio de Educación tomó medidas regresivas como el retiro de libros sobre violencia de género y educación sexual integral de los centros educativos, y la eliminación de las guías y demás materiales que existían en las plataformas web del Ministerio de Educación sobre el tema.
Las organizaciones firmantes recordaron que, con base en las órdenes de la Corte Interamericana y de las nuevas regulaciones estatales, el personal médico está obligado a respetar el secreto profesional y no puede reportar o denunciar casos vinculados a aborto o emergencias obstétricas. Igualmente, la Corte IDH señaló que aunque el caso de Manuela no es único ni aislado, el propio Estado salvadoreño ha de disponer de mecanismos para que las mujeres que han sido criminalizadas por hechos relacionados con emergencias obstétricas accedan a justicia y reparación.
“Con Manuela aprendimos que la crueldad del ensañamiento judicial que criminaliza a mujeres empobrecidas que sufren emergencias obstétricas parece no tener límites en El Salvador, pero sobre todo aprendimos que las luchas colectivas y solidarias pueden transformar esta realidad para abrir caminos de justicia y esperanza”, dijo Morena Herrera, Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto e integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
Una fiesta en memoria de Manuela
Entre las medidas que la Corte ordenó para que ninguna otra persona deba vivir lo que Manuela sufrió, se incluye una medida de reparación simbólica que implica que el Estado pida perdón público a sus familiares y que reconozca su responsabilidad internacional. Un año y medio después de la sentencia, ese acto aún no se ha realizado.
“Esta sentencia abrió un camino de esperanza para las mujeres y personas gestantes en El Salvador, al reconocer que el Estado salvadoreño le falló a Manuela y a su familia. Esto ha permitido conocer la verdad y con ello iniciar un proceso de reparación simbólica”, declaró Alejandra Burgos, vocera de la Colectiva Feminista.
A la espera del acto oficial de disculpas y de reconocimiento de responsabilidad que debería realizar el Estado, las organizaciones que apoyaron el litigio se unirán a la familia de Manuela en la celebración de una fiesta popular en Cacaopera, el pueblo donde ella vivió.
Para la familia de Manuela, este acto es un gesto de esperanza. “Para nosotros como familia significa mucho la instalación del memorial en la Plaza Central porque significa limpiar su nombre. La gente se va a dar cuenta que mi mamá estuvo detenida tantos años por un delito que no cometió”, declaró Jesús, uno de los hijos de Manuela.
La celebración será el próximo 30 de junio de 2023 e incluirá la instalación de una placa en su nombre. Con estas acciones se busca reivindicar su memoria, superar el estigma de la criminalización y hacer un llamado a que cesen las injusticias reproductivas.
