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La sociedad salvadoreña enfrenta desde 1998, en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, uno de sus períodos más obscuros y de persecución a las mujeres, especialmente a las que viven en situación de pobreza, que son la mayoría.

Con la legislación penal se impuso el cierre a cualquier posibilidad de realizar una interrupción de embarazos, aun así peligre la salud y la vida de las mujeres. De esta manera el personal médico se ve imposibilitado de intervenir a sus pacientes que enfrentan graves riesgos para su salud, por ejemplo ante embarazos ectópicos, embarazos ováricos, tubáricos y abdominales, tienen que esperar a que ya no exista latido fetal para intervenir a sus pacientes. Así pasa también con otras mujeres que padecen enfermedades pre existentes que se complican con el embarazo, ellas acuden al hospital en búsqueda de apoyo, pero las y los médicos tienen amarradas las manos, porque la ley les impide hacer lo que su conocimiento científico les indica: interrumpir el embarazo.