Yanuario Gómez
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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), junto a la Asociación de Mujeres Abogadas (AMA), desarrollaron un conversatorio con juristas nacionales y extranjeros sobre el tema, en el que hizo un un llamado a los diputados para legislar por la salud y la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes salvadoreñas y aprobar la despenalización del aborto.
El foro denominado Garantías Constitucionales ante la Colisión de derechos entre la mujer gestante y el nasciturus (El que va a nacer) trató sobre los vacíos de la legislación nacional y tratados internacionales en materia de derechos reproductivos que se presenta a la hora de dictar leyes sobre estos temas.
“La interrupción del embarazo debe ser permitida en casos en que esté en peligro la vida de la mujer gestante o cuando la vida del naciturus (El que va a nacer) no sea posible después del nacimiento, es decir, que el recién nacido no pueda desarrollarse como un ser humano integral debido a complicaciones o malformaciones adquiridas antes del nacimiento por diversos factores”, explicó Ricardo Iglesias, constitucionalista salvadoreño.
Para Iglesias, si bien es cierto la legislación nacional y los tratados internacionales reconocen los derechos del niño desde el momento de su concepción, estos no son absolutos, ya que no prevalecen ante los demás derechos incluyendo los de la mujer gestante.
Respecto al tema, este lunes la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa realizó una sesión de consulta sobre las propuestas de reforma al artículo 133 del Código Penal relativo al aborto presentadas por los diputados Ricardo Velázquez Parker, del partido ARENA, y Lorena Peña, del FMLN.
Parker, en su propuesta, solicita que se incrementen las penas para la mujer y al personal que realiza una interrupción del embarazo, mientras que Peña insta a despenalizar el aborto en situaciones específicas en las que esté en riesgo la salud o la vida de la mujer gestante, exista una malformación congénita que imposibilite la vida del niño después del nacimiento, embarazos producto de violación o trata y en casos de niñas o adolescentes que afrontan una maternidad impuesta por abuso sexual.
“En cuanto a estas dos iniciativas, creemos y apoyamos la presentada por la diputada Lorena Peña, ya que es un avance en el tema y brindaría a la mujer gestante la facultad de realizar un aborto dadas estas cuatro causales”, razonó Abraham Ábrego, director de FESPAD.
Según Ábrego, la constitución debe respaldar a las mujeres que interrumpan su embarazo cuando este ponga en riesgo sus vidas y no criminalizarlas, ni al personal médico que realice el procedimiento, por ello cree que aunque la propuesta presentada por la diputada del FMLN es restrictiva, ya que solo aborda cuatro causales, esta representa un avance para cambiar la legislación actual. La propuesta de despenalización por causales garantizaría la seguridad jurídica necesaria para la mujer gestante y el personal de salud que la atiende ante las situaciones de alto riesgo descritas anteriormente. Actualmente, la legislación nacional condena hasta con cuarenta años de prisión a la mujer que se practique un aborto.
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