San Salvador, 26 de abril de 2018. Las personas y organizaciones que defendemos el derecho a la salud y a la vida de niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador, lamentamos que la Asamblea Legislativa en el periodo 2015-2018 le fallara a las mujeres y a las familias salvadoreñas, al no aprobar la inclusión de excepciones a la penalización absoluta del aborto para que la interrupción del embarazo sea permitida cuando ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el feto no va a sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo es producto de violencia sexual.

Las y los diputados han incumplido sus obligaciones porque no han garantizado el derecho constitucional a la salud y vida de niñas y mujeres. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales recibió opiniones de distintas instituciones del Estado como el Ministerio de Salud y el Isdemu, de instancias de médicas y trabajadores de salud, de organismos de derechos humanos, de universidades, de organizaciones de la sociedad civil y de instancias internacionales como la OEA y Naciones Unidas, quienes en reiteradas ocasiones recomendaron revisar y modificar nuestra legislación en este campo. Todas estas instancias aportaron documentación y evidencia científica y jurídica que hubiera permitido un debate parlamentario informado y serio. Se acabó esta legislatura sin que la Asamblea asumiera su responsabilidad en la solución de este problema.

La Sala de lo Constitucional desde 2007, en la resolución 18-98, instaba a la Asamblea Legislativa a resolver la posible colisión de derechos constitucionales entre la mujer gestante y el nasciturus, estableciendo en esta y otras sentencias como la 22-2011, que en nuestro ordenamiento jurídico no existen derechos absolutos, lo cual debe reflejarse en la legislación secundaria como es el Código Penal y las regulaciones de salud. Los diputados y diputadas no han atendido estas indicaciones de la Sala de lo Constitucional.

Es importante recordar que antes de las reformas al Código Penal de 1997, el aborto era permitido en tres causales. Las propuestas presentadas en la actual legislatura únicamente pretenden restablecer las excepciones anteriormente reconocidas y no la legalización del aborto como se ha pretendido hacer creer  por parte de quienes han impedido que este debate parlamentario ocurriera.

Las autoridades de salud como el Ministerio de Salud, el Consejo Superior de Salud Pública y entidades especializadas como la Asociación de Ginecología y Obstetricia han insistido en la dificultad de seguir disminuyendo la mortalidad materna en nuestro país, debido a que, según datos del 2017, el 97 % de estas muertes fueron por causas prevenibles, muchas de ellas se podrían haber evitado si se hubiera tenido la opción de interrupción a tiempo del embarazo. Que estas muertes de mujeres sigan ocurriendo es responsabilidad de la actual Asamblea Legislativa.

Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que alrededor del 30 % de embarazos del país es en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años. El Ministerio de Salud registró en el 2016 un promedio de 55 embarazos en niñas y adolescentes al día. El Instituto de Medicina Legal (IML) registró ese mismo año 1,844 niñas y adolescentes que enfrentaron abuso y violencia sexual (alrededor de cinco casos diarios). En el 80 % de estos casos, las violaciones fueron cometidas por un familiar o conocido. Es necesario tener en cuenta que este problema es de grandes proporciones debido a que al ocurrir en el ámbito familiar, en muchos casos no se denuncia. La no aprobación de la reforma al Código Penal impide que niñas y adolescentes que viven embarazos impuestos puedan tener la opción de interrumpirlo y continuar con su proyecto de vida.

La actual legislación criminalizadora del aborto también tiene consecuencias en la inadecuada aplicación de la justicia ante abortos espontáneos y complicaciones obstétricas, esto ha generado denuncias desde hospitales públicos a mujeres que acuden en busca de atención médica. Se les denuncia por aborto sin investigación suficiente, violando su derecho a la presunción de inocencia, condenándolas después por homicidio agravado a penas de cárcel desproporcionadas hasta de 30 y 40 años.

Esta legislación también genera en médicos y prestadores de servicios de salud inseguridad jurídica para poder actuar ante embarazos de alto riesgo, con criterios médico científicos sin el temor a ser procesados. Ante esta situación se han dirigido en numerosas ocasiones a la Asamblea Legislativa demandando el cambio de esta ley. Sus voces tampoco han sido escuchadas.

Desde el mismo momento que se aprobó la penalización absoluta del aborto en 1997, se ha señalado el carácter antidemocrático y violatorio de derechos humanos que tiene esta legislación. Diferentes organizaciones sociales y médicas consideramos que en la legislatura del 2015 – 2018 era posible que la Asamblea Legislativa debatiera y aprobara la reforma al artículo 133 del Código Penal incorporando las excepciones mencionadas. Para ello se promovieron numerosos foros con especialistas en distintos ámbitos de salud, jurídicos, religiosos, con expertos constitucionalistas y legisladores de diferentes países, para conocer experiencias de abordaje y solución en otras sociedades, especialmente latinoamericanas.

Este esfuerzo ha generado un mayor conocimiento sobre esta problemática y ha propiciado la interlocución con diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa. En múltiples ocasiones estos parlamentarios han reconocido la necesidad de la despenalización del aborto, especialmente ante embarazos que ponen en riesgo la salud o la vida de las mujeres y ante embarazos impuestos por violencia sexual a niñas y adolescentes. Debido a cálculos de índole electoral, no todos han mantenido su compromiso hasta el final para lograr una legislación más justa.   

Se ha brindado información en numerosos espacios sociales y publicaciones. Diferentes medios de comunicación han asumido responsabilidad propiciando espacio para que diversos especialistas y actores sociales expresaran sus puntos de vista. En los últimos meses, hemos visto que en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales y redes sociales, periodistas, intelectuales, personas generadoras de opinión pública de diferentes corrientes de pensamiento político se han pronunciado a favor de esta reforma. Constatamos que la sociedad salvadoreña ha cambiado sus valoraciones y manera de abordar la necesidad de contar con una ley que supere la penalización absoluta del aborto. Lamentamos que este cambio social no ha sido tenido en cuenta por la actual Asamblea Legislativa.

Expresamos nuestro reconocimiento por contribuir a este cambio a todas las personas, organizaciones e instituciones que lo han hecho posible. En especial  a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones sociales nacionales e internacionales que defienden Derechos Humanos, a Asogoes y a la Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres, a las personas religiosas y de iglesias que han respaldado esta propuesta, a periodistas y medios de comunicación, a las representaciones diplomáticas, de la OEA y de Naciones Unidas presentes en nuestro país, a las y los diputados que presentaron las iniciativas de ley y que se han mantenido firmes en su compromiso con las niñas y las mujeres hasta el final de esta legislatura.

La incapacidad de la actual legislatura 2015-2018 deja una deuda pendiente con los derechos humanos de las niñas, adolescentes y las mujeres y con la construcción democrática en nuestro país. Este es un problema de salud pública y de derechos, que afecta al conjunto de la sociedad y por tanto debe ser resuelto por los diferentes Órganos del Estado.

La penalización absoluta del aborto provoca unos riesgos innecesarios e injusticias que afectan sobre todo a las mujeres más pobres. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso ciudadano por alcanzar una legislación y unas políticas públicas que garanticen los derechos a la salud, a la vida y a la libertad de mujeres, adolescentes y niñas.