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COMUNICADOS

A LA SOCIEDAD SALVADOREÑA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

San Salvador, 26 de abril de 2018. Las personas y organizaciones que defendemos el derecho a la salud y a la vida de niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador, lamentamos que la Asamblea Legislativa en el periodo 2015-2018 le fallara a las mujeres y a las familias salvadoreñas, al no aprobar la inclusión de excepciones a la penalización absoluta del aborto para que la interrupción del embarazo sea permitida cuando ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el feto no va a sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo es producto de violencia sexual.

Las y los diputados han incumplido sus obligaciones porque no han garantizado el derecho constitucional a la salud y vida de niñas y mujeres. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales recibió opiniones de distintas instituciones del Estado como el Ministerio de Salud y el Isdemu, de instancias de médicas y trabajadores de salud, de organismos de derechos humanos, de universidades, de organizaciones de la sociedad civil y de instancias internacionales como la OEA y Naciones Unidas, quienes en reiteradas ocasiones recomendaron revisar y modificar nuestra legislación en este campo. Todas estas instancias aportaron documentación y evidencia científica y jurídica que hubiera permitido un debate parlamentario informado y serio. Se acabó esta legislatura sin que la Asamblea asumiera su responsabilidad en la solución de este problema.

La Sala de lo Constitucional desde 2007, en la resolución 18-98, instaba a la Asamblea Legislativa a resolver la posible colisión de derechos constitucionales entre la mujer gestante y el nasciturus, estableciendo en esta y otras sentencias como la 22-2011, que en nuestro ordenamiento jurídico no existen derechos absolutos, lo cual debe reflejarse en la legislación secundaria como es el Código Penal y las regulaciones de salud. Los diputados y diputadas no han atendido estas indicaciones de la Sala de lo Constitucional.

Es importante recordar que antes de las reformas al Código Penal de 1997, el aborto era permitido en tres causales. Las propuestas presentadas en la actual legislatura únicamente pretenden restablecer las excepciones anteriormente reconocidas y no la legalización del aborto como se ha pretendido hacer creer  por parte de quienes han impedido que este debate parlamentario ocurriera.

Las autoridades de salud como el Ministerio de Salud, el Consejo Superior de Salud Pública y entidades especializadas como la Asociación de Ginecología y Obstetricia han insistido en la dificultad de seguir disminuyendo la mortalidad materna en nuestro país, debido a que, según datos del 2017, el 97 % de estas muertes fueron por causas prevenibles, muchas de ellas se podrían haber evitado si se hubiera tenido la opción de interrupción a tiempo del embarazo. Que estas muertes de mujeres sigan ocurriendo es responsabilidad de la actual Asamblea Legislativa.

Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que alrededor del 30 % de embarazos del país es en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años. El Ministerio de Salud registró en el 2016 un promedio de 55 embarazos en niñas y adolescentes al día. El Instituto de Medicina Legal (IML) registró ese mismo año 1,844 niñas y adolescentes que enfrentaron abuso y violencia sexual (alrededor de cinco casos diarios). En el 80 % de estos casos, las violaciones fueron cometidas por un familiar o conocido. Es necesario tener en cuenta que este problema es de grandes proporciones debido a que al ocurrir en el ámbito familiar, en muchos casos no se denuncia. La no aprobación de la reforma al Código Penal impide que niñas y adolescentes que viven embarazos impuestos puedan tener la opción de interrumpirlo y continuar con su proyecto de vida.

La actual legislación criminalizadora del aborto también tiene consecuencias en la inadecuada aplicación de la justicia ante abortos espontáneos y complicaciones obstétricas, esto ha generado denuncias desde hospitales públicos a mujeres que acuden en busca de atención médica. Se les denuncia por aborto sin investigación suficiente, violando su derecho a la presunción de inocencia, condenándolas después por homicidio agravado a penas de cárcel desproporcionadas hasta de 30 y 40 años.

Esta legislación también genera en médicos y prestadores de servicios de salud inseguridad jurídica para poder actuar ante embarazos de alto riesgo, con criterios médico científicos sin el temor a ser procesados. Ante esta situación se han dirigido en numerosas ocasiones a la Asamblea Legislativa demandando el cambio de esta ley. Sus voces tampoco han sido escuchadas.

Desde el mismo momento que se aprobó la penalización absoluta del aborto en 1997, se ha señalado el carácter antidemocrático y violatorio de derechos humanos que tiene esta legislación. Diferentes organizaciones sociales y médicas consideramos que en la legislatura del 2015 – 2018 era posible que la Asamblea Legislativa debatiera y aprobara la reforma al artículo 133 del Código Penal incorporando las excepciones mencionadas. Para ello se promovieron numerosos foros con especialistas en distintos ámbitos de salud, jurídicos, religiosos, con expertos constitucionalistas y legisladores de diferentes países, para conocer experiencias de abordaje y solución en otras sociedades, especialmente latinoamericanas.

Este esfuerzo ha generado un mayor conocimiento sobre esta problemática y ha propiciado la interlocución con diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa. En múltiples ocasiones estos parlamentarios han reconocido la necesidad de la despenalización del aborto, especialmente ante embarazos que ponen en riesgo la salud o la vida de las mujeres y ante embarazos impuestos por violencia sexual a niñas y adolescentes. Debido a cálculos de índole electoral, no todos han mantenido su compromiso hasta el final para lograr una legislación más justa.   

Se ha brindado información en numerosos espacios sociales y publicaciones. Diferentes medios de comunicación han asumido responsabilidad propiciando espacio para que diversos especialistas y actores sociales expresaran sus puntos de vista. En los últimos meses, hemos visto que en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales y redes sociales, periodistas, intelectuales, personas generadoras de opinión pública de diferentes corrientes de pensamiento político se han pronunciado a favor de esta reforma. Constatamos que la sociedad salvadoreña ha cambiado sus valoraciones y manera de abordar la necesidad de contar con una ley que supere la penalización absoluta del aborto. Lamentamos que este cambio social no ha sido tenido en cuenta por la actual Asamblea Legislativa.

Expresamos nuestro reconocimiento por contribuir a este cambio a todas las personas, organizaciones e instituciones que lo han hecho posible. En especial  a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones sociales nacionales e internacionales que defienden Derechos Humanos, a Asogoes y a la Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres, a las personas religiosas y de iglesias que han respaldado esta propuesta, a periodistas y medios de comunicación, a las representaciones diplomáticas, de la OEA y de Naciones Unidas presentes en nuestro país, a las y los diputados que presentaron las iniciativas de ley y que se han mantenido firmes en su compromiso con las niñas y las mujeres hasta el final de esta legislatura.

La incapacidad de la actual legislatura 2015-2018 deja una deuda pendiente con los derechos humanos de las niñas, adolescentes y las mujeres y con la construcción democrática en nuestro país. Este es un problema de salud pública y de derechos, que afecta al conjunto de la sociedad y por tanto debe ser resuelto por los diferentes Órganos del Estado.

La penalización absoluta del aborto provoca unos riesgos innecesarios e injusticias que afectan sobre todo a las mujeres más pobres. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso ciudadano por alcanzar una legislación y unas políticas públicas que garanticen los derechos a la salud, a la vida y a la libertad de mujeres, adolescentes y niñas.  

 

Organizaciones que firmantes del comunicado

 1. Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto

2. Colectiva Feminista para el Desarrollo Local

3. Jóvenes voceras y voceros por los derechos sexuales y derechos reproductivos

4. Plataforma salvadoreña de juventudes

5. Colectiva Amorales

6. Concertación de mujeres de Suchitoto

7. Colectiva juvenil feminista de mujeres salvadoreñas

8. Asociación de mujeres jóvenes Ameyalli

9. Movimiento de mujeres de Santo Tomás Momujest

10. Red nacional coincidir por derechos sexuales y reproductivos

11. Asociación “mujeres Transformando”

12. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad)

13. Red de Organizaciones de mujeres Ejerciendo Ciudadanía Plena en el departamento de Cuscatlán

14. Radio de Todas

15. Asociación Comunicando y Capacitando a mujeres Trans (Comcavis Trans)

16. Red salvadoreña de defensoras de derechos humanos

17. Altavoz ES

18.Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de Personas Trans de El Salvador (Aspidh Arcoiris Trans) 19. Asociación de mujeres rurales Olga Estela Moreno Asmur

20. Las Hijas de SAFO

21. Colectiva Feminista Akelarre

22. Organización de Trabajadoras sexuales ( OTS)

23. Colectiva de mujeres Kawob de Apopa

24. Asociación de mujeres salvadoreñas de acción del Barrio San Jacinto ( AMSAB_SJ)

25.Asociación Colectiva de mujeres emprendedoras de Tonacatepeque

26. Asociación por el respeto de los derechos de la Mujer Salvadoreña Ardemusa

27. Asociación a favor de los de los derechos de las mujeres por la igualdad y el bienestar del municipio de Santa Ana Adimusa

28. Asociación salvadoreña de mujeres Las Gardenias del municipio de Ahuachapán

29. Colectivo de jóvenes Capullitas de Alelí Ahuachapán

30.Asociación de mujeres Emprendedoras Villa Centenario del municipio de Acajutla

31. Asociación de mujeres de Osicala Adimo

32. Veteranas de guerra de Yamabal

33. Asociación de mujeres de Gualococti

34. Asociación de mujeres de San Isidro

35. Asociación de mujeres de San Simón

36. Veteranas de guerra de Jocoatique

37. Asociación de mujeres de Joateca

38. Asociación de mujeres de Chilanga

39. Asociación de mujeres de Arambala

40. Asociación de mujeres de San Carlos

41. Asociación para el Desarrollo integral de las mujeres ADIM

42. Asociación para el Desarrollo Integral de las mujeres de Jiquilísco, Apadeimj

43. Asociación para el Desarrollo integral de las mujeres Rosa Iris Ademuri

44. Grupo municipal de mujeres de Estanzuelas

45.Asociación de mujeres de Santa Anita Asomeda

46. Secretaria de mujeres de ASI- Jucuarán

47. Secretaria de mujeres del Espino 48. Asociación municipal de mujeres Concepción Bátres

49.Asociación de mujeres del Puerto del Triunfo

50. Asociación de mujeres de Nueva Guadalupe Amung

51. Asociación Nayarit mujeres y juventudes (ANMJ)

52. Asociación de mujeres por la dignidad y la vida ( Las Dignas)

53. Mujeres ambientalistas

54. Movimiento de mujeres Orquídeas del Mar

55. Colectiva juvenil feminista de mujeres salvadoreñas Colefem

56. Red de organizaciones de mujeres ejerciendo ciudadanía plena en el departamento de Cuscatlán

57. Asociación de mujeres rurales empoderadas de Tapalhuaca

58. Asociación de mujeres jóvenes tejiendo sueños para el futuro, Tecoluca

59. Los siempre sospechosos de todo

60. Seguimos Unidos.

Para mayor información y/o entrevistas, el contacto es: + 503-2226 0356