Publicado en ContraPunto
Por: Alberto Romero de Urbiztondo
Francisco Bergoglio, actuando en su calidad de máxima autoridad de la Iglesia Católica, ha decidido que durante el año, en el que esta institución religiosa celebre el Jubileo de la Misericordia, perdonará el “pecado” de aborto. Reconoce con ello, la existencia de una realidad a la que no se pueden cerrar los ojos: en el mundo se dan 46 millones de abortos provocados al año, de ello 20 millones son abortos inseguros y las mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo, no cuentan con el marco legal y los servicios de salud adecuados para realizarlo de forma segura. A estas mujeres se ha debido referir el Papa Bergoglio cuando afirma: “Pienso, de forma especial, en todas las mujeres que han recurrido al aborto. Conozco bien los condicionamientos que las condujeron a esa decisión. Sé que es un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa”.
Esta decisión, se enmarca en una iniciativa del actual dirigente de la Iglesia Católica para hacer frente a la creciente brecha entre sus doctrinas y normas morales con las prácticas socialmente aceptadas por la sociedad, en especial las referidas a la sexualidad y el matrimonio. Dos ejemplos en nuestro país nos muestran con claridad esta tendencia. Según la jerarquía católica la abstinencia sexual es el único método anticonceptivo lícito, sin embargo según la Encuesta Nacional de Salud 2015, solo el 2 % de la población salvadoreña utiliza este método. Otro ámbito en el que nuestra sociedad asume normas de comportamiento diferentes a las de las instituciones religiosas, es sobre la indisolubilidad del matrimonio, estando legal y socialmente aceptado el divorcio como forma de dar por finalizada una relación que ya no se considera deseable. Solo entre 2001 y 2013 un total de 100,782 personas inscribieron su divorcio en el Registro Nacional de las Personas. Ante esta realidad sociológica en la que mucha ciudadanía, sin renunciar a sus creencias religiosas, considera que las normas morales que define su iglesia no da respuesta a su realidad y optan por comportamientos que consideran justos y razonables.
En este marco la Iglesia Católica ha iniciado un proceso, el Sínodo de la Familia, en la que está abordando temas como la separación matrimonial, el uso de contraceptivos, las parejas homosexuales, el aborto, la educación sexual…. posiblemente con el objetivo de tener un abordaje más actualizado a los consensos sociales y científicos actuales, evitando así el progresivo alejamiento de parte de sus fieles de la pertenencia a esta iglesia. Lógicamente estos procesos y cambios internos deben de ser definidos a lo interno de esta institución religiosa y sería deseable que con la participación activa en la toma de decisiones, de toda su feligresía, en un proceso de democratización institucional.
Su bien el Estado debe de ser respetuoso de los procesos internos de cambio, de esta Iglesia, esperamos que desde los partidos políticos y los diversos órganos del Estado se reflexionara sobre las graves consecuencias que tiene la débil laicidad mostrada en nuestro país, para la aprobación y aplicación de leyes y políticas públicas vinculadas con los derechos sexuales y reproductivos.
Pensemos en 1997, cuando se estaba discutiendo la reforma al Código Procesal Penal, que proponía mantener la penalización del aborto, pero garantizando que no fuera punible en los tres causales tradicionales. Cuando se dio ese proceso legislativo debate, sectores altamente conservadores del país, bajo el liderazgo de la jerarquía católica, lanzaron una campaña para la penalización absoluta del aborto. Llegaron incluso a sacar a los estudiantes de los colegios religiosos para hacer campaña por la penalización absoluta, manipulando políticamente a estos menores, acción que la actual LEPINA tipifica como delito. Ante la presión de esos poderosos sectores religiosos, nuestros legisladores se dejaron coaccionar y antepusieron las concepciones y normas religiosas a los criterios jurídicos y de salud pública, Hoy, a 18 años de aquellos sucesos, la máxima jerarquía de esa iglesia que tanto peleo para tener una de las legislaciones sobre aborto, más conservadoras y restrictivas del planeta, reconoce el drama de los millones de mujeres que abortan en el mundo de forma insegura. Y ejerciendo su poder, mandata a los sacerdotes, sus representantes, a que en los próximos meses, absuelvan de este “pecado” a las mujeres que lo pidan. El problema es que a causa de que el Poder Legislativo convirtiera ese “pecado” en delito, penalizando absolutamente el aborto, ahora tenemos una legislación que tiene a 40 mujeres presas con condenas de hasta 40 años de prisión.
El Papa Francisco ya ha visto la necesidad de perdonar a las mujeres que han tenido que practicarse un aborto, sin embargo los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nuestros legisladores, cuando les solicitaron el indulto para “Las17” mujeres condenadas por nuestra actual legislación, se lo negaron invocando, en muchos casos, argumentaciones religiosas, en vez de analizar la falta de garantías jurídicas con las que fueron condenadas y considerar los informes que expertos internacionales han elaborado en base a estudios serios de los expedientes, en los que ponen en evidencia las complicaciones obstétricas y los partos precipitados extra-hospitalarios que sufrieron, que les llevaron al hospital y de allí directa e injustamente a la cárcel.
Es el momento de que recuperemos el carácter laico del Estado, reformando nuestras leyes en base a criterios jurídicos, no a creencias religiosas y garantizando que el sistema judicial aplique justicia sin dejarse guiar por las concepciones religiosas y patriarcales de los juzgadores. A las mujeres encarceladas no solo hay que “absolverlas de su pecado”, si es que este ocurrió, sino garantizar sus derechos como ciudadanas, indultándolas y dándoles la libertad.
