Las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos abajo firmantes, consideramos que la iniciativa de las reformas a la Constitución de la República de El Salvador, promovida por el presidente Nayib Bukele mediante la Comisión Ad hoc, no cumple con los requisitos que exige la ley en proceso de tanta trascendencia para nuestro país, por las siguientes razones:
- Según el Artículo 248 de la Constitución, las reformas constitucionales deben ser elaboradas y presentadas al menos por diez diputados de la asamblea legislativa y no de forma vertical desde la Presidencia de la Republica.
- Esta propuesta de reforma constitucional, no formó parte de la oferta electoral presidencial ni legislativa, por lo tanto, en las elecciones, el pueblo no emitió su voto por ella.
- La ciudadanía salvadoreña, históricamente ha demandado reformas concretas que garanticen el derecho humano al agua, alimentación, vivienda, ampliación de derechos laborales, derechos de las mujeres, derecho a la salud, derechos de la diversidad sexual, entre otros.
- La propuesta que se ha dado a conocer presenta modificaciones en 215 artículos, suponiendo prácticamente una nueva Constitución que debería contar con un amplio debate y consenso social.
Pero, ante todo, las organizaciones consideramos que en este momento en El Salvador no se dan las condiciones para un proceso de reforma a la Constitución, ya que el residente de la República, junto a su partido político Nuevas Ideas y otros partidos aliados, han dado muestra de desinterés por respetar y promover el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. El presidente ha invadido la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil y ha desobedecido las Resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
El partido Bukelista y partidos aliados han destituido ilegalmente a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, y además han aprobado una reforma que invade funciones de la Corte Suprema de Justicia y promueve la jubilación obligatoria de un alto porcentaje de jueces y fiscales, sin que se cumpla el debido proceso y violentando derechos laborarles.
Además, la Asamblea Legislativa; controlada por un único partido afín a los intereses del presidente Bukele, ha desconocido el trabajo y las iniciativas ciudadanas en anteriores legislaturas, mandándolas al archivo sin discusión ni análisis, dejando atrás años de lucha de los diversos movimientos sociales en El Salvador.
Algunas propuestas a las que nos oponemos, dado que su aprobación implica graves retrocesos a la garantía de derechos y la institucionalidad democrática, entre las cuales destacamos:
- Se elimina la aprobación de reformas constitucionales por dos legislaturas modificando el Art. 248Cn. Lo que genera un riesgo en la garantía de derechos fundamentales.
- Debilita el articulado de las cláusulas pétreas relativas a la prohibición de reelección presidencial inmediata, así como su promoción y apoyo, en los Artículos 75 Numeral 4, 88, 131 Numeral 16, 154Cn y 248Cn.
- Modifica las llamadas “cláusulas pétreas” introduciendo cambios significativos en el sistema político y forma de gobierno, como la creación de un “Tribunal Constitucional” independiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la eliminación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyas funciones serían reasignadas a un “Instituto Nacional Electoral” y una “Sala de lo Electoral”.
- Elimina del Art. 85Cn la prohibición de la existencia de un partido único.
- Deja abierta la posibilidad en el Art. 7 de legalizar a grupos armados más allá del Ejército y la Policía Nacional Civil.
- Da competencia exclusiva en la modificación del Art. 189 Cn al Colegio de Abogados y Notarios, como la única instancia para proponer candidatos a cargos de segundo grado, como magistrados, miscal general, procuraduría general de la República, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, entre otros.
Como organizaciones ciudadanas, estamos convencidas que previamente a un debate sobre reformas constitucionales es necesario restablecer la institucionalidad democrática en El Salvador, por ello demandamos:
- El restablecimiento de la institucionalidad democrática, reinstalando a los magistrados de Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la Republica.
- La derogación de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Ley Orgánica de la Fiscalía que obliga la jubilación y suprime el derecho a la seguridad, estabilidad e independencia a jueces y fiscales.
- La derogación de la “Ley Alabí”, que da inmunidad a personas e instituciones ante demandas por irregularidades en compras o servicios realizados en el marco de la pandemia por COVID-19.
- Que la Fiscalía General de la Republica investigue los 12 casos que le comunicó la CICIES, por presuntas acciones de corrupción de funcionarios del actual Gobierno.
- La derogación de las declaraciones de reserva de información pública, en la Asamblea Legislativa e Instituciones de Gobierno.
- La restitución de funciones y autonomía del Instituto de Acceso a la Información, retirando propuesta para declarar reservada la información oficiosa de Ministerios e Instituciones Públicas.
- La derogación de confidencialidad de declaraciones patrimoniales de probidad de funcionarios y empleados públicos, así como los informes de auditorías practicadas por la Corte de Cuentas a los entes obligados.
- La ratificación a la reforma constitucional aprobada en Legislatura 2018-2021, a los Artículos 2Cn y 69 que reconocen el derecho a la alimentación, derecho humano al agua y su saneamiento constituyendo un bien público.
- La derogación de la Ley Bitcoin que fue creada sin consulta además escuchar el clamor de la ciudadanía.
- Frenar la instalación de iniciativa de minería informática bitcoin en El Salvador.
Hacemos un llamado a la sociedad salvadoreña a oponernos a aquellas propuestas de reformas, que suponen un grave retroceso a nuestro sistema democrático y promover las acciones necesarias que garanticen el ejercicio pleno de los derechos fundamentales; mediante procesos amplios de participación, transparente y progresivo que no sean iniciativas directas del presidente de la república, si no de los diversos movimientos sociales que han demandado sus derechos durante décadas.
Proponemos a la ciudadanía iniciar un proceso de Reformas Constitucionales del Pueblo, que garanticen mayores derechos, participación democrática y seguridad jurídica para toda la ciudadanía. Entre ellas señalamos las siguientes:
- Lo relativo a: toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, al agua y saneamiento, al aire y la alimentación de calidad, a la protección de sus datos e información personal, a la educación, seguridad, trabajo y al respeto sus derechos humanos contra cualquier vulneración.
- A reconocer el derecho a la vida, tanto del no nacido como de la gestante, y en caso de colisión de derechos; la ley establecerá lo pertinente.
- Establecer la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, los cometidos contra la libertad sexual, genocidio, crímenes de guerra y crímenes por odio.
- Garantizar el carácter laico del Estado Salvadoreño y el libre ejercicio de todas las religiones y otras expresiones de fe y reconocer la personería jurídica de las iglesias.
- Reconocer que toda persona sin restricción, tiene derecho a una familia, cualquiera que fuera su conformación, garantizando la protección jurídica de los diversos tipos de familias.
- Reconocer el derecho al cambio de nombre cuando sea atendible a la identidad de género, justificable y necesario, debiendo fundamentarse la decisión a la luz de los derechos humanos.
- Establecer para personas trabajadoras un bono económico, resultante de las ganancias de las empresas pagadero en junio; ampliación del fuero a personas candidatas a cargos sindicales, así como el derecho al reinstalo. Reconocimiento de la ampliación del derecho a la sindicación de varias categorías de empleados públicos.
Consideramos que una reforma a la Constitución de la República requiere un amplio debate de la ciudadanía que nos permita como sociedad y como instituciones públicas, iniciar un nuevo siglo de independencia con sólidas bases democráticas.
El Gobierno, el presidente Bukele y la Asamblea Legislativa están ante el dilema de imponer este proceso o de presentar sus propuestas como un insumo para la construcción de consensos que fortalezcan la democracia en El Salvador.
Organizaciones Firmantes:
Asociación de Jóvenes Feministas Ameyalli
Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS
Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás
Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto
Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPIDH
Asociación Colectivo Alejandría
Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños, CATS
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
Fundación salvadoreña por la diversidad sexual de El Salvador “De la mano contigo”
Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador, MUSYGES
Servicio Social Pasionista, SSPAS
Red Obrera Campesina
