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COMUNICADOS

Ante la respuesta represiva, discriminatoria y clasista del actual gobierno frente a la pandemia

Actualmente en el gobierno de El Salvador se están instituyendo medidas de atención a la pandemia COVID 19 que no visualizan los niveles de afectación diferenciados por condiciones sociales; género, clase social, estatus migratorio, edad, diversidad funcional, expresión de género e identidad sexual, entre otras. Esto implica que tanto el coronavirus, como las medidas que se están tomando afectan desproporcionadamente a las mujeres, jóvenes, niñez adultos mayores, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual.

El hacinamiento y permanencia diaria en el seno de la familia vulnera a niñas y mujeres que enfrentan mayores posibilidades de abuso sexual y violencia de género. Es importante tener en cuenta que el 42% de los casos de violencia sexual reportados en el 2019 fueron cometidos por familiares de las víctimas y el alto nivel de feminicidios y crímenes de odio que enfrenta el país.

Además, según reportes actuales del gobierno, el 49 % de las mujeres que se ocupan realizan trabajos en el sector informal (comercio informal, trabajo doméstico remunerado, comercio sexual, entre otras tareas altamente precarias) y en esta crisis, donde se limita la movilidad social y se potencia el consumo en grandes empresas, se expondría a las mujeres y otras personas a una agudización de la pobreza que enfrentan. Se carece de un plan de contención de afectación económica dirigida a los hogares, y no a las grandes empresas, como principales afectadas en el contexto de la crisis, y hay falta de claridad en las medidas de beneficio social dirigidas a la población afectada.

La medida de recluir a las personas en sus hogares, y demandar cuidados exclusivos en el seno de la familia, evidencia la crisis de los cuidados; niñez, adultos mayores, personas enfermas y personas con discapacidad, que históricamente han sido desatendidos por el
Estado, y son sobrecargados en las mujeres. Sobre ello, no hay capacidad de reconocimiento económico efectivo para estas mujeres que no están inactivas en la cuarentena.

Las medidas que se han publicado carecen de medios de atención a nivel del sector salud en el primer nivel de atención a mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y personas de la población LGBTI, que demandan
atención especializada, con calidad y calidez para sostener su salud. Al centrarse en la atención sanitaria de una enfermedad nueva y desconocida, el sistema de salud se desentiende de brindar atención a personas con condiciones crónicas, y brindar seguimiento a la atención de otras enfermedades.

Denunciamos también, la crisis del hídrica, ocasionada por la falta de políticas públicas que garanticen el derecho humano al agua, esta carencia afecta de manera directa a los hogares salvadoreños más empobrecidos, en este contexto, donde el cuidado y la higiene
es vital para garantizar la vida.

En el contexto actual se están propiciando medidas represivas para garantizar el control de los cuerpos y la movilidad humana, potenciado que los agentes de seguridad del Estado vulneren los derechos humanos: libertad de movimiento, asociación y expresión, ensañandose con la población, sobre todo en zonas rurales y en zonas estigmatizadas por la violencia social, como se ha visto en distintos medios de difusión virtual a través de las denuncias de la ciudadanía.

Denunciamos, que las medidas coyunturales y reactivas impactan directamente sobre la vida de las personas; ante el cierre de empresas, como las empleadas en el sector maquila, y otros medios de trabajo, cientos de familias salvadoreñas, se han visto ante la vulnerabilidad de perder sus empleos y fuentes de ingresos. En este sector ya existen denuncias, por ejemplo a la maquila Varsity Pro que despidió a 500 personas, mayoritariamente mujeres, y otras empresas del sector textil, que se niegan a pagar los salarios de sus empleadas durante la cuarentena; son alrededor de 1200 personas que no cuentan con ingresos fijos durante esta crisis.

Denunciamos la violencia que enfrentan también las personas privadas de libertad, que ante la medida de cuarentena obligatoria, se ven afectadas por la profundización de la precariedad existente en la que viven, donde el hacinamiento se esté limitando el acceso a kits de higiene, negado el acceso a la visita familiar, y a la atención de enfermedades permanentes dentro del sector como la tuberculosis. Le recordamos a las autoridades que deben ser garantes de los derechos humanos en los centros penitenciarios, ya que su reclusión no justifica la pérdida de los mismos.

  • El Estado debe garantizar la seguridad y la vida de las mujeres estableciendo protocolos de atención durante la crisis. Las medidas de cuarentena en centros de reclusión deben tener protocolos de atención y prevención a la violencia sexual contra niñas y mujeres y generar procesos de atención a la salud mental.
  • Medidas de protección social hacia población socio económicamente vulnerable, para evitar la agudización de la pobreza: sobre todo mujeres que constituyen más de la mitad de la población que se dedican al trabajo informal.
  • Atención inmediata a los sectores populares afectados por la falta de agua servida en sus hogares, y abastecimiento alimentario a
    aquellas personas y familias que se ven afectadas en las zonas tipificadas como “cordones sanitarios”.
  • Emitir discursos públicos transparentes, efectivos y accesibles y tranquilizadores. Evitar el discurso del shock mediático que comprometa la salud mental de la población, y que evita transmitir las medidas que el gobierno toma de manera clara.
  • Aumentar el presupuesto del sector público de salud para atender la crisis sanitaria, garantizando los recursos al personal sanitario que les permita realizar su trabajo en mayores condiciones de seguridad, y reducir el gasto público para el control de los territorios mediante el uso de la fuerza policial y militar.
  • Nos desmarcamos de la medida del ejecutivo y el legislativo de emitir estado de excepción para atender la pandemia, permitiendo la vulneración de los derechos humanos de la ciudadanía, en un contexto de democracia frágil.
  • El Estado debe implementar medidas con enfoque de género, para disminuir y contener el impacto de esta crisis en la vida de las mujeres, niñas y diversidad sexual.
  • El gobierno y su accionar de administrador público competente, debe responder a las denuncias ciudadanas en materia de abusos de autoridad, censura de medios, falta de atención en servicios básicos como energía eléctrica y agua. Y atender a las vulneraciones de derechos laborales.
  • El Estado debe atender esta crisis como un problema de salud pública, no desde una perspectiva punitivista y militarizada.

  • Solidaridad, cuidado y empatía desde los sectores de la población que cuentan con las condiciones de seguridad económica, hacia otros sectores de la población que enfrentan condiciones de precariedad.
  • Acción a través de colectas, y respuestas de cuidado comunitario.
  • Evitar exponer a las personas y sus identidades por el pánico al contagio, reconocer la vulnerabilidad epidemiológica de todas las personas.
  • Contraloría social ciudadana, desde los espacios íntimos, desde el hogar, la comunidad y los centros de cuarentena, permitiéndonos dar cuenta del impacto de las medidas, así como el registro público de las vulneraciones de derechos.
  • Es fundamental documentar y denunciar todas las agresiones y violencias que enfrentemos en este marco,hacemos un llamado a utilizar las líneas de atención y asesoría jurídica que diversas organizaciones sociales y feministas han habilitado.