La violencia contra las mujeres es una violación contra los Derechos Humanos.
San Francisco Gotera, 5 de febrero de 2021. La Red Ciudadana de Mujeres de Morazán (RCMM), Asociación Juvenil para el Desarrollo de Morazán (AJUDEM), Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, Red de Educadores Populares de Morazán y Comunidad Eclesial Segundo Montes nos pronunciamos ante el incremento de violencia contra las mujeres y niñas en este país y en especial en nuestro departamento de Morazán.
Exigimos que se aplique la ley y se haga justicia ante los recientes feminicidios en el departamento de Morazán, como el hecho ocurrido el 20 de enero, en el cual fue asesinada Carina Miranda Reyes de 29 años, en el caserío La Cuestona, Cantón Valle Nuevo del municipio de San Carlos. De igual manera el hecho ocurrido el 30 de enero, en el cual fue asesinada Lea Merari Reyes Argueta, de 34 años, en el Caserío Poza Honda, Cantón Cerro Pando, municipio de Meanguera. Exigimos justicia y acompañamiento a las familias de las víctimas, resguardo y protección para el hijo de 10 años que queda en la orfandad, como también reparación a la joven que resultó lesionada en el mismo hecho.
Igualmente, observamos con preocupación la violencia de Estado que se perpetúa debido a las leyes restrictivas que penalizan el aborto de manera absoluta, negando derechos reproductivos para las mujeres y niñas. En este marco, también nos unimos a la denuncia por el feminicidio de Estado cometido contra Manuela al ser condenada a 30 años de prisión debido a una emergencia obstétrica. Estando privada de libertad, Manuela falleció en 2010 a causa de un cáncer linfático.
Estos hechos no son casos aislados, son el resultado de un patrón cultural enraizado en un sistema patriarcal que profundiza la desigualdad y se ve expresado en normativas e instituciones que no responden a las necesidades particulares de las mujeres y otros grupos vulnerabilizados.
Expresamos nuestra preocupación por la falta de garantías de acceso a la justicia para las mujeres por la cultura institucional sexista y patriarcal por parte de algunos operadores/as de justicia que brindan un servicio público cargado de estereotipos sexistas, discriminación y prejuicio contra las mujeres. El desconocimiento y la poca aplicación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) en Morazán, es alarmante. Observamos que durante los procesos de violencia contra las mujeres no hay una aplicación diligente de medidas de protección para las mujeres, y en algunos casos, los agresores son liberados sin medidas ni restricciones, siendo muchas veces la antesala a los feminicidios, este ejercicio público negligente y discriminatorio se convierte en violencia institucional.
Según datos de la PNC de 2020, en Morazán se cometieron los siguientes delitos:
- 14 delitos de acosos sexual
- 7 casos de agresión sexual en menores de dieciocho años
- 19 casos de privación de libertad
- 9 casos de violaciones sexuales en mujeres adultas
- 55 violaciones en menores de dieciocho años.
En resumen, 104 delitos registrados contra niñas, adolescentes y mujeres desde enero a octubre de 2020. Además, el Hospital Nacional General “Dr. Héctor Antonio Hernández Flores” de San Francisco Gotera reportó 226 niñas embarazadas, 15 niñas de 13 a 14 años y 221 de 15 a 18 años.
POR ELLO EXIGIMOS:
- Al sistema judicial, que brinde un servicio público con la debida diligencia y desde los principios de no discriminación e igual, especialización, favorabilidad, integridad y laicidad como lo exige el Art. 4 de la LEIV para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres que interponen denuncias. Igualmente, que se forme a las y los operadores de justicia para que apliquen la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y toda la normativa que protege los derechos humanos de las mujeres.
- Que el Estado Salvadoreño repare de manera integral a la familia de Manuela. Además, exigimos la reforma al artículo 133 del Código Penal que nos garantice el derecho a decidir y un Estado laico, por la salud y vida de las mujeres.
- Al Órgano Ejecutivo, reforzar y crear políticas públicas para la prevención, promoción, atención y reparación a la violencia basada en género. Y que sea manejado con la prontitud y atención que merece un problema de suma gravedad para la sociedad salvadoreña.
- Un llamado a todas las municipalidades para que las Unidades de la Mujer estén en función de promover la conciencia sobre los derechos humanos de las mujeres, para que no se tolere la violencia ni la discriminación; además que estas unidades cuenten con los recursos adecuados para su funcionamiento. Igualmente, que las municipalidades ejecuten y planifique con presupuesto etiquetado el plan de los Comités de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, como lo establece la LEIV y el Código Municipal y se establezca una Mesa Permanente de la Mujer para la planificación y ejecución de la política de la mujer que desarrollen acciones encaminadas al empoderamiento de las mujeres.
- Exigimos a la PNC acudir con prontitud y responsabilidad ante los llamados de auxilio en los casos de violencia.
No podemos seguir indiferentes ante los diferentes tipos de violencias a las que están expuestas las mujeres y niñas de este país y de este departamento. No podemos seguir indiferentes ante estos feminicidios. Es la hora de escuchar las voces de las víctimas y sobrevivientes para poner fin a la violencia estructural e indiscriminada contra niñas, mujeres y contra quienes transgreden la norma patriarcal.
¡No estamos todas, nos faltan las asesinadas!
¡Vivas nos queremos!
¡Ni una menos!
¡No pedimos favores, exigimos justicia!
¡La violencia contra las mujeres es una emergencia nacional!
