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COMUNICADOS

Ante la violencia de Estado, autodefensa feminista

Hoy 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las  Mujeres, nos organizamos como movimiento feminista salvadoreño para denunciar todas las violencias machistas que atraviesan nuestros cuerpos y vidas. Los feminicidios, los crímenes de odio contra personas LGBTIQ+, la violencia sexual, el ciberacoso, los embarazos impuestos, la penalización absoluta del aborto, la persecución y criminalización a defensoras de derechos humanos y del territorio son manifestaciones de la violencia de Estado que enfrentamos cada día; también recordamos y exigimos justicia por aquellas mujeres víctimas de detención arbitraria, tortura, violaciones, desaparición forzada durante el conflicto armado interno, a las que también les falló el Estado.

En 2018 se registraron 383 feminicidios, 4,304 denuncias por violencia sexual, 17,246 embarazos de niñas y adolescentes entre 10 a 19 años. Además, 18 mujeres están en prisión debido a emergencias obstétricas y la penalización del aborto. Entre 2014 al 2019 se registraron 58 crímenes por odio de los cuales la mayoría corresponden a mujeres trans. Sólo en el último mes se contabilizan dos transfeminicidios. Entre 2017 y 2018, se registraron 69 agresiones contra mujeres defensoras, sobretodo las que defienden el derecho a una vida libre de violencia, Derechos Sexuales y Reproductivos y derechos ambientales. Sólo entre enero y julio 2019 se registraron 29 agresiones contra mujeres
defensoras sobre todo contra feministas jóvenes y contra mujeres periodistas, reafirmando que las mujeres defensoras de Derechos Humanos realizan su labor en condiciones de alto riesgo. Por todo esto, hoy es fundamental hacer memoria por las que no están debido a las violencias machistas y los crímenes de odio; por ello denunciamos la justicia patriarcal y la impunidad, nos manifestamos colectivamente pues ante tanta violencia contra nosotras es urgente la autodefensa feminista.

Ante este contexto las feministas exigimos :
1. Al Estado: declarar una “Alerta de Género y anti-impunidad” en casos de feminicidios y crímenes de odio contra personas LGTBIQ+ para que todas sus instituciones atiendan de forma urgente y diligente a las mujeres y cuerpos disidentes de género que enfrenta violencia de género en todas sus formas, apegándose al principio constitucional de Igualdad y atendiendo a los compromisos internacionales de Derechos Humanos. Pues denota cínismo, hablar “Cero homicidios” cuando existe una deuda histórica con víctimas de la violencia feminicida y crímenes de odio por orientación sexual y/o identidad u expresión de género.

2. La depuración inmediata del Sistema Judicial, y de todos los órganos de Estado, empezando por aquellos miembros del gabinete de Gobierno que han sido señalados por acoso, expresiones de odio y abuso sexual, como una garantía del compromiso con el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Actuales funcionarios como Ernesto Sanabria, Secretario de Comunicaciones de la Presidencia quien en reiteradas ocasiones ha utilizado su perfil de twitter @_brozo para atacar a mujeres periodistas, Salvador Alas “La Choly” Comisionado Presidencial de Juventudes, quien por años ha utilizado los medios de comunicación para enviar mensajes de odio y discriminación contra mujeres y personas LGTBIQ+ pues nadie debe estar por encima de la ley.

3. Justicia para la niña de 10 años agredida sexualmente por el Magistrado Jaime Eduardo Escalante, porque para decir: “Tocar niñas sí es delito” es necesario se establezcan medidas contundentes y concretas para que ningún caso de violencia sexual quede impune. Las niñas tienen derecho a una vida libre de violencia, acoso y embarazos impuestos.

4. Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que pongan un alto al acoso y violencia sexual por parte de los cuerpos uniformados en los territorios en el marco de la ejecución del “Plan Control Territorial”, las niñas, adolescentes y mujeres no nos sentimos seguras, necesitamos espacios públicos y territorios libres de violencia.

5. A la Fiscalía General de la República que cese la persecución judicial contra Evelyn Hernández y otras mujeres criminalizadas debido a la penalización absoluta del aborto y que actúe con diligencia en la investigación y seguimiento a los cientos de casos de feminicidios, transfeminicidios, crímenes de odio contra población LGTBIQ+ , acoso y violencia sexual, agresiones contra mujeres defensoras de Derechos Humanos y periodistas.

6. El señalamiento y la sanción correspondiente a empleados y diputados de la Asamblea Legislativa, acusados de acoso sexual como el caso de Alberto Romero y el retiro del reconocimiento como hijo meritísimo al periodista Roberto Hugo Preza acusado de acoso sexual en perjuicio de colegas.

7. La declaración del Derecho Humano al Agua, la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, la despenalización del aborto en 4 causales, la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la suscripción al convenio 190 de la OIT sobre violencia laboral, la ratificación del
Convenio 177 de la OIT sobre Trabajo a Domicilio, la Ley para el reconocimiento y Protección Integral de las personas defensoras y periodistas, la aprobación de la Ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado . Además que realice las reformas necesarias para que el “Fuero constitucional” no se aplique a funcionarios públicos y operadores de justicia acusados de violencia de género y agresiones sexuales y para que los delitos sexuales no prescriban.

8. A la Corte Suprema de Justicia que actúe conforme lo manda la ley y realicen la investigación, depuración y sanciones a todos los responsables de los vergonzosos e injustos fallos que día tras día pisotean la dignidad de las víctimas y sobrevivientes. No es justo mantener a operadores de justicia que lo único que hacen es ser cómplices de la corrupción, del crimen, de la desmemoria y
del atropello de los Derechos Humanos en general.

9. Al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), que como ente rector y garante del Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en El Salvador establezca mesas de diálogo y construcción de propuestas que posibiliten a las organizaciones feministas y de mujeres ser contraloras de los avances y del cumplimiento de la LEIV y la LIE no sólo en el desarrollo de las políticas públicas para su implementación, sino también en la construcción de los presupuestos para su ejecución.

10. A la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos(PDDH) que fortalezca su presencia territorial, que agilice las resoluciones pendientes sobretodo aquellas sobre casos de violencia de género, acoso y violencia sexual contra niñas, mujeres y personas LGTBIQ+. Que siente una postura firme y condenen públicamente a los funcionarios, figuras públicas y representantes de otros sectores poderosos en los ámbitos político, económico y mediático que vulneran impunemente los Derechos Humanos de las niñas y mujeres. Acompañar y respaldar las luchas de los movimientos feministas y de personas LGTBIQ+ desde una perspectiva laica que posibilite que El Salvador deje de ser un anti-modelo desde la perspectiva internacional de los Derechos Humanos.

11. Ministerio de Educación y Universidades velar por el cumplimiento de la Reforma al artículo 21 de la (LEIV) para garantizar que los centros de estudios superior sean espacios seguros y libres de acoso sexual para las estudiantes.

12. Al Estado que investigue y condene a los sacerdotes y pastores que han cometido abuso sexual y pederastia contra niñas, niños y mujeres. Es necesario que se garantice la protección de las víctimas de violencia sexual, Debido a que las instituciones religiosas históricamente han
guardado silencio y protegido a los agresores que deben ser entregados a la justicia secular y no únicamente ser juzgados a nivel clerical o ministerial.

13. Exigimos que el Gobierno modifique las asignaciones de Presupuesto 2020 y no elimine las líneas dedicadas a la atención de víctimas y equidad de género, fortalecimiento a la salud de la mujer y los procesos de formación impartidos por Ciudad Mujer, condenamos la reducción del presupuesto de ISDEMU y el ISNA y el aumento desproporcionado a las partidas de seguridad y publicidad.

14. A todas las instituciones, agencias de cooperación, cuerpo diplomático, organizaciones de Derechos Humanos y demás ciudadanía consciente de la situación de violencia machista que enfrentamos las niñas, adolescentes, mujeres, personas LGTBI+ y los cuerpos disidentes de la heteronormatividad y del binarismo de género. Les llamamos a organizarse y a unir sus voces para exigirle al Estado en todas sus formas que tome medidas urgentes para garantizar el Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y a revisar y reconocer la violencia de género y existe muchas veces al interior de los movimientos, medios de comunicación, espacios laborales, familias y redes sociales porque la deconstrucción de la hegemonía del patriarcado, machismo es una lucha constante y cotidiana, pero sobretodo es responsabilidad de todas y todos.

¡¡No queremos más violencia de estado! Nos queremos vivas y libres, defendiendo nuestro cuerpo-territorio, resistiendo frente a la arremetida de las ideologías conservadoras, neoliberales, clasistas, racistas y heteronormadas dominantes. Por eso, a pesar de la indignación y el luto que nos invade, también reivindicamos la esperanza, lucha y la resistencia feminista.

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