La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) dio un plazo de tres meses al Estado salvadoreño para que brinde un informe en torno al caso de Beatriz. Mediante una gestión expedita, y considerando las graves consecuencias para los derechos de las mujeres que ocasiona la legislación salvadoreña que penaliza todo tipo de aborto, la Comisión priorizó este caso y agilizó su tramitación.
A raíz de la denuncia internacional que presentaron distintos grupos de la sociedad civil ante la CIDH en el año 2013, esta le solicitó información al Estado. La demanda contra El Salvador se basa en las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida Beatriz al no practicarle el aborto terapéutico que requería para salvar su vida.
Esta joven salvadoreña, quien padece de una enfermedad crónica grave quedó embarazada a finales del año 2012. Los médicos recomendaron aplicar el aborto terapéutico debido a que su salud y sobrevivencia estaban en riesgo y además porque el feto presentaba anomalías congénitas incompatibles con la vida.
Sin embargo, los médicos del sistema público de salud no le realizaron la interrupción del embarazo por temor a ser sancionados penalmente. Por su parte, la Sala de lo Constitucional no brindó una respuesta oportuna ni efectiva para proteger los derechos de Beatriz. Sólo bajo el amparo de las medidas ordenadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, se procedió a realizar la cesárea, en la semana 26 de embarazo.
Motivados por los daños provocados a Beatriz la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, IPAS Centroamérica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron en noviembre del 2013 una denuncia ante la CIDH contra El Salvador.

El objetivo de esta demanda es asegurar que otras mujeres no tengan que enfrentar el sufrimiento que tuvo Beatriz al ver en riesgo su vida. Las organizaciones buscan que las autoridades salvadoreñas reparen integralmente el daño sufrido por Beatriz, así como que modifiquen la normativa interna para garantizar plenamente a las mujeres el derecho a la salud, a la integridad personal, los derechos reproductivos y el derecho a una tutela judicial efectiva.
En la actualidad, El Salvador es uno de los siete países de América Latina y el Caribe en los que el aborto está absolutamente prohibido por ley. Esto significa que no existen excepciones a esta prohibición, ni siquiera en casos que peligre la vida de la mujer o que haya un embarazo producto de una violación.
Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, entre el 2000 y 2011, 129 mujeres han sido procesadas en El Salvador por los delitos de aborto u homicidio agravado, con penas que oscilan entre los dos y los cuarenta años de cárcel. Actualmente 15 mujeres se encuentran a la espera del indulto que las libere de las condenas penales que cumplen debido a complicaciones en el embarazo.