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Comité de la ONU determina que la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador Viola los Derechos Humanos de las Mujeres
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le pidió al Estado salvadoreño que revisara y reformara las leyes extremas del aborto que han resultado en la violación de los derechos humanos de las mujeres.
29/05/14- (COMUNICADO DE PRENSA) Esta semana, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC de la ONU) determino la penalización total del aborto en El Salvador como una violación de los derechos humanos de las mujeres, especialmente de acuerdo a las obligaciones bajo ese tratado en relación con el derecho a la salud.
Durante la revisión de El Salvador, el Comité DESC cuestiono las injusticias y el sufrimiento que las mujeres salvadoreñas enfrentan debido a la prohibición absoluta del aborto en el país, en especial cuando se trata de mujeres que se encarcelan por la sospecha de haber tenido un aborto luego de haber accedido a atención medica en establecimientos públicos de salud por serias complicaciones de sus embarazos. El Comité llamó la prohibición al aborto una violación de los derechos de la mujer a la salud y al debido proceso, urgiendo al Estado a que “revise su legislación respecto a la total prohibición del aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad” además de dar prioridad a la calidad del tratamiento para las mujeres que necesitan atención médica a causa de abortos inseguros/peligros y embarazos complicados- no realizar un enjuiciamiento penal.
El Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico presentaron un informe complementario en abril, ante el Comité DESC evidenciando la violación de derechos humanos que implica la criminalización total del aborto en El Salvador.
Mónica Arango, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos dijo:
“Por demasiado tiempo, la criminalización absoluta del aborto en El Salvador ha obligado a las mujeres que buscan una atención esencial de salud reproductiva a hacerlo en la penumbra. Las mujeres salvadoreñas se arriesgan a ser encarceladas por décadas y ser víctimas de violaciones de varios de sus derechos humanos- no solo cuando necesitan un aborto, sino también cuando necesitan atención médica por complicaciones graves y potencialmente mortales del embarazo.”
“Hoy el Comité de la ONU correctamente ha reconocido que la larga trayectoria de criminalización de las mujeres en El Salvador debido a sus leyes extremas en contra del aborto, no es más que una grave violación de los derechos humanos de las mujeres, de su derecho fundamental a la salud, y su dignidad. “
“Ha transcurrido suficiente tiempo para que el Estado salvadoreño tome los pasos necesarios para finalmente reconocer el derecho al aborto, al menos, en ciertas circunstancias y con ello empezar a respetar y proteger los derechos humanos de las mujeres en su país.”
El Comité DESC de la ONU supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obligando a sus Estados parte a que garanticen el goce de los derechos económicos, sociales y culturales para todos y todas. Los hallazgos de hoy reiteraron el efecto desproporcionado de la prohibición del aborto en El Salvador especialmente en las mujeres pobres con bajos niveles de educación, sin consideración alguna para situaciones excepcionales. El Comité también destacó el alto número de abortos ilegales en el país y las graves consecuencias para la salud que implica y como las interrupciones clandestinas siguen siendo una de las principales causas de mortalidad materna.
La legislación que penaliza el aborto de manera absoluta en El Salvador es una de las más extremas en el mundo- prohibiendo aun cuando es necesario para salvar la vida de la mujer e imponiendo severas sanciones penales para las mujeres y los médicos. Bajo las leyes actuales en El Salvador, cualquier persona que realice un aborto con el consentimiento de la mujer o una mujer que se auto-induce o que consiente para que otra persona le induzca su aborto puede ser encarcelada hasta por ocho años. En realidad, muchas de mujeres terminan siendo procesadas y condenadas por homicidio agravado que se castiga hasta con 40 años de prisión.
“Debido a las leyes severas que tiene El Salvador en relación al aborto, las mujeres evitan los hospitales públicos porque las tratan como asesinas cuando lo que necesitan es atención médica esencial e inmediata,” dijo Morena Herrera, Presidenta de la Agrupación Ciudadana. “El Comité de la ONU ha entendido esta tragedia de derechos humanos y el gobierno tiene la obligación de cambiar sus políticas de aborto para que las mujeres puedan acceder sin miedo a los cuidados de salud reproductiva que necesiten cuando tienen una emergencia obstétrica .”
El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado por más de 12 años para exponer los efectos que la criminalización absoluta del aborto en El Salvador ha tenido sobre las vidas y la salud de las mujeres. En marzo de 2012, el Centro y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador presentaron un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de “Manuela,” una madre de dos hijos quien fue condenada a 30 años de prisión después de sufrir complicaciones obstétricas y que murió menos de un año después de la sentencia debido a que tenía un cáncer linfático Recientemente, el Centro y la Agrupación Ciudadana presentaron el informe “Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador” en el cual se documentan las consecuencias, en materia de derechos humanos, de la criminalización absoluta del aborto, incluyendo las historias de vida de cinco mujeres que fueron injustamente procesadas por el delito de aborto u homicidio agravado después de haber sufrido emergencias obstétricas . El informe analiza cómo los sistemas de salud, de justicia y penitenciaros fracasan en la protección de mujeres embarazadas.
Esperamos que el Estado de El Salvador sea receptivo a las recomendaciones y exigencias de la comunidad internacional
