A la ciudadanía salvadoreña, organizaciones sociales, medios de comunicación e instituciones públicas exponemos:
Que en recientes publicaciones en uno de los medios de prensa escrita de mayor difusión en nuestro país se han expresado opiniones e información relacionada con nuestras organizaciones y las actividades que realizamos en la defensa de los derechos de las mujeres, específicamente de mujeres criminalizadas y encarceladas injustamente por razones relacionadas al aborto y condenadas a homicidio agravado con penas de hasta 40 años de cárcel.
Queremos entender que la atención particular mostrado por el Diario de Hoy refleja un auténtico interés por esta problemática que afecta de manera principal a mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza. No obstante lamentamos que sus fuentes no se documenten de manera adecuada, ya que si pretende informar de forma fidedigna, con mucho gusto se lo proporcionamos en detalle. En este marco estamos solicitando a ese periódico el derecho que en virtud de los artículos 6 de la Constitución de la República, 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1, 4 y 9 de la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, nos permita esclarecer datos e información en este marco. Esperamos que nuestra petición sea aceptada, en la misma calidad y espacio del reportaje publicado el pasado domingo.
Nuestras organizaciones están legalmente constituidas, y aunque la mayoría de nuestras actividades son sostenidas con trabajo voluntario y aportes personales, desarrollamos muchas actividades que reciben respaldo político y económico de organizaciones e instituciones solidarias y de cooperación al desarrollo. Todas estas actividades están respaldadas por convenios y contratos, cuentan con contabilidad formal y son auditadas por entidades externas, tanto en proyectos concretos como a nivel institucional.
Desde hace varios años hemos venido insistiendo en la necesidad de abrir un diálogo serio, con base y sustentación científica en torno a las consecuencias que tiene para nuestra sociedad la penalización absoluta del aborto, sobre todo para la vida y la salud de las mujeres que viven en situación de pobreza, así como para el ejercicio pleno de la profesión médica, que en muchos casos se ve impedido de asistir adecuadamente a sus pacientes debido a que procedimientos de interrupción de embarazos que amenazan su salud y sus vidas, están totalmente penalizados en el país.
Durante el año 2013 respaldamos la petición de Beatriz que debido al embarazo de alto riesgo y anencefálico, y a la recomendación unánime del Comité Médico del Hospital de Maternidad de interrumpir su embarazo, se le negó este derecho, prolongando su sufrimiento por más de 80 días desde que tuvo este diagnóstico clínico. Recordamos que fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la que dicto Medidas Provisionales que ofrecieron un marco legal para la actuación del equipo médico. El trato cruel e inhumano al que Beatriz fue sometida y las secuelas que la prolongación innecesaria de su embarazo, forman parte de la base para una demanda al Estado salvadoreño que presentamos en noviembre del año pasado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Hace más de 2 años también presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la demanda al Estado en el nombre de Manuela y su familia, joven mujer campesina que padecía que un cáncer linfático, que murió en la cárcel, condenada a 30 años por un crimen que no llego a comprender. Su padre, su madre y sus dos pequeños hijos, esperan que la dignidad de Manuela sea reconocida algún día por el Estado de El Salvador. Soñamos con el día en que a esos niños les devuelvan una imagen positiva de su madre.
En abril de este año presentamos ante la Asamblea Legislativa 17 solicitudes de indulto, que corresponden a igual número de mujeres que en diferentes circunstancias sufrieron complicaciones obstétricas y que en 15 casos perdieron el embarazo o a sus criaturas recién nacidas. Todas fueron inicialmente acusadas por aborto, y posteriormente la Fiscalía cambió la tipificación del delito, llegando a condenarlas por homicidio agravado. El indulto es una de las figuras que ofrece la Ley Especial de Ocursos y Gracia, para resolver situaciones de carácter humanitario o cuando hubiera problemas con el debido proceso, en aquellos casos donde ya existe sentencia firme. Desde nuestro punto de vista, es un recurso que da la oportunidad para que los tres órganos del Estado corrijan esta situación de injusticia, a quienes el mismo Estado les falló, para que puedan recuperar su libertad y tengan la oportunidad de rehacer sus vidas junto a sus familias.
Esta petición de indultos cuenta con un enorme respaldo nacional e internacional, porque la realidad de LAS 17 es el reflejo de la violación de derechos reproductivos de las mujeres, pone en evidencia que nuestro país no ha respondido positivamente a numerosas recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de revisar la legislación penal en materia de aborto, así como la necesidad de superar la violencia de Estado que significa encarcelar a mujeres desde las salas de emergencia hospitalaria.
Ninguna de LAS 17 ha sido condenada mediante pruebas directas sino que por lo que se conoce como pruebas indiciarias. Muchos de sus expedientes muestran errores judiciales al debido proceso y peritajes forenses plagados de interpretaciones y discriminaciones. Los indultos están siendo procesados en las instancias pertinentes que aunque se están tomando más tiempo que el que les indica la ley, esperamos que pronto sean resueltos favorablemente.
Tenemos un firme compromiso con la libertad de LAS 17 y de otras mujeres que han sido condenadas también a 30 años por circunstancias similares, pero cuyas sentencias aún no están firmes, por eso no hemos presentado la solicitud de indulto por ellas, con la esperanza que en las máximas instancias judiciales, sus casos sean revisados y reconsiderados con mayor cuidado.
Todas las condenadas a quienes defendemos son mujeres cuyas vidas han sido marcadas por la violencia estructural de la pobreza, la falta de educación y de acceso a servicios integrales de salud.
Finalmente, manifestamos nuestra preocupación ante las amenazas directas e indirectas de parte de grupos fundamentalistas contra las defensoras de derechos sexuales y reproductivos en El Salvador, dirigidas principalmente hacia quienes son voceras de la campaña Libertad para las 17. Estas amenazas se han realizado a través de reiterados artículos de opinión vertidos en medios de comunicación masivos, orientados a deslegitimar y desprestigiar el trabajo que realizan las defensoras.
En este marco:
Exigimos a las instancias competentes que tienen responsabilidad de proceder con las solicitudes de indulto, que no retarden más el proceso y que resuelvan apegados a los principios de la ley y del derecho a la seguridad jurídica que reconoce la Constitución de nuestra República.
Hacemos un llamado al personal médico y sanitario a que respete el secreto profesional con sus pacientes y a que se pronuncie por los problemas que la legislación penal sobre aborto les ocasiona. Que no sigan viendo que sus pacientes se mueren teniendo las manos amarradas.
Pedimos a la ciudadanía que se informe sobre la injusticia que están viviendo LAS 17, que apoye las gestiones para que recuperen su libertad, muchos hijos, hijas y familiares estarán felices que ellas vuelvan a sus hogares.
Solicitamos a medios de comunicación el mayor cuidado para no divulgar nombres completos de LAS 17, por las complicaciones y riesgos que esto puede generar para ellas en los propios centros penitenciarios, donde algunas han recibido maltratos y amenazas de otras internas cuando esta información es divulgada y también por los riesgos que esto implica para sus familias. En este mismo sentido, hacemos un llamado a no usar de forma descontextualizada información de sus expedientes judiciales, porque no contribuye a establecer la verdad y a esclarecer los hechos como en cada caso ocurrieron, sino a divulgar interpretaciones discriminatorias.
Exigimos al Estado Salvadoreño que garantice las medidas de protección y seguridad para las defensoras de derechos sexuales y reproductivos en El Salvador y que genere el ambiente propicio para que éstas puedan ejercer su derecho a defender los derechos humanos de las mujeres
Agradecemos a todas las personas. Organizaciones sociales, medios de comunicación, instituciones nacionales e internacionales que respaldan esta lucha por que es justo y legitimo luchar por los derechos de las mujeres, y porque decidir salvar a las mujeres es una causa importante para nuestra sociedad.
