OR LA VIDA Y LA SALUD DE LAS MUJERES
NECESITAMOS LEGISLADORES INFORMADOS Y RESPONSABLES QUE PROMUEVAN EL DEBATE
Como organizaciones ciudadanas y defensoras de los Derechos Humanos manifestamos nuestra más profunda preocupación por la propuesta de modificación al Código Penal presentada el día 11 de julio por el diputado Ricardo Velásquez Parker perteneciente al partido ARENA:
La propuesta de reforma de ley pretende elevar las penas por aborto que actualmente son de 2 a 8 años, hasta condenas de 30 a 50 años. Esta medida nos parece altamente irresponsable y muestra una falta de conocimiento sobre los factores que pueden llevar a una mujer a enfrentar un aborto y/o a considerar necesaria la interrupción de un embarazo que ponga en riesgo su salud o su vida o por ser un embarazo forzado resultado de una violación.
Ya desde 1826 nuestra legislación, contemplaba eximentes a la penalización del aborto, pues nuestros legisladores entendieron la necesidad de regularlo ante una serie de casos en los que es éticamente justificable.
La modificación del Código penal de 1998 al penalizar absolutamente el aborto, convirtió a nuestro país en uno de los únicos 5 países del mundo que lo penalizan incluso cuando está en riesgo la vida de la mujer gestante. La aprobación del artículo 133 y siguientes, que penalizan absolutamente el aborto, se realizó en en un ambiente de polarización e ideologización del tema que propició una legislación cuyos problemas de aplicación son evidentes. La Constitución garantiza la vida tanto de la mujer gestante como de la vida intrauterina en formación, pero no regula como resolver la posible colisión que se puede dar entre estos dos derechos. Pretender privilegiar únicamente la vida en gestación sin garantizar los derechos de las mujeres es una clara violación a sus derechos constitucionales a la vida y la salud, a su derecho a la seguridad jurídica y una muestra de la falta de respeto de los legisladores hacia las mujeres.
Esta posible contradicción entre el Código Penal y la Constitución, ha sido enfocada de forma totalmente errónea por este legislador de ARENA. Ya la Sala de lo Constitucional en su resolución 18-98, lo señaló: “se deben regular jurídicamente las controversias surgidas del conflicto entre la vida humana intrauterina y los derechos constitucionales de la madre. De este modo, resulta ineludible arbitrar una solución normativa para resolver los casos concretos que puedan acontecer”. Lo que debe hacer la Asamblea Legislativa es regular esta colisión de derechos con base a un estudio científico, objetivo y apegado a los derechos humanos, que permita contemplar el eximente de pena para garantizar la salud y la vida de las mujeres.
La propuesta de ARENA solo generaría más sufrimiento y dolor en nuestra sociedad, siendo una amenaza para las mujeres que se encuentren ante problemas obstétricos graves como un embarazo ectópico, cardiopatías congénitas, problemas hipertensivos o cáncer. También es una amenaza contra el personal médico que considere recomendable tener la opción de interrumpir el embarazo, como una alternativa responsable para garantizar el derecho a la salud y vida de la mujer gestante. Bajo estas prohibiciones el personal de salud se encuentra de manos atadas. Estas mujeres, además de no ver garantizado su derecho constitucional a la salud, se verán amenazadas con prisión y el personal médico estará en el dilema de cumplir con su deber profesional de salvarles la vida y la salud o de afrontar una condena.
Lo que los diputados y diputadas deben garantizar es un marco legal que, de acuerdo a la Constitución, proteja a las mujeres ante posibles riesgos de daños a su salud y su vida y permita a las instituciones de salud disminuir la morbimortalidad materna producto de causas prevenibles.
Además, la actual legislación penalizadora de aborto incumple las Convenciones y Tratados Internacionales de la OEA y Naciones Unidas firmadas por El Salvador, las cuales de forma reiterada han realizado señalamientos y recomendaciones al Estado salvadoreño para que revise su legislación respecto a la total prohibición del aborto, haciéndola compatible con otros derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad. La propuesta penalizadora de ARENA profundiza el aislamiento internacional de El Salvador respecto a la legislación y estándares internacionales de protección de derechos humanos.
POR TODO ELLO:
Urgimos el retiro de la pieza de correspondencia que además de no aportar a la solución de los problemas que vivimos como sociedad salvadoreña, reduce derechos y profundiza injusticias y desigualdades para las mujeres y los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Instamos a la Asamblea Legislativa que generen un debate para abordar, con base a criterios médicos, sociales y con un enfoque de derechos la actualización de la regulación del aborto.
Exigimos que los legisladores se centren en abordar los problemas que enfrenta nuestra sociedad. En estos días se han conocido los datos de embarazos de niñas y adolescentes en El Salvador. En 2015, 25,000 niñas y adolescentes han estado embarazadas es decir el 30 % de partos en el país, 69 niñas y adolescentes al día son madres sin tener el desarrollo físico, psíquico ni emocional para afrontarlo. De ellas 1,444 son niñas entre 10 y 14 años, todos estos embarazos son producto de violación o abuso sexual, delitos contemplados en nuestra legislación. DIPUTADOS Y DIPUTADAS, EN VEZ DE PERSEGUIR A LAS MUJERES, CONOZCAN LOS PROBLEMAS DE LA CIUDADANÍA Y LEGISLEN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES.
Llamamos a los legisladores de todos los grupos parlamentarios a informarse sobre las causas y circunstancias que llevan a las mujeres y al personal médico a optar por la realización de un aborto, para poder comprender esta realidad y legislar de forma informada y apegada a la realidad. Existen múltiples experiencias en la legislación latinoamericana y mundial que pueden servir de inspiración para actualizar nuestra legislación. La Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Asociación de Gineco-Obstetras de El Salvador pueden explicarles sobre las razones médicas que hacen aconsejable una interrupción del embarazo para preservar la salud o la vida de las mujeres.
Como ciudadanía les demandamos responsabilidad y prudencia, no utilizando temas que afectan gravemente la vida, la salud o la libertad de las personas, para agravar la polarización y confrontación de nuestra sociedad.
Pedimos a la ciudadanía, organizaciones sociales, profesionales de la salud, defensores y defensoras de derechos humanos, intelectuales, líderes y lideresas sociales y académicos pronunciarse en contra de esta propuesta penalizadora y trabajar por una regulación basada en criterios medico científicos, de derechos humanos, sociales y éticos que generen un marco legal consensuado en nuestra sociedad.
San Salvador, 14 de julio de 2016
- Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, ético y eugenésico
- Alianza por la Salud Sexual y Salud Reproductiva
- Asociación de Jóvenes feministas Ameyally
- Asociación de Mujeres por la Dignidad y la vida – Las Dignas
- Asociación de Radios y Programas Participativos -ARPAS
- Asociación Ixchel
- CEMUJER
- CLADEM El Salvador
- COINCIDIR
- Colectiva Amorales Teatro
- Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
- Colectiva Lesbo-feminista Las hijas de Safo
- Concertación Feminista Prudencia Ayala
- Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo Digno
- Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD
- Jóvenes voceras y voceros en Derechos Sexuales y Reproductivos
- Asociación Movimiento Mélida Anaya Montes
- Mesa de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud
- Movimiento de mujeres de Santo Tomas
- Mujeres Transformando
- Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz – ORMUSA
- Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
