En el marco del día nacional e internacional de la no violencia contra las mujeres, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico reitera que la criminalización de las mujeres y la absoluta penalización del aborto constituyen una forma de Violencia Estatal.
Denunciamos que el actual Código Penal y Procesal Penal criminaliza todo tipo de aborto, incluso cuando la vida y la salud de las mujeres gestantes está en riesgo, si los embarazos son productos de violaciones o cuando hay malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina; profundizando la desigualdad y vulnerando los derechos de mujeres que viven en situación de pobreza y en zonas alejadas de centros de atención médica cuando enfrentan una complicación obstétrica.
Según la investigación: “Del hospital a la cárcel”, recabada en tribunales de sentencia e instrucción entre el año 2000 y 2011, se han procesado -y muchos casos condenado- a 129 mujeres acusándolas, en un primer momento, de aborto pero cambiando en la mayoría de los casos a homicidio agravado, lo cual ha provocado que las mismas sean condenadas a penas que oscilan entre 30 y 40 años de cárcel.
Es por ello, que el 1 de abril presentamos ante la Asamblea Legislativa la solicitud de Indultos para 17 mujeres injustamente encarceladas, la petición de indultos de LAS17 es el reflejo de la violación de derechos reproductivos que se viven en el país y pone en evidencia que no se ha respondido positivamente a numerosas recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de revisar la legislación penal en materia de aborto, así como la necesidad de superar la violencia de Estado que significa encarcelar a mujeres desde las salas de emergencia hospitalaria.
Según los plazos establecidos por la Ley Especial de Ocursos de Gracia, hace 3 meses se debió haber resuelto la petición de las 17 solicitudes de indulto presentadas a la Asamblea Legislativa. A nivel nacional e internacional es reconocido que a Las17 no se les garantizó la presunción de inocencia ni un juicio justo. Tampoco tuvieron una defensa apropiada que demostrar que no hubo intencionalidad o dolo. Los estudios presentados el pasado 3 de noviembre ante la CSJ y Asamblea Legislativa, realizados por el Doctor Gregory J. Davis y las Doctoras Christine Curry y Jodi Abbott muestran que Las17 fueron condenadas en base a pruebas que no tuvieron suficiente rigor científico.
Ante los informes de especialistas en gineco-obstetricia y medicina forense presentados, algunos servidores públicos han reaccionado con opiniones que carecen de sustento objetivo, están fuera de sus competencias y muestran claramente que son producto de sus posturas prejuiciadas. Por ello, reiteramos nuestro llamado a servidores públicos a abstenerse de expresar sus opiniones personales utilizando su cargo; a cumplir aquello que les compete de acuerdo a lo que la ley les faculta. En la Ley Especial de Ocursos de Gracia no está establecido que el Instituto de Medicina Legal de opiniones y haga pública información parcial relacionada con los casos, emitiendo juicios de valor. Su función debe atenerse a lo que indica su Reglamento establecido en el Acuerdo N° 339 emitido por la Corte Suprema de Justicia.
El pasado 21 de octubre la Corte Suprema de Justicia envió a la Asamblea Legislativa un Dictamen Favorable de Indulto de Mirna Isabel, una mujer condenada el 14 de noviembre del 2003 a 12 años y seis meses de prisión por “Homicidio Agravado Imperfecto o Tentado”, desde entonces ha vivido alejada de su hija. Los señores y señoras Diputados, no dieron prioridad a este caso y no programaron el debate de este indulto en la Plenaria de la Asamblea, por lo que Mirna ha tenido que cumplir su condena hasta el último día, sin tener siquiera la compensación simbólica de que su condena pudiera eximirse totalmente.
• Una vez más hacemos un llamado a Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia a resolver favorablemente las 16 solicitudes de indulto restantes para rectificar las violaciones procesales a la presunción de inocencia y los graves errores en las sentencias contra estas mujeres.
• Llamamos a todas las Diputadas y Diputadas a que muestren su sentido de humanidad y responsabilidad aprobando el indulto para estas mujeres, que están cumpliendo desproporcionadas y largas condenas en centros carcelarios que no garantizan condiciones mínimas para su reinserción al ser puestas en libertad.
• A las organizaciones que defienden derechos humanos, les pedimos que nos sumemos a esta petición porque cada día que pasa se le niega a estas mujeres, para quienes hemos solicitado un Indulto, que tengan posibilidad de reiniciar sus vidas, al lado de sus familiares.
• Reiteramos nuestra solicitud a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos a velar por el debido proceso de trámite de la solicitud de Indulto y por la integridad física y legal de las defensoras de derechos humanos que defienden a Las17.
Finalmente hacemos un nuevo llamado al Gobierno Central y en especial al Presidente de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén, a que con su liderazgo y en escucha al clamor de mujeres y las recomendaciones de la comunidad internacional, establezca las condiciones y promueva un diálogo abierto, amplio, con bases científicas y democráticas para que como sociedad salvadoreña establezcamos acuerdos que superen la violación de derechos de las mujeres que implica esta legislación.
