Publicado en La Prensa Gráfica
Por: Ana Escoto
Copilco 503
El pasado 12 de agosto me colé a la sesión extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto al tema de derechos humanos en países de América Latina, en el Palacio de Minería, en el centro del Distrito Federal mexicano.
En la sesión salvadoreña, las peticiones refirieron a la libertad de los medios de comunicación y los sistemas de subastas de las estaciones de radio y la poca participación de las radios comunitarias; sobre la elección de magistrados en el órgano judicial; sobre el tema de la migración de menores; los derechos a la salud y al trabajo de la comunidad LGTBI y la prohibición total del aborto y el caso del indulto a las 17.
Para los ojos de la que escribe en esta columna, poco conocedora de los procesos legales y de los organismos internacionales, asistir fue una gran experiencia. Los peticionarios tenían que exponer sus casos en menos de seis minutos. El Estado respondía y luego la comisión emitía algunos juicios y establecía preguntas, tanto a los peticionarios como al Estado.
Ante las peticiones, el Estado salvadoreño empezó a responder en calidad de informe de gestión gubernamental, que no siempre en todos los casos tenía que ver con las peticiones, sino con el accionar en general acerca de los derechos humanos. Se mencionó el reconocimiento de los pueblos indígenas, se mencionó el accionar de Ciudad Mujer… Entonces, cuando se empezó a detallar las acciones para la comunidad LGTBI, se habló de una gestión sobre el VIH (al parecer el sida no le da a las personas heterosexuales y es un tema sinónimo de LGTBI); los avances en las pasadas elecciones sobre el reconocimiento a la comunidad trans, la inauguración de la ventanilla LGTBI en una feria de empleo de mujeres del Ministerio de Trabajo. Eso sonaba muy bien.
Pero el Gobierno se estaba agenciando los logros de la sociedad civil para pedir la carita alegre de “hice mi tarea” a la comisión. Más aún, los estaba enumerando enfrente de las peticionarias (ASPIDH ARCOIRIS TRANS), quienes han gestionado las acciones, con algunos funcionarios particulares.
Si el robo de logros fue terrible, el silencio fue peor. El Gobierno de El Salvador no mencionó nada acerca de la prohibición total del aborto, a pesar que las peticionarias del indulto de las 17 estaban ahí y expusieron los peligros y amenazas a las que han sido expuestas estas mujeres debido a que sus nombres han sido publicados en columnas de opinión y redes sociales. El Gobierno dijo no saber nada de esto (aún si fuera en periódico de circulación nacional).
La presidencia de la sesión extraordinaria tomó la palabra y dijo sentirse muy preocupada por el tema. Sentí una cosa entre vergüenza e ira, justo en frente de la comisionada (me había apañado primera fila). Fue una bofetada. Que hasta los organismos internacionales de derechos humanos muestren su preocupación y el Gobierno no tenga preparado nada, la negligencia absoluta, el “no nos importa” (y no se respondió en la sesión, supongo que mandarán las respuestas). Lo que aprendí es que si vuelvo a ir a una de estas sesiones llevaré mi omeprazol. La gastritis no se lleva bien con esto de ver que hay temas de derechos humanos que ni si quiera hay voluntad de discutir. ¿Es esto lo mejor que podemos ser?
