San Salvador, 6 de septiembre de 2021, Como Mesa por el Derecho a Defender Derechos expresamos nuestra preocupación por la situación de país y el contexto que este representa para la defensa de derechos humanos.
En El Salvador existe un grave deterioro de la seguridad jurídica como consecuencia de la concentración de poder, en un oficialismo alejado de la realidad económica y social de la población, ello sumado el discurso de odio que emana de la administración de gobierno y la implementación de medidas antidemocráticas, como los hechos del 9 de febrero de 2020 y 1 de mayo de 2021, ha tenido como resultado el debilitamiento de la institucionalidad democrática y del sistema de pesos y contrapesos que garanticen el cumplimiento de los derechos fundamentales. Recientemente más de 60 organizaciones internacionales denunciaron el deterioro de los derechos humanos en el país.
Así lo demuestran las crecientes denuncias en contra de las fuerzas de seguridad (PNC y FAES), por abusos de poder cometidos en agresiones físicas y verbales en contra de personas periodistas y medios de comunicación, el ataque constante, persecución y hostigamientos de funcionarios públicos de todo nivel en contra de sociedad civil organizada, organizaciones de defensa de derechos humanos y personas defensoras en general, así como el deterioro de la transparencia y acceso a la información, como herramientas indispensables para la participación ciudadana y el combate a la corrupción.
Todo lo anterior da cuenta del contexto hostil para la defensa de derechos humanos en el país, pero además pone en evidencia al Estado salvadoreño en el incumplimiento de los estándares internacionales de protección en la materia, que constituye una deuda histórica que desconoce la necesidad de proteger a quienes procuran una sociedad más justa y equitativa a través de la cultura de paz.
Mientras que los esfuerzos y trabajo presentado por la sociedad civil, como la propuesta de “Ley de Protección Integral para personas Defensoras de Derechos Humanos” son desechados de forma inconsulta, por decisiones políticas, minimizando su importancia, revictimizando a quienes han sido objeto de agravios por su labor de defensa y retardando la justicia al abstenerse de legislar en favor de la protección de quienes defienden derechos humanos.
Por ello, una vez más:
• Reiteramos nuestro deseo y compromiso de trabajar en pro de la defensa de los derechos humanos y la protección de quienes los defienden.
• Instamos a la Asamblea Legislativa a proteger y garantizar el ejercicio pleno del derecho a defender derechos y la labor de quienes lo ejercen, creando la normativa necesaria y el mecanismo ideal para el funcionamiento de la misma.
• Exigimos al Presidente de la República y su Consejo de Ministros, a la Asamblea Legislativa y otros actores con influencia y poder, se abstengan de obstaculizar, estigmatizar y criminalizar la labor de defensa, además de garantizar la participación ciudadana como elemento indispensable para la construcción de una política pública participativa.
