Bruselas, Bélgica, 9 de abril de 2018. “Nadie me visitó cuando estuve en la cárcel, porque no tenía mamá y papá, cuando salí no tenía para dar de comer un pan a mi hijo”, expresó María Teresa Rivera, quien en mayo de 2016, luego de la revisión de su caso, un juez determinó que no había indicios que ella hubiera cometido homicidio. Ella fue condenada a 40 años de prisión en 2012, después de experimentar un parto extrahospitalario. La Fiscalía General de la República al no tener pruebas para acusarla de aborto, la culpabiliza de homicidio agravado. Rivera compartió su testimonio ante el Parlamento europeo el lunes 9 de abril durante la conferencia: “Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Acabemos con la violencia reproductiva hacia las mujeres en El Salvador”.
Las y los parlamentarios escucharon, también, la historia de Teodora Vázquez, quien al igual que Rivera, son el rostro visible de la absoluta penalización del aborto en El Salvador. Ellas fueron en representación de Las 17 y más: 25 mujeres que han sido condenadas por homicidio, luego de experimentar partos extrahospitalarios y/o emergencias obstétricas.
“Si las mujeres libres no somos escuchadas, menos lo somos las que estamos en la cárcel”, aseguró Vázquez, quien está en libertad desde febrero 2018, después de estar presa once años y siete meses por un crimen que no cometió. Fue condenada a 30 años, en febrero de 2008. Ella recuperó su libertad, luego de que la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto solicitará ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la conmutación de su pena. La Corte, en su resolución, asegura que no existe evidencia científica de que Teodora cometió homicidio agravado.
Debido a esta legislación que penaliza toda forma de aborto, Teodora y María Teresa fueron separadas de sus hijos y de sus familias durante muchos años. Teodora no vio a su hijo durante cuatro años porque su familia no tenía ingresos suficientes para ello; y era visitada dos veces al año por sus padres, por la misma razón. Teodora aprovechó para relatar la historia de Maira, quien recientemente recuperó también su libertad, luego de estar 15 años en cárcel de mujeres. Maira pasó once años sin ver a su familia. La CSJ también conmutó su pena.
Como parte de esta delegación salvadoreña, la abogada Bertha Deleón también expuso cómo esta legislación no solo entorpece el trabajo de la defensa sino permite violentar derechos constitucionales de las mujeres gestantes, tales como la presunción de la inocencia. “Más que abogada defensora, soy testigo de las injusticias que se viven a diario en El Salvador, con una clara violación a las garantías judiciales; como consecuencia de la penalización absoluta del aborto y que han sido ignoradas por los diputados y por las instituciones que tienen relación con el sistema de justicia penal”.
La ley salvadoreña que penaliza de forma absoluta el aborto entró en vigencia desde 1998. Luego de varios años de insistencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos sobre la urgencia de la protección de la salud y vida de las niñas y las mujeres, en octubre de 2016, Lorena Peña, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), entonces presidenta de la Asamblea Legislativa, presentó una pieza de correspondencia para que se reforme el artículo 133 del Código Penal para que el aborto sea permitido en cuatro causales: i) cuando la vida y salud de la mujer están en riesgo; ii) si el feto tiene una malformación congénita que haga inviable la vida extrauterina; iii) cuando el embarazo es producto de violencia sexual o trata de personas; y iv) cuando el embarazo es producto de violencia sexual en menores de edad. En agosto de 2017, Johnny Wright Sol, diputado del partido Arena, presentó una iniciativa para regular la interrupción del embarazo en dos casos específicos: aborto terapéutico y violencia sexual en menor o incapaz; sin embargo, el debate no avanza en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a pesar de que cuentan con la información necesaria y suficiente para dictaminar de forma favorable, para su posterior discusión y aprobación en el pleno legislativo.
La Dra. Victoria Ramírez, ginecóloga, compartió cómo esta legislación impide a los doctores y doctoras atender debidamente a las mujeres gestantes cuando experimentan las causales i) e ii). Compartió casos en los que está ley los ata de manos e incide en que incumplan su juramento Hipocrático. La Dra. habló del caso de Claudia, una mujer que padecía de cáncer y no pudo interrumpir su embarazo ni recibir tratamiento médico. Ella y su feto fallecieron. “¿Por qué no puedo ayudar a las mujeres? ¿La normativa internacional, nacional y los libros indican los procedimientos? Es frustrante no poder ayudar a una mujer ante una muerte anunciada por la ley ¿Por qué perder dos vidas cuando se pudo salvar una?”, argumentó Ramírez, ginecóloga de un hospital público y coordinadora la Unión Médica Salvadoreña por la Vida y la Salud de las Mujeres”.
En transmisión simultánea desde El Salvador participó el diputado Johnny Wright Sol, expresó, “Pareciera importarle a muy pocos salvadoreños que 90 % de muertes maternas son prevenibles, 30 % de estas se deben a suicidios en caso de violaciones sexuales. El código penal de 1998 permitía el aborto cuando el embarazo era inviable, cuando la vida y salud de las mujeres está en riesgo, por violencia sexual y cuando la vida del feto es inviable fuera del útero. Es necesario regular en esta legislación al menos en dos causas.
La ley salvadoreña tiene un impacto negativo en las vidas de las mujeres, pero también separa a las familias y genera inseguridad jurídica para el personal de salud que no puede ofrecer los tratamiento indicados en casos de embarazos graves.
María Teresa, Teodora, Deleón y Ramírez reiteraron el llamado a las y los diputados para que avancen en la reforma del artículo 133 del Código Penal, que permitirá regular la interrupción del embarazo en las cuatro causales.
