Publicado en el Periódico Equilibrium
Una persecución que fue considerada como “dramática e injusta”, contra una mujer campesina quien fue acusada de aborto provocado,
ha sido el detonante de una demanda internacional contra el Estado salvadoreño.
La demanda fue presentada este miércoles en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
por parte del denominado Centro de Derechos Reproductivos (CDR), una organización que trabaja a nivel latinoamericano, desde hace 20 años.
El caso despertó el interés del CDR, dijo su abogada, Alejandra Cárdenas, quien hizo una narración conmovedora de la suerte de “Manuela”,
una mujer campesina de 33 años, quien habría sido inadecuadamente tratada por el sistema de Salud y el sistema de Justicia, llevándola así a la muerte.
“Manuela” era una mujer muy pobre, rural y analfabeta que vivía en Cacaopera, Morazán. Así comienza la historia. Su triste historia.
Tenía dos hijos, nunca tuvo acceso a salud reproductiva ni materna; dio a luz en su casa a sus dos hijos y en una tercera maternidad, tuvo
una emergencia obstétrica.
Perdió el feto y pensó que era diarrea; le dio hemorragia profusa y preclancia, llegó al hospital y en lugar de ser atendida como era su derecho,
el mismo personal médico y de enfermería inició su persecución, persecución que fue un preludio de su muerte.
La acusaron de provocarse un aborto, la procesaron y la llevaron a prisión. La condenaron a 30 años de prisión, sin que se tomara en cuenta toda
evidencia médica de que no había cometido delito alguno.
Dos años antes de haber quedado embarazada de su tercer hijo, había desarrollado un cáncer linfático y tumores grandes se le formaron en el cuello;
en el sistema de salud le habrían tratado el cáncer como si fuera un proceso gripal y le medicaron analgésicos; mientras tanto, el cáncer progresaba.
A “Manuela” la esposaron a su cama hospitalaria y no fue sino hasta un año después de la gravedad de su enfermedad que se le tomó una biopsia,
el resultado de ese examen: tenía cáncer.
Pese a ello le dieron las quimioterapias parcialmente y la dejaron padecer los efectos de las mismas en las horribles condiciones carcelarias en
San Miguel e Ilopango.
Para la abogada que hoy la representa, esa forma de haberla minimizado en su situación dolorosa, es un trato cruel, inhumano y degradante.
“Manuela” murió en la cárcel el 30 de abril de 2010, nunca más vio a sus hijos, los dejó huérfanos y con su muerte se llevó la violación a
la presunción de su inocencia, al derecho a la vida e integridad personal, al debido proceso.
Los detalles de esta historia, fueron ofrecidos por Alejandra Cárdenas, quien agregó que este no es un caso aislado.
Por eso mismo al finalizar este año la organización que representa hará una publicación conjunta con las organizaciones salvadoreñas, para
demostrar cómo en El Salvador se condena a una mujer que llega sangrando al hospital, sin importar que haya tenido una complicación de parto
o de aborto espontáneo, dijo la abogada.
