RECHAZAMOS LOS RETROCESOS EN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Marzo, mes en el que conmemoramos el legado histórico de las luchas feministas por la justicia, igualdad y dignidad, como mujeres diversas, feministas, defensoras de derechos de las mujeres desde nuestras articulaciones – Resistencia Feminista y Asamblea Feminista – expresamos:

1. Declaramos el mes de marzo como mes de activismo feminista, para visibilizar las demandas que tenemos frente al gobierno que ha desarrollado una estrategia de desmantelamiento del andamiaje institucional que habíamos logrado articular para la garantía de nuestros derechos.
2. Denunciamos el retroceso en materia de inversión de recursos públicos para políticas orientadas a garantizar nuestros derechos, de tal forma que los presupuestos etiquetados desaparecieron y el presupuesto general para el año 2022 tiene la inversión más baja para garantizar derechos de las mujeres de los últimos tres años.
3. La salud en general de las niñas y mujeres se ha deteriorado a nivel nacional pues, al orientar todos los recursos y esfuerzos del MINSAL al combate de la pandemia, se ha descuidado áreas fundamentales para la vida: salud mental, salud sexual, salud reproductiva, atención de enfermedades crónicas y tratamientos contra el cáncer.
4. La penalización absoluta del aborto genera persecución a mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza. Es un marco normativo que atenta contra la vida y salud de las mujeres y jóvenes. Los embarazos impuestos siguen siendo una problemática en nuestro país. El MINSAL reportó que de enero a septiembre de 2021 se inscribieron 46,678 embarazos en la red de establecimientos a nivel nacional; de los cuales 9,478 son embarazos en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años, además de 410 embarazos en niñas de 10 a 14 años, un 22% del total de inscripciones de embarazos en el rango de 10 a 19 años. 
5. La violencia contra las mujeres y niñas es poco atendida desde las instancias mandatadas por la LEIV, el 2021 cerró con 132 feminicidios, de los cuales 82 fueron contra víctimas entre 18 a 40 años (62%), además de dos niñas menores de 12 años y ocho adolescentes de 13 a 17 años. Adicionalmente,  707 mujeres fueron víctimas de desaparición forzada entre enero y septiembre, de acuerdo a datos del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres de ORMUSA.
6. Los hallazgos de fosas comunes en Chalchuapa, Lourdes, Zacatecoluca, Chalatenango, El Paisnal y Nuevo Cuscatlán son una muestra de la gravedad y crueldad que implica la desaparición forzada de personas en El Salvador, obligando incluso a la creación de un Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas ante la indolencia del gobierno para atender y resolver las demandas de las familias que siguen buscando a las personas desaparecidas, hasta encontrarlas vivas o muertas.
7. Producto del cambio en la vida que ha implicado la adaptación familiar al contexto de pandemia, las mujeres, niñas y adolescentes enfrentan una recarga en el trabajo de cuidados que se realizan para garantizar la vida y el funcionamiento de las familias, provocando una profundización en la crisis del trabajo de cuidados y en la precarización del tiempo y la vida de las mujeres y niñas que ven reducidas sus posibilidades de dedicar tiempo a su desarrollo y progreso, por el mandato social de asumir los cuidados, ante la falta de políticas públicas de corresponsabilidad social.
8. Denunciamos la aprobación de leyes y toma de decisiones que afectan derechos de mujeres, niñas y adolescentes al no tomar en cuenta sus necesidades específicas y priorizar los intereses de otros actores, por ejemplo: la Ley de Recursos Hídricos, la nueva moratoria en la entrada en vigencia de la Ley de Salas Cuna en centros de trabajo, la falta de ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW y de convenios de la OIT para mejorar condiciones laborales de las mujeres, como el …
9. Rechazamos la indolencia y negligencia del gobierno ante la demanda de derechos de la población LGBTIQ+, promoviendo desde el gobierno desinterés por combatir los crímenes de odio, y desde la Asamblea el desprecio por sus demandas, al archivar propuestas de leyes para garantizar condiciones de vida digna en esta población.

Ante la precaria situación que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes salvadoreñas, demandamos:

1. Que las instituciones públicas con mandato legal de acuerdo a la LEIV, elaboren e implementen un plan articulado con organizaciones sociales, de la respuesta que aplicaran ante estas graves violaciones a los derechos de niñas y mujeres.
2. Creación de un registro único de personas desaparecidas con datos segregados por sexo, edad y lugar de procedencia, a fin de contar con datos reales actualizados sobre la magnitud de este problema que está fragmentando familias completas en el país.
3. Actualizar datos sobre provisión de servicios de salud a mujeres, niñas y adolescentes, a fin de orientar la inversión pública para superar problemáticas identificadas.
4. Retomar la discusión y aprobación de iniciativas de ley orientadas a la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ y defensoras de derechos de las mujeres.

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, desde nuestra posibilidad y creatividad, así como seguir vigilantes al accionar gubernamental, demandando la atención que merecemos como ciudadanas que también contribuimos a la generación de riqueza nacional, con nuestro trabajo remunerado y no remunerado, que asumimos en la mayoría de los hogares salvadoreños.