San Salvador, 20 de marzo 2018. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, tiene en estudio dos propuesta para la reforma del Artículo 133 del Código Penal; que permitiría la interrupción del embarazo en casos específicos: cuando la salud y vida de las mujeres está en riesgo, cuando el feto no tenga posibilidad de vida extrauterina; cuando el embarazo sea producto de violación y estupro o trata de personas. Presentada por la diputada Lorena Peña Mendoza el 11 de octubre de 2016 y la más reciente introducida el 17 de agosto de 2017 por el diputado Johnny Wright Sol.
La Comisión recibió opiniones de diversas instituciones y organizaciones sociales; entre ellas algunas integrantes de la Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres; en su mayoría favorables a la reforma del Artículo 133, mediante la adición de las cuatro causales de despenalización. En febrero de 2017 la Comisión realizó una consulta sobre la propuesta de reforma, los argumentos fueron contundentes sobre la urgencia de despenalizar el aborto en casos graves.
La actual legislatura está en sus últimas semanas de trabajo y la Comisión de Legislación, tiene una deuda con la salud y la vida de las niñas y las mujeres. Todavía no ha analizado ni realizado dictamen sobre las propuestas de reforma al Artículo 133 presentadas. Disponen de aportes importantes que pueden permitir la elaboración del correspondiente dictamen y enviarlo al plenario para debate, votación y aprobación.
Las mujeres, adolescentes y niñas de bajos recursos económicos que presentan problemas obstétricos que pone en riesgo su vida o salud y las que enfrentan un embarazo producto del delito de violación, abuso o estupro, necesitan un marco legal que les permita tener la opción de poder decidir de forma informada, la interrupción de un embarazo. En ambas propuestas se define con claridad que no se propone eliminar la criminalización del aborto, sino de adicionar casos, claramente definidos en los que no sería penalizado.
Con ello se daría cumplimiento a lo señalado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Resolución 18-98 de 2007 que dice “se deben regular jurídicamente las controversias surgidas del conflicto entre la vida humana intrauterina y los derechos constitucionales de la madre. De este modo, resulta ineludible arbitrar una solución normativa para resolver los casos concretos que puedan acontecer”, Igualmente en la resolución citada señala: “El derecho a la vida de la persona que está por nacer no es un derecho que en todos los supuestos deba prevalecer sobre los otros, sino que es necesario hacer una ponderación para cada caso”.
Por otra parte la actual legislación de penalización absoluta no da las garantías jurídicas necesarias, al personal médico para tener la opción de interrupción del embarazo ante situaciones de alto riesgo y con la decisión informada de la mujer o la niña. Así mismo, es difícil avanzar en la disminución de muertes maternas, ya que en 2017, el 32 % de estas muertes fue por causas indirectas, el 97 % de ellas prevenibles (datos del Sistema de Morbi-Mortalidad en Línea. SIMMOW, del MINSAL) y que en muchos casos se podrían evitar mediante la interrupción del embarazo. Es necesario considerar que el 30 % de embarazos del país es de niñas y adolescentes, producto, en muchos casos de abuso, violación o estupro (Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) El Salvador, Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015, primera edición Julio de 2016).
Además la preocupación por la problemática que enfrentan las niñas y las mujeres salvadoreñas como consecuencia de la penalización absoluta del aborto, ha trascendido a la comunidad internacional; quienes respaldan la reforma, enviando más de 200 mil firmas de 57 países del mundo recogidas por Amnistía Internacional. La ciudadanía salvadoreña entrega hoy 5,000 firmas, que fueron recolectadas por organizaciones de mujeres y jóvenes de nuestro país.
La salud y vida de niñas y mujeres, producto de embarazos en situaciones especiales y claramente definidas, no debe de seguir esperando. La aprobación de la despenalización del aborto por causales, es un legado que la actual legislatura tiene la oportunidad de dejar a las mujeres, adolescentes y niñas. Es un compromiso de todos los partidos políticos a los que instamos a ponerse de acuerdo y llegar a un consenso, elaborando un dictamen favorable para ser presentado en plenario antes del fin de la actual legislatura.
Diputados y diputadas póngase de acuerdo.
por la salud y vida de niñas y mujeres despenalicen el aborto ante casos graves.
¡EL MOMENTO ES AHORA!
