Nathalie Morán
En 2012, el Centro de Derechos Reproductivos junto a la Agrupación Ciudadana, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado salvadoreño, acusado de detenciones arbitrarias y trato cruel en contra de Manuela y pidiendo además que se compense a la familia y establezca medidas de no repetición.
Paula Ávila, abogada y representante del Centro de Derechos Reproductivos (CDR), aseguró que “en el caso de Manuela el Estado tuvo múltiples oportunidades de prevenir la violación de derechos humanos”. Sin embargo ella murió en la cárcel y acusada de homicidio agravado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. En la Convención los Estados firmantes se comprometen “a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
La representante del CDR explicó que el caso ya fue trasladado al Estado Salvadoreño, “le están dando una oportunidad para que responda. Puede responder diciendo que va a reparar sus obligaciones y entonces la Comisión pararía el proceso. Esto si el Estado repara y nos podemos sentar a hablar para tratar de lograr una solución amistosa”, enunció Ávila.
“Pero si no hace eso y sencillamente ignora o no da respuesta, la comisión seguramente va a admitir el caso y procedería a dar unas recomendaciones de fondo. Si no se cumple con las recomendaciones el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado salvadoreño podría ser sancionado internacionalmente por la muerte de Manuela y las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufrió”.
Ávila aclaró que el 21 de abril de 2015 se notificó al Estado salvadoreño del caso, por lo que aún tiene dos meses para emitir una respuesta. De no hacerlo el Estado podría ser sancionado. “Las sanciones que pone la Corte Interamericana de Derechos Humanos son múltiples, vienen desde reparaciones de tipo económico, como pedirle o exigirle que cambie su legislación interna”.
“Es parte de la obligación de los Estados cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales de derechos humanos, pero si no se cumplen hay consecuencias. En el campo internacional un país que tiene un record de violador de derechos humanos es un país que no puede participar de muchas actividades internacionales que lo beneficien como un intercambio comercial, un intercambio económico, préstamos internacionales o ayuda financiera de otros países”, enunció la experta.
El caso de Manuela sentaría un precedente a nivel regional pues evitaría que más mujeres sufrieran lo mismo que Manuela. “La resolución aplicaría para todos los países que tengan circunstancias similares, pues el Estado tendría que corregir y prevenir que futuras violaciones similares ocurrieran. Esto como parte de las medidas de no repetición”, declaró Ávila.
El caso de Manuela
Manuela murió el 30 de abril de 2010, a los 35 años de edad. Padecía un tipo de cáncer conocido como linfoma Hodgkin, que no fue detectado a tiempo. Ella murió esposada a la cama de un hospital y sufrió su enfermedad en condiciones insalubres y sin la atención médica adecuada, pues estaba condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.
“Manuela” es un nombre ficticio que cuenta la historia real de una joven de 30 años, madre de dos hijos, que no sabía leer ni escribir y que se acercó a un centro de salud pública porque tenía dolores y “nudos” en el cuello. Desde 2006, visitó los centros de salud quejándose de dolores de cabeza, náuseas, cansancio y dolores generalizados. Ella no podía pagar otro tipo de atención médica, así que siguió al pie de la letra las indicaciones del médico. Tomar analgésicos e irse a casa. Ni los médicos ni ella sabían que tenía un cáncer linfático y la trataron por un proceso gripal, nunca le ordenaron exámenes de diagnóstico.
Dos años después, Manuela quedó embarazada por tercera vez. Ella nunca tuvo acceso a salud reproductiva ni materna y sus dos partos anteriores los tuvo en su casa. Sin embargo, está vez sería diferente pues tenía un cáncer linfático en expansión. El embarazo no llegó a término. Ella sintió fuertes dolores de estómago y pensó que tenía diarrea. A Manuela le dio una hemorragia profusa y preeclamsia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la preeclamsia es una de las principales complicaciones causantes del 80% de las muertes maternas en el mundo. Es una de las más comunes y peligrosas, por lo que debe ser diagnosticada y tratada de manera inmediata pues pone en riesgo la vida del feto y de la mujer.
Carmen cuenta que su hija fue llevada al hospital a eso de las 2:00 de la tarde, pero no la atendieron hasta las 9:00 de la noche porque el personal de salud estaba esperando a la policía para que la interrogaran primero. Según la recopilación de historias, ¿Por qué me pasó esto a mí? La criminalización del aborto en El Salvador, realizada por Ipas Centroamérica y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Manuela no fue atendida hasta después de que llegó la policía y en ese momento tampoco le detectaron el cáncer.
Al día siguiente, los oficiales llegaron a la casa de Carmen exigiendo saber dónde estaba el bebé y amenazándola con llevarla a prisión si no confesaba. Los agentes revisaron toda la casa, el cuarto de Manuela y la letrina. La mamá de Manuela dice que buscaban las pastillas que su hija había utilizado para cometer el delito pero no pudieron encontrar nada.
Sin embargo, los policías le pidieron a Juan, el papá de Manuela, que pusiera su huella sobre un documento. Carmen y Juan son analfabetas y no comprendían lo que sucedía. Juan puso su huella pues no podía firmar, luego de eso los agentes le informaron que su huella era necesaria para formalizar la captura de Manuela. Sin saberlo, Juan firmó una denuncia penal en contra de su hija, lo que luego fue usado como prueba en el juicio en su contra, junto con la denuncia de la médica que la atendió en el hospital.
“Manuela primero va un hospital público, que es responsabilidad del Estado, y la mandaron a su casa. Luego queda embarazada, sufre la emergencia obstétrica, que es la pérdida natural del embarazo, es llevada al hospital y del hospital es denunciada. Otra vez, un hospital público en lugar de darle la atención que ella necesita y de protegerla, lo que hace es denunciarla y criminalizarla”, manifiesta Ávila.
En todo el proceso Manuela fue víctima de irregularidades. Ávila asegura que Manuela conoció a su abogado en el momento de la audiencia. “Lo cual, es además, el Estado violándole su derecho a la legítima defensa. Sumando violaciones. El juez viola los derechos de Manuela condenándola a 30 años de cárcel. La violación sigue, porque estando en la cárcel se descubre que tiene un linfoma, que fueron los nudos iniciales y muy posiblemente la causa por la que perdió su embarazo; y en lugar de darle el tratamiento adecuado Manuela muere en la cárcel seis meses después. Otra vez le violan los derechos a Manuela y se los siguen violando a través de su familia porque no ha habido un reconocimiento por parte del Estado ni se ha tratado de compensar a su familia”.
“Todo este conjunto de violaciones es lo que hace que el Estado de El Salvador sea responsable internacionalmente por lo que le pasó a Manuela y que hay una necesidad de cambiar muchas de esas políticas y resarcir a la familia de Manuela” opinó Ávila.
Los casos de Las 17
El Centro de Derechos Reproductivos está analizando litigar a nivel internacional los casos de Las 17 pues presentan similitudes con el de Manuela. “Vamos a buscar litigar directamente algunos de los casos de Las 17 porque ellas están en una situación urgente, en una situación de injusticia, estas mujeres están encarceladas por ser mujeres y por no tener acceso a la defensa”, enfatizó la representante del CDR.
Miembros del CDR han asistido a centros penales para visitar a las mujeres y conocer sus historias. “Queremos conocer sus historias porque en los expedientes que existen en este momento uno solo encuentra la historia contada por el fiscal, pero no encuentra la historia de ellas. Hicimos una visita bien larga a la cárcel de Ilopango, en donde estuvimos hablando con cada una de ellas para entender cuál es su historia personal” comentó Ávila.
Según la abogada, las historias de ellas no son las historias que están reflejadas en los expedientes pero tienen mucho más sentido y encajan más con la evidencia física que la evidencia de la fiscalía. “Uno lo que ve es una tergiversación de los hechos, pues en un proceso penal normalmente es la fiscalía la encargada de probar que una persona es culpable, más allá de duda razonable. En esos expedientes lo que se ve es mucha duda, y además solo se ve la teoría de la fiscalía. Nunca se ve la teoría de la defensa”, señala la integrante del CDR.
La experta manifestó su preocupación pues asegura que “este es un sistema muy persecutor de la mujer y sus historias son historias que le podrían pasar a cualquier mujer y que tienen muchos más sentido que las historias de los expedientes”.
“El hecho de que ellas no tuvieran defensa hace que el juez asuma que la verdad es la verdad del fiscal porque no hay una contradicción de la prueba. Incluso en los casos en que el juez considera que hay dudas ni siquiera se sienta a preguntarles a ellas su versión de los hechos. Incluso los expedientes dicen cosas como: a pesar de que no tenemos comprobados los motivos usted va sentenciada y eso es muy preocupante” determinó la abogada.
Sin embargo, Ávila agregó que “hay otros países en donde hay mujeres criminalizadas por aborto, pero El Salvador es el único que conocemos que tiene una persecución tan ensañada con la mujeres. Al punto que criminaliza incluso emergencias obstétricas, a pesar que no es un delito”.
“Esta es una situación dramática que continua. Desde Las 17 la agrupación ha conocido por lo menos cinco casos más, y esos son solo los que llegan a la agrupación. Los ojos del mundo están puestos en El Salvador”, concluyó Ávila.
