La mortalidad materna, el aborto inseguro, la violencia sexual y el irrespeto a los derechos sexuales y reproductivos fueron abordados por especialistas de Uruguay, Argentina, Colombia, México, Costa Rica y El Salvador en el foro: “Avances y Desafíos en la Garantía del acceso a los Derechos Reproductivos” el 8 de noviembre en San Salvador, El Salvador.
Por Adriana Vásquez
El suicidio es la primera causa de muerte materna indirecta en el caso de embarazo adolescente en El Salvador. Con esta afirmación, inició su ponencia Morena Herrera, representante de la Agrupación Ciudadana y Colectiva Feminista, en el panel “Buenas prácticas y lecciones aprendidas en la garantía de los derechos reproductivos. Experiencias nacionales”. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsal), “las adolescentes embarazadas se suicidaron con matarratas o sustancias fosfaradas”, lamentó. Esta es una las consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador, vigente desde 1998, recordó.
Herrera comentó que desde entonces, la Colectiva y la Agrupación han trabajado para que se reforme el artículo 133 del Código Penal y se permita la interrupción del embarazo cuando la vida y salud de las mujeres está en peligro, cuando el embarazo es producto de violencia sexual y cuando es inviable la vida del feto fuera del útero. Asimismo, que trabajan en la representación legal de mujeres procesadas y condenadas por homicidio agravado u homicidio agravado tentado debido a la penalización absoluta del aborto.
“Hemos logrado la libertad de 25 mujeres condenadas por homicidio agravado y defendemos a 29 más”, comentó. Herrera también hizo referencia al caso de Imelda Cortez, una joven de 20 años, procesada por homicidio agravado en grado de tentativa, luego de experimentar un parto extrahospitalario. Y aseguró que el equipo de la defensa jurídica hará todo para que no sea condenada injustamente. Imelda quedó embarazada, producto de violencia sexual ejercida por su padrastro, un hombre de 71 años.
Con este panel, inició el foro: “Avances y Desafíos en la Garantía del acceso a los Derechos Reproductivos” el 8 de noviembre en San Salvador, El Salvador; organizado por y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
En los dos paneles, las invitadas de Uruguay, Argentina, Colombia, México, Costa Rica y El Salvador dieron a conocer las diferentes etapas que ha pasado cada país en el proceso de despenalizar la interrupción del embarazo y cómo esto ha afectado a la población en general. Cada panelista tuvo 15 minutos para hablar sobre estas temáticas. Y después de cada panel, hubo un espacio de preguntas y respuestas de parte de las personas asistentes.
Lilián Abracinskas, representante de la Organización Mujer y Salud de Uruguay, explicó cómo la reforma de noviembre de 1992 para ampliar las causas de excepción para permitir el aborto en Uruguay, ayudó a las mujeres pues se experimentó una baja de más del 50 % de abortos clandestinos.
“El 98 % de abortos legales son con medicamentos y bajo la tutela de médicos especializados; en Uruguay se ha confirmado estadísticamente que no hay más abortos porque se haya legalizado su práctica: de tener 16 mil a 33 mil abortos clandestinos anuales pasamos a registrar 10 mil abortos legales anuales”, aseguró Abracinskas.
Además, recalcó que el despenalizar el aborto en ciertas causas mejoraría significativamente la salud de la mujer salvadoreña y evitaría la mortalidad materna por malas praxis o porque el personal médico está de manos atadas al saber que no se puede prevenir alguna enfermedad. Y compartió que en el proceso uruguayo, hubo representantes religiosos a favor de la ampliación de la legalización del aborto.
Por su parte, Larissa Arroyo, especialista en derechos humanos y género del IIDH-Costa Rica, inició su ponencia explicando que no es posible tener una prohibición absoluta del aborto. Si una mujer ve amenazada su vida y salud, no hay forma de proteger al feto”.
Sylvia Meza, del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de Costa Rica, recordó que en América Latina seis países prohíben completamente el aborto. “Las mujeres que quieren abortar y tienen los fondos, se van a los países donde es legal abortar, las que no, se mueren”. Para ella, la prohibición del aborto nos enfrenta a una situación de violencia institucional y violencia obstétrica que está siendo tolerada por el Estado salvadoreño”.
Ante esto, Morena Herrera recordó que en El Salvador, hay familias de mujeres que murieron y no saben que esa muerte se pudo prevenir porque estaba relacionada con el embarazo, por ejemplo cardiopatías.
En el segundo panel, “Acceso a la justicia con enfoque de género y derechos humanos: los casos de las mujeres criminalizadas”, participaron Catalina Martínez, directora regional del CDR; Alejandra Romero, de la Agrupación Ciudadana; Pedro Vera, asesor regional sobre derechos de las mujeres y cuestiones de género en la Oficina Regional para América Central; y Andrea Pochack, directora de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de Argentina.
Romero, abogada en la Agrupación Ciudadana, recordó que al eliminarse el artículo del aborto punible inició una persecución a las mujeres de este país. “Las 17 y más corresponden a casos de mujeres criminalizadas por experimentar abortos espontáneos, emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios. Imelda está detenida desde abril del 2017, acusada de tentativa de homicidio agravado. Ella es el rostro de la criminalización de las mujeres de escasos recursos”, expresó.
También recordó el caso de Elsy Rosales, acusada de homicidio agravado, quien fue sobreseída provisionalmente porque la Fiscalía General de la República reconoció que no había delito que perseguir. “La reciente liberación de Elsy Rosales indica que una mujer puede ser criminalizada por la penalización absoluta del aborto”, zanjó.
Catalina Martínez, del CDR, recordó que la CEDAW recomendó a El Salvador en marzo del 2017:
- Legalizar el aborto en ciertas circunstancias.
- Revisar las condenas de mujeres encarceladas y liberar si no hubo juicio justo.
- Asegurar el secreto profesional y la confidencialidad de las pacientes.
Y que el Comité de Derechos de la Niñez recomendó a El Salvador, en octubre del 2018:
- Tomar medidas para eliminar los factores que llevan a los altos porcentajes de embarazo adolescente.
- Despenalizar el aborto y asegurar su acceso como opción para las adolescentes”.
Andrea Pochack, del Ministerio Público Fiscal de Argentina, analizó que la agenda de derechos humanos no puede excluir a los derechos reproductivos. Empezó su ponencia contando la historia de una niña argentina que murió ayer. Sufría desnutrición y fue obligada a la maternidad “¿Por qué se murió? Porque no la dejaron tener un aborto, porque fue obligada a un embarazo que su cuerpo no podía asumir”, lamentó.
El foro finalizó con la presentación del Reporte Global “Voces ignoradas, experiencias de mujeres con el virus del Zika” y su informe de país, El Salvador. En este bloque, una investigadora del Centro de Derechos Reproductivos presentó experiencias de mujeres que tenían el virus y que no recibieron información estatal sobre los riesgos del embarazo si se había padecido o se padecía el Zika; así como del contagio de este virus por transmisión sexual y del síndrome congénito de microcefalía durante el embarazo.
